El fiasco del Congo fuerza a la Generalitat a endurecer el control de las adopciones

Tras los problemas burocráticos que obligaron a siete familias adoptantes a permanecer en el Congo casi un mes antes de poder llegar a Cataluña con sus hijos, la Generalitat reforzará los controles en las adopciones internacionales. Carme Figueras, consejera de Bienestar y Familia, aseguró que la entonces responsable de adopciones, la republicana Rosa Maria Bertran, "impidió resolver con celeridad" la situación. La consejera lamentó que Bertran no le hubiera comunicado las dificultades que puso la embajada española en Kinshasa en la tramitación de las adopciones.

Figueras explicó ayer que no tuvo constancia del fiasco de las adopciones en el Congo hasta mediados de agosto, cuando el caso apareció en diferentes medios de comunicación. La consejera socialista lamentó que la republicana Rosa Maria Bertran no le hubiera comunicado antes la situación. "Bertan intentó resolver por sí misma los obstáculos que ponía la embajada sin comunicarlos a sus superiores", hecho que "impidió resolver la situación con mayor celeridad", consideró.

Según la consejera, la ex responsable de adopciones de la Generalitat tendría que haber paralizado el viaje de las siete familias adoptantes a la República Democrática del Congo (antiguo Zaire) y a la República del Congo a principios de agosto. Antes de su marcha, tendrían que haberse resuelto los "recelos" que expresó la embajada española hacia la Associación de Adopciones de Niños del Congo (Adic), la organización no gubernamental que tramitó las adopciones.

El secretario de Familias e Infancia de la Generalitat, Jaume Funes, añadió que a finales de julio el embajador español en los dos Congos comunicó mediante un fax a la Generalitat: "la embajada no procederá a constituir ninguna adopción" en la que participe Adic. "Se desconoce el origen y la situación real de los menores [adoptados], con lo que el riesgo de tráfico de niños es muy elevado", aseguró el diplomático, sin aportar prueba alguna de su afirmación. "Pese a estas advertencias, el proceso siguió adelante", lamentó Fures.

"No sirven las fotocopias"

Cuando llegaron al Congo, las siete familias se encontraron con la negativa de la embajada española a tramitar los visados para sus hijos adoptados. "Nos dijeron que se tenía que revisar todo el proceso", recordó ayer uno de los padres adoptivos, César Robledo. "Por cada documento oficial que nos exigía la embajada tardábamos tres días para conseguir un

duplicado. Decían que las fotocopias no servían porque podían falsificarse", expresó.

Tras permanecer en el Congo durante más de 20 días, finalmente padres e hijos consiguieron volver a España. Pero los trámites administrativos que tienen que hacer aún no han concluido.

Para evitar episodios similares, Carme Figueras anunció cambios en la estrategia de adopciones internacionales de la Generalitat. "No se tendrían que abrir procesos en nuevos países hasta que no se tengan plenas garantías de que todas las administraciones implicadas trabajarán de manera coordinada", aseguró. Funes añadió que la Generalitat "no enviará más familias adoptivas a los dos Congos" hasta que no se aclaren los problemas de documentación con la embajadas.

Para esclarecer la situación, la próxima semana los responsables del Departamento de Bienestar y Familia se reunirán con representantes de los ministerios de Exteriores y Asuntos Sociales. La consejera añadió que "se revisará a fondo" la entidad promotora de las adopciones, Adic, que era la primera vez que gestionaba adopciones, hecho que lamentó ayer Rosa Maria Bertran, que culpó de lo ocurrido al embajador en el Congo. "Me mintió, me dijo que no pondría obstáculos a las adopciones", aseguró. Lo mismo le expresó un alto cargo del Ministerio de Exteriores a finales de julio, sostuvo.

Bertran, que es militante de ERC aunque continuó en el cargo tras la salida de los independentistas de la Generalitat, desmintió ayer la versión de los hechos que dio Figueras. Aseguró que siempre informó a sus superiores de la situación, y los acusó de "negarse a pedir responsabilidades al Gobierno del PSOE".