AENA pagará 300 euros a cada pasajero que perdió su vuelo por el conflicto de El Prat

El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo para adelantar las indemnizaciones a los afectados por el cierre del aeropuerto de Barcelona el pasado 28 de julio. El cierre se produjo al invadir las pistas un grupo de trabajadores de tierra del aeropuerto, debido a una protesta laboral, y trajo como consecuencia la anulación de unos 800 vuelos y el retraso de varias decenas. El Gobierno aprobará hoy que AENA adelante las indemnizaciones a los afectados por la huelga ilegal, que rondarán entre 15 y 20 millones de euros, y posteriormente cobrará la factura a Iberia.

El acuerdo precisará el compromiso del Gobierno de adelantar una indemnización de 300 euros a cada afectado que se le canceló el vuelo y de otros 100 euros a quienes les extraviaron el equipaje o se les retrasó la salida de su avión a causa de los incidentes, siempre que puedan demostrarlo. A cambio, los afectados cederán al Ministerio de Fomento su representación legal en la reclamación administrativa para que el ministerio reclame luego a "las personas o entidades responsables de los daños".

Con esta decisión, el Consejo de Ministros cumple el compromiso alcanzado por la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del pasado 10 de agosto, celebrada 10 días después de los incidentes.

En dicha sesión, Álvarez se comprometió, en nombre del Ministerio de Fomento, a hacerse cargo de los derechos de los afectados y a adelantar las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por la anulación o retraso de los vuelos y el extravío de equipajes, debido a la ocupación de las pistas por parte de un grupo de trabajadores de tierra de Iberia el 28 de julio. También anunció la incoación de un expediente administrativo sancionador contra Iberia por una infracción grave en la seguridad aérea.

Según una nota que AENA publicó ayer, el Ministerio de Fomento ha tramitado ya un total de 20.263 reclamaciones a través del dispositivo especial que puso en marcha el pasado uno de agosto para indemnizar a los ciudadanos afectados por la huelga ilegal de los trabajadores de tierra de Iberia. Pero la cifra puede aumentar aún en varios miles de afectados más. Fuentes de esta compañía explicaron ayer que analizarán las posibles bases jurídicas de esta decisión para recurrirla, en su caso.

La decisión que hoy aprobará el Consejo de Ministros suscitó un animado debate en la comisión de subsecretarios del miércoles, preparatoria de las reuniones del Gobierno. Algunos de los asistentes alegaron que el compromiso de la ministra de Fomento, que hoy respaldará el Consejo de Ministros, puede abrir un precedente que otros afectados puedan esgrimir ante otros acontecimientos.

A fin de cuentas, la empresa responsable de los sucesos del aeropuerto del Prat, Iberia, es privada, y aunque finalmente cargue con los costes de las indemnizaciones, el adelanto de las mismas a los afectados por parte de la Administración pública podría interpretarse como la asunción de la responsabilidad de lo sucedido por parte de ésta, alegan quienes contemplan con recelo esta decisión de Fomento.

El 28 de julio, unos 200 trabajadores del servicio de tierra de la compañía Iberia ocuparon por sorpresas una de las pistas del aeropuerto barcelonés del Prat. Protestaban porque el servicio de handling, que Iberia presta en dicho aeropuerto, había sido adjudicado a otras empresas. Una parte de los trabajadores temió una pérdida inminente de puestos de trabajo y decidió iniciar una huelga ilegal.

En primer lugar, dejaron de funcionar las cintas de traslado de equipajes y, finalmente, decidieron ocupar las pistas y detener el tráfico aéreo. El día 29 de julio, el aeropuerto tuvo que cancelar o desviar 560 vuelo y unos 100.000 pasajeros se vieron afectados por los acontecimientos. Iberia anunció la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de Barcelona y los problemas afectaron a otros, especialmente, a Valencia y Madrid-Barajas.