La Universidad pública podrá adaptarse a la LOU sin modificar sus estatutos

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, ha incorporado algunos retoques al anteproyecto presentado en junio. En el texto que se remitirá al Congreso se permite a las universidades públicas adaptar sus estatutos a la nueva reglamentación sin plazo de tiempo, aunque eso no les eximirá de cumplir lo dispuesto en la ley. No ocurre así con las universidades privadas, que tendrán dos años para rediseñar sus reglamentos, lo que les obligará a contar con la participación de sus profesores para decidir cuestiones "estrictamente" académicas.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) inicia ahora su trámite parlamentario. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto, que ha incluido algunos retoques finales que afectan, sobre todo, a la universidad privada, que queda liberada de tener que elegir a sus rectores contando con la opinión y el voto de una mayoría de profesores e investigadores. Sin embargo, la opinión de éstos sí será decisiva cuando se debatan cuestiones "estrictamente académicas". De ahí, explican en el Ministerio de Educación, la necesidad de que estos centros privados modifiquen sus estatutos en un plazo de dos años, una obligación que no tendrá la Universidad pública, aunque deberá irse adaptando a la ley a medida que entre en vigor, con modificación de estatutos o sin ella.

Algunos de estos cambios los sugirió el Consejo de Estado cuando revisó el texto legal.El proyecto de ley, en su última redacción ha eliminado también el plazo de ocho años que exigía a los titulares de escuelas universitarias para adaptar su titulación (muchos son diplomados) y poder pasar a ser titulares de universidad, puesto que su figura profesional desaparece. No habrá límite para que completen su licenciatura y doctorado.

El resto de los cambios, modificaciones sobre el texto que dejó el último Gobierno del PP, han satisfecho en general las reivindicaciones de los rectores. Las universidades gozarán de una holgada autonomía, que les permitirá elegir la forma de seleccionar a sus profesores una vez que éstos hayan acreditado sus méritos ante tribunales formados por personalidades de reconocido prestigio. Se elimina así la habilitación, unas pruebas costosas y polémicas.

Para el PP, este cambio "no garantiza la igualdad de acceso a la función docente" y advierte, como la Federación de Catedráticos de Universidad, que, con el nuevo sistema, profesores muy bien preparados no obtengan su plaza en favor de aspirantes con "vínculos" en el departamento de turno, lo que se conoce como endogamia.

Los rectores ya contestaron a estas críticas diciendo que la universidad sabría actuar con "responsabilidad" y en aras de la calidad. Para ello tendrán que rendir cuentas ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que ahora pasará a ser un organismo público.

La universidad también podrá decidir de qué forma elige a sus rectores, bien por sufragio universal, como imponía la vieja LOU, bien con los votos del claustro. "No creo que se vuelva a la elección por el claustro, al menos de forma inmediata porque es muy difícil volver atrás en procesos que ya se han puesto en marcha", opina el presidente de los rectores, Juan Vázquez.

La ley prevé la creación de estatutos que definan la carrera docente y la participación de los alumnos. Y establece una excedencia de hasta cinco años para que los investigadores puedan desarrollar sus proyectos en empresas.

Los gobiernos de las universidades deberán tener una representación "equilibrada" entre hombres y mujeres.