CiU y ERC reprobarán a la consejera de Bienestar por el fracaso de las adopciones

CiU y ERC anunciaron ayer que convocarán la Diputación Permanente del Parlament para reprobar a la consejera de Bienestar y Familia, la socialista Carme Figueras. Ambas formaciones creen que Figueras ha actuado supeditada a los intereses del Gobierno central durante la crisis generada por el fiasco de las adopciones en el Congo. También se oponen a uno de sus proyectos estelares: incorporar a los ayuntamientos en la gestión de algunos equipamientos cívicos de titularidad autonómica. CiU y ERC sostienen que el Parlamento aprobó una moción que lo impide.

La reprobación en la Diputación Permanente, órgano de del Parlament en época de vacaciones y periodos electorales, prosperará porque ambas formaciones suman mayoría absoluta, en total 69 de los 135 diputados.

Felip Puig, portavoz de CiU en el Parlament, y Anna Simó, ex consejera republicana de Binestar y Familia, afirmaron ayer que en la crisis de las adopciones la consejera ha actuado supeditada al Gobierno central. Aseguraron que su actitud frente al Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido complaciente y que no ha aclarado los motivos que llevaron a la embajada española en Kinshasa a negarse a tramitar los visados para los niños que adoptaron siete familias catalanas.

Respecto a los centros cívicos, una moción de CiU que contó con el apoyo del PP y de ERC, cuando este partido ya estaba fuera del Gobierno, impide al Departamento de Bienestar y Familia alcanzar uno de los objetivos que se marcó esta legislatura y que recoge el Pacto del Tinell, firmado también por los republicanos: traspasar sus oficinas y los equipamientos cívicos a los entes locales.

Tras aprobarse la moción que impedía el traspaso, el departamento que dirige Carme Figueras ha encontrado una fórmula alternativa, que el martes aprobó el Gobierno catalán: ceder a 18 ayuntamientos la gestión de varios equipamientos -hogares de ancianos, casas de mar, hoteles de entidades y centros cívicos-, aunque la Generalitat conservará la titularidad. La izquierda ha considerado siempre esta red como un arma de CiU para penetrar en sus feudos electorales. La mayoría de estos equipamientos los promovió el convergente Antoni Comas cuando dirigió este departamento entre 1988 y 1999.

"Los socialistas se burlan del Parlament aprovechando que el Gobierno es transitorio", consideró ayer Puig. El diputado convergente Josep Lluís Clèries opinó que el proyecto de Figueras "no es una cogestión" de estos centros con los entes locales, sino "un traspaso" en toda regla.

En las filas republicanas, Anna Simó coincidió con CiU al pedir la reprobación de Figueras. Simó abogó por crear una red única de equipamientos cívicos, sea cual sea su titularidad, "como ocurre con las bibliotecas públicas".