Convivir, integrar, codecidir

Sólo en una ocasión en 28 años de vigencia se ha modificado la Constitución de 1978. La pequeña reforma de artículo 13 (en 1992) afectó al derecho de sufragio pasivo de los extranjeros comunitarios, como exigencia del Tratado de Maastricht, admitiendo que pudieran ser candidatos a las elecciones municipales. No ha habido más modificaciones constitucionales y mientras no se realicen otras (con el clima político actual no son propicias), el voto de los extranjeros está configurado como una excepción, no en pie de igualdad, proclamándose como principio general: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23" (participación en asuntos públicos).

Hay que buscar con seriedad un consenso que permita el sufragio a los inmigrantes

Las excepciones tienen unas restricciones evidentes: primero, que se trate de elecciones municipales, excluyéndose las generales y las autonómicas; y segundo, que venga establecida tal posibilidad por tratado o ley y atienda a principios de reciprocidad.

Aunque en 1978 la realidad europea estaba lejos (no ingresaríamos hasta casi ocho años después), el artículo 13 vislumbraba la posibilidad limitada (incluso tras la ligera reforma de 1992) de apertura del sufragio de los europeos. Pero en aquel tiempo, incluso hace pocos años, la realidad actual del fenómeno emigratorio era ciencia-ficción. Parece que aunque a nuestras puertas sobreviven millones de personas en penosas condiciones, no nos podíamos imaginar que vinieran de forma masiva quienes tienen que huir de la miseria y buscar lo que allí no tienen: esperanza. Ya están aquí atraídos por nuestra prosperidad económica, por nuestros procesos de regularizaciones, por nuestra posición geográfica o lingüística y otros factores. Y van a seguir viniendo.

Junto a la falta de eficacia para controlar los flujos migratorios, la escasa coordinación con las comunidades autónomas y la clamorosa ausencia de colaboración de las instituciones europeas, hay algo esencial para tratar adecuadamente este asunto que tanto preocupa a los españoles: el rigor. Esto es contrario a la precipitación y frivolidad del Gobierno al abordar este asunto, presentando el grupo socialista una iniciativa parlamentaria para posibilitar el voto en las elecciones dentro de nueve meses y, apenas dos días después, frenando públicamente la vicepresidenta esa propuesta.

Pero ello ha suscitado un debate que es imprescindible hacer para tomar en el futuro una decisión de calado. Ojalá se oigan voces (y no gritos) que desde las diferencias aborden reflexivamente y con serenidad las ventajas e inconvenientes. Pero también creo que actualmente hay abundantes y prioritarios frentes abiertos pendientes de solucionar en el tema migratorio.

El desarrollo de una "sociedad democrática avanzada" (Preámbulo de la Constitución de 1978) requiere un permanente impulso de los valores que lo sustentan. Entre ellos, cobra especial valor el de participación. Soy decidido partidario de potenciar los cauces que hagan posible una sociedad más participativa y más abierta. Y en este sentido, está el propiciar que los que están viviendo y cotizando entre nosotros -y que ya son nosotros- puedan opinar, expresando su criterio sobre quiénes están más indicados para resolver los problemas de la sociedad -ellos también lo son- y dirigir las instituciones. Es necesario que junto a unos derechos asistenciales, llegue una generación de derechos políticos a los que habiendo venido de lejos forman parte ya de nuestra realidad. Incluso, recientemente se han publicado los datos de la más que decisiva aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la economía española en estos 10 últimos años. Si contribuyen a ello, ¿por qué dejarles fuera?

Voces respetables hablan de exigir un grado de integración previa para concederles un derecho de sufragio. Sin perjuicio de marcar la exigencia de un plazo de antigüedad de empadronamiento (y efectiva residencia), lo cierto es que la evaluación previa de la integración puede prestarse a criterios localistas que, en algún supuesto, acaso escondan planteamientos xenófobos. Pero más que la exigencia previa de integración, el derecho de sufragio a los inmigrantes sería un mecanismo efectivo de integración. Dejarles fuera, marginarles en derechos, considerarlos ciudadanos de segunda o tercera categoría o meros sujetos pasivos de lo que los nativos deciden, es un inequívoco instrumento para conseguir que no exista integración, es una garantía de más marginación y caldo de cultivo para el crecimiento de un futuro planteamiento antisistema, siendo cercanos los ejemplos en Europa.

Si no se decide abordar una reforma de la Constitución, hay que ser consciente de las limitaciones que ésta impone, pues no sólo el derecho de sufragio queda limitado a las elecciones locales, sino que mientras que unos inmigrantes podrían ejercer ese derecho, otros no. Así, emigrantes provenientes de la dictadura cubana, China u otras donde no hay elecciones, no podrían acogerse a la exigencia de reciprocidad. Por otro lado, hay países con los que existen convenios y por tanto podrían votar como es el caso de Argentina, Venezuela o Colombia. En cambio, con los dos países desde donde más nos llegan inmigrantes, Marruecos y Ecuador, no hay tratado firmado por lo que sus nacionales no podrían votar. ¿Es esto lógico? Por otra parte, no debemos desconocer que en algunos municipios el número de inmigrantes no sólo es creciente y decisivo sino ya en algunos casos es similar al potencial de votantes españoles.

Soy, pues, aún consciente de las dificultades, decidido partidario de facilitar el sufragio de los inmigrantes, incluso reformando en el futuro la Constitución para ampliar las posibilidades. Con ello, lograríamos implicar más a los inmigrantes, hacerles más miembros de la comunidad y más partícipes de los valores de convivencia democráticas. Lograríamos, en definitiva, que pueda existir una mejor integración, no desde la mera tolerancia (que implica superioridad) sino desde la igualdad (artículo 14).

Pero igualmente soy decidido partidario de que se haga un debate reflexivo, no improvisado ni descalificador, que permita la búsqueda de soluciones consensuadas de las que hoy estamos tan carentes como necesitados.

Jesús López-Medel es diputado por Madrid (PP). Vocal de la Comisión Constitucional y la de Asuntos Exteriores del Congreso. Relator de Derechos Humanos, Democracia y Ayuda Humanitaria de la OSCE.