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Elorza y Cultura se echan mutuamente la culpa del caos de la regata donostiarra

El alcalde considera la actuación del Gobierno una "injerencia política inadmisible"

El Ayuntamiento de San Sebastián y el Departamento de Cultura se culparon ayer mutuamente del caos que se vivió el jueves en la regata de traineras clasificatoria para la Bandera de La Concha. El alcalde, Odón Elorza, elevó el tono de sus acusaciones al Ejecutivo, del que dijo que incurrió en "una injerencia política inadmisible" al tratar de "impedir por encima de una resolución judicial" la participación de Astillero en la prueba. La consejera de Cultura, Miren Azkarate, y el director de Deportes, José Ramón Garai, dependiente de su departamento, replicaron que se limitaron a comunicar que 14 remeros del club cántabro tienen pendiente de pagar una multa por negarse a pasar un control antidopaje. Ambos responsabilizaron de lo ocurrido al consistorio donostiarra como organizador de la prueba.

La regata estuvo a punto de quedar suspendida, pero tras cuatro horas de discusiones y confusión por fin arrancó con la presencia de Astillero. La polémica entre instituciones quedaba servida y el Gobierno y el Ayuntamiento donostiarra se echaron ayer a la cara la responsabilidad del caos vivido.

La consejera de Cultura aseguró que el Gobierno no tuvo la intención de "boicotear la competición", acusación que había lanzado Elorza el mismo jueves. Explicó que su departamento se limitó a comunicar a la Federación Vasca de Remo y al Centro de Atracción y Turismo (CAT) de San Sebastián, organizador director de la Bandera, que 14 remeros de Astillero, sobre los que pesa un expediente por negarse a pasar un control antidopaje el pasado septiembre, aún no han pagado las multas (99.100 euros en total) que les impuso el Ejecutivo.

"La responsabilidad de en qué situación se producen esas regatas y se pueden producir en el futuro y la responsabilidad de las decisiones que se tomen en adelante corresponden exclusivamente al CAT", apostilló.

Azkarate recalcó que, en su opinión, en aplicación de las "reglas internacionales" de la lucha contra el dopaje, los deportistas expedientados "suelen quedar fuera de la competición". Igual mensaje transmitió tanto el jueves como ayer el director de Deportes.

"Yo no dije en ningún momento que el CAT no debería inscribir a Astillero" como club; "hablé de los remeros expedientados", indicó ayer Garai. "No hay que mezclar esto con el auto judicial", resaltó el director de Deportes, quien recriminó a Elorza y al CAT que no hayan practicado "la tolerancia cero" con el dopaje.

Dicho auto permite cautelarmente el concurso de Astillero en La Concha en contra del criterio del Ayuntamiento, que no invitó al club cántabro precisamente porque estaba sancionado por el Gobierno.

Elorza interpretó la actuación del Ejecutivo como "una injerencia política inadmisible" y acusó a Garai de "pergeñar un plan para generar tensión e impedir que la prueba se celebrara debidamente". El teniente de alcalde, Ramón Etxezarreta, añadió que el Gobierno lo único que persigue es "robar" a la ciudad la organización de la Bandera de La Concha.

Tanto el alcalde como el vicepresidente del CAT, Enrique Ramos, insistieron en que no están de acuerdo con la participación de Astillero, pero enfatizaron que no les quedaba otra opción que acatar la resolución judicial. El PNV y EA culparon de lo ocurrido a Elorza, y el PP pidió que Garai deje el cargo.

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