El Constitucional rechaza dar amparo al PP contra la Mesa del Parlamento

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el PP vasco contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Vitoria de no admitir a trámite a finales de 2000 una proposición de ley popular de modificación de la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma. El PP pretendía que una prórroga presupuestaria del Ejecutivo implicase también la de las aportaciones de las tres diputaciones forales.

La prórroga de las aportaciones que las diputaciones deben realizar supondría una reducción de los recursos del Gobierno vasco. El PP presentó la propuesta en el Parlamento y los servicios jurídicos la aceptaron. Sin embargo, una vez iniciados los trámites, el Gobierno aseguró que no era posible tramitar esa proposición porque en materia presupuestaria el Reglamento de la Cámara fija una reserva absoluta a favor del Ejecutivo.

Los servicios jurídicos de la Cámara aceptaron dicha consideración, razón por la que la Mesa del Parlamento acordó el 19 de diciembre de 2000 reconsiderar su decisión anterior y no admitir la proposición de ley popular, informa Europa Press.

El portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, recurrió entonces al Constitucional en nombre de su partido. El alto tribunal ha decidido ahora rechazar esa petición de amparo recordando que "el artículo 23.2 de la Constitución no contempla un derecho fundamental de los parlamentarios al cumplimiento de la legalidad parlamentaria, sino un derecho a ejercer las facultades inherentes a su función representativa de acuerdo con lo previsto en la normativa".

La resolución considera que la autonomía parlamentaria "obliga a otorgar a los parlamentos, y significativamente, a sus órganos rectores, un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad", lo que, a juicio del alto tribunal, supone que "a la Mesa le compete verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas".

Añade que, si la Mesa del Parlamento entiende que se está vulnerando la reserva de exclusiva iniciativa presupuestaria del Gobierno, como le indicaban sus servicios jurídicos, puede rechazar una proposición de ley como la del PP, sin que ello conculque la Constitución.