Absueltos los directivos y médicos del grupo Uralita procesados por la muerte de ocho operarios

El juez ha absuelto a los dos directivos y los dos médicos del grupo Uralita procesa dos por el caso del amianto (muerte de ocho operarios y 29 enfermos en la fábrica Fibrocementos de Levante, en Sant Vicent del Raspeig, por inhalación de polvo del mineral). En la sentencia, el magistrado Santiago Hoyos, titular del Juzgado número 3 de Lo Penal de Alicante, cree probado que los operarios enfermaron antes de la entrada en vigor del reglamento del amianto, en 1982. Con anterioriedad, no había una normativa específica. La industria estuvo activa entre 1950 y 2003.

El fiscal pedía una pena de tres años de cárcel para cada uno de los incriminados

El pasado 17 de mayo, el fiscal Juan Carlos López Coig sentó en el banquillo de los acusados a dos directivos de la empresa, José Pérez Domené, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de Fibrocementos hasta 1984, y carmelo Blay, jefe de personal de la factoría de Sant Vicent entre 1990 y 1996; y junto a ellos, dos médicos del grupo, Alberto Clemente Corregidor y Miguel Ángel Sarabia Romero. El ministerio público, en sus conclusiones finales, solicitó para cada uno de los procesados tres años de cárcel por un delito contra la seguridad de los trabajadores, ocho delitos de homicidio por imprudencia y 29 de lesiones. El fiscal basó su acusación en "que no se realizaron los preceptivos recocimientos médicos o, bien que éstos se efectuaron de forma negligente y, además, se ocultó información a los operarios".

Ayer, el magistrado Hoyos leyó en primera persona el fallo de la sentencia, que tras 100 folios de argumentación, absuelve a los cuatro procesados. "Conocida la causa [exposición prolongada a la inhalación de polvo de amianto] que produjo tan graves consecuencias para la vida y la salud de las víctimas sin relación con la actividad profesional desarrollada por ninguno de los de los acusados en el desempeño de sus respectivas actividades en la empresa, es obligado excluir la responsabilidad criminal de los acusados", concluye la sentencia.

En el apartado de fundamentos jurídicos, el magistrado resalta tres cuestiones: primero la ausencia de una reglamentación específica sobre las condiciones laborales en los centros donde se manipulaba ese mineral hasta 1982, cuando entró en vigor el reglamento del amianto; segundo, el largo período de la latencia de esa enfermedad laboral, la asbestosis (afecciones pulmonares en distinto grado), de 28 y 29 años de media en el caso de los operarios de la planta de Sant Vicent del Raspeig; y tercero que ha quedado probado que no aparece ningún trabajador con enfermedades asbestósicas que hubiera ingresado en la fábrica después de 1982.

El magistrado subraya que la causa conocida de la contracción de esta grave enfermedad "es la masiva y prolongada exposición al amianto que sufrieron los trabajadores en tiempos anteriores a la publicación de las primeras reglamentaciones oficiales sobre trabajos con amianto (1982)". El juez también cree que ha quedado probado, en base a los informes de los técnicos del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que los trabajadores, con anterioridad a la reglamentación, "sufrieron una exposición muy alta del mineral". No obstante, el dato de que, tras la entrada en vigor del reglamento, no se hubiera producido ningún otro caso, le lleva a concluir que la fábrica adoptó las medidas de prevención correctas, tanto en el apartado medioambiental (límites de exposición al polvo de amianto en los parámetros recomendados), como en el control médico a los trabajadores.

La sentencia rechaza el testimonio de algunos de los operarios que declararon en el juicio sobre el incumplimiento de determinados apartados del reglamento del amianto y falta de información sobre los reconocimientos médicos. "La empresa, como ha quedado demostrado, daba un cumplimiento adecuado, incluso escrupuloso, de las principales normas referentes a seguridad en el trabajo, en el período de tiempo que puede considerarse a efectos de este delito, que como ya se adelantó al tema de la prescripción, debe partir necesariamente desde la fecha en la que se incorporó y tuvo vigencia este delito en el código penal de 1973 (17 de julio de 1983)", dice la sentencia. "La prueba deja también a la luz que se les proporcionaba a los trabajadores medios y equipos de protección individual (masacarillas, botas y ropa de trabajo adecuadas)" añade.

Por lo que se refiere a los reconocimientos médicos, la sentencia asegura que éstos fueron correctos a partir de 1982, "aunque en el período anterior a 1982 sí hubo años en en los que no se practicaron reconocimientos a toda la plantilla, y otros también en los que no hubo ningún reconocimiento médico, pero no tenían éstos carácter obligatorio".