Álava ha planteado la mitad de todos los asuntos dirimidos por la Comisión Arbitral

La Diputación alavesa ha promovido la mitad de todos los asuntos que ha tenido que dirimir en sus diez años de historia la Comisión Arbitral, el organismo creado en 1996 por las instituciones vascas para mediar en los conflictos de competencias entre el Gobierno y los tres ejecutivos forales. De los 20 asuntos que ha tratado, diez corresponden a Álava. Mientras que hasta 2001 la comisión apenas tuvo que ver cuatro asuntos, desde 2002 su actividad se ha multiplicado por un inusitado incremento de la litigiosidad entre el Gobierno y la Diputación alavesa, en manos del PP.

El último ejemplo de esta conflictividad es la aprobación de la ley de Suelo por el Parlamento el pasado mes de junio. Ese ha sido uno de los encontronazos más sonados entre el Ejecutivo y Álava, junto con la disputa que mantuvieron en 2003 por el control del tráfico en las carreteras, aunque en aquella batalla la Diputación alavesa contó con el respaldo de los otros dos ejecutivos forales. La resolución final de la Comisión Arbitral en el caso de la ley de Suelo, rechazando su recurso, ha terminado por desbordar el vaso de la paciencia del Gobierno foral alavés.

Su diputado de Obras Públicas y Transportes y candidato a diputado general por el PP en las elecciones de 2007, Javier de Andrés, asegura que el último fallo de la comisión ha puesto al descubierto "la trampa" para saltarse a este organismo. La comisión no entró en el fondo del recurso presentado por Álava contra el proyecto de ley de Suelo y se limitó a no admitirlo a trámite porque las impugnaciones a una ley deben plantearse en los 20 días siguientes a la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Parlamento. Y el recurso alavés llegó varios meses después de esa fecha porque el proyecto original no invadía las competencias forales, algo que se produjo a medida que se iban incorporando enmiendas en el transcurso del debate parlamentario de la ley.

"Este tipo de triquiñuelas deja la puerta abierta al Gobierno vasco para el desahucio competencial de las diputaciones", advierte con preocupación De Andrés, quien recalca que Álava aplicará el Estatuto de Gernika, que le da las competencias en materia de carreteras, en el caso de que a su vez encuentre obstáculos para ejercer sus prerrogativas por la ley de Suelo.

Dos leyes pendientes

La nueva normativa urbanística que emana de dicha ley concede a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes la potestad para decidir sobre los planes generales de ordenación urbana, con lo que localidades como Llodio o Amurrio podrían cortar o peatonalizar una travesía de propiedad foral. "No lo vamos a permitir. Se están cambiando las condiciones de la autonomía de cada provincia por la puerta de atrás", apostilla De Andrés.

Desde la llegada del PP al Gobierno foral alavés en 1999 se ha disparado la sucesión de litigios. Hasta ese momento, el hecho de que el Gobierno y las tres diputaciones estuviesen dirigidos por el mismo partido, el PNV, había atemperado la conflictividad. Una vez rota esa relación de fuerzas, el trabajo para la comisión se ha disparado, sobre todo desde 2002, copando el protagonismo el Ejecutivo autónomo y el Gobierno foral presidido por el PP. La Diputación alavesa incluso ha promovido un recurso ante el Tribunal Superior vasco sobre la legalidad de la normativa que regula la propia la Comisión Arbitral en lo relativo a que sus decisiones no son recurribles ante ningún órgano judicial. El Tribunal Constitucional admitió en 2004 la cuestión que le trasladó el Superior y aún está pendiente el fallo.

La Comisión Arbitral es una institución más importante que conocida, aunque la polémica sobre la ley de Suelo le puso los focos encima. Su funcionamiento se rige por una ley aprobada en 1994, con más de diez años de retraso sobre lo previsto. Su creación está prevista en el artículo 39 del Estatuto de Gernika de 1980, aunque el plazo comenzó a correr con la aprobación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) en 1983 y ni siquiera su puesta en marcha resultó sencilla.

No echó a andar hasta el 13 de diciembre de 1996 y se necesitaron otros dos años para que las instituciones se pusiesen de acuerdo sobre los representantes que tenían que designar. Existen dos requisitos para formar parte de este organismo: ser licenciado en Derecho y contar con una experiencia contrastada como jurista. En la actualidad, tiene pendientes de resolver dos proyectos de ley: el de Agricultura y Alimentación Ecológica y el de Bibliotecas, ambos recurridos también por la Diputación alavesa.