Camps abre el curso político rodeado de cargos del PP imputados por corrupción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, abrió ayer el curso político con un almuerzo en Torrevieja rodeado de alcaldes y concejales de esa formación imputados o denunciados por supuesta corrupción. Camps compartió mesa y mantel con los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, Pedro Hernández Mateo y José Manuel Medina, investigados por delitos urbanísticos, y los ediles de Sanidad y Seguridad del primer municipio. Éstos llegaron al restaurante desde el juzgado, tras declarar como imputados por las supuestas torturas de la Policía Local.

El respaldo público de Camps a los cargos del PP inmersos en investigaciones judiciales se produjo en el marco de la tradicional comida de apertura de curso con su homólogo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Al ágape le precedió un acto institucional entre ambos presidentes en San Pedro del Pinatar (Murcia), en el que reiteraron sus quejas por el abandono en que, según ellos, el Gobierno ha sumido a sus dos comunidades en materia de agua e inmigración.

En ese escenario, Camps opinó sobre los dos últimos episodios judiciales que afectan su partido. Sobre el caso de las torturas de policías de Torrevieja a arrestados se limitó a expresar su "confianza" en la Justicia. Pero sobre la imputación del alcalde de Orihuela por uso de bienes de promotores a los que adjudicó programas urbanísticos, dio un paso adelante: "Tomaré la decisión que habrá que tomar y seguro que coincide con lo que ustedes [los periodistas] piensan", aseguró.

El escenario del almuerzo fue el restaurante con vistas al mar del hotel Masa Internacional, propiedad del promotor Justo Quesada, uno de los responsables de la tremenda expansión urbanística de Torrevieja en los ochenta. Entre el centenar de invitados (alcaldes y concejales del PP del sur de Alicante y norte de Murcia) destacaron el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, imputado por un delito urbanístico; los concejales de Alicante Sonia Castedo y Luis Concepción, denunciados por la Fiscalía Anticorrupción junto al alcalde, Luis Díaz Alperi, por supuestos favores al promotor Enrique Ortiz; y los ediles de Sanidad y Seguridad del PP de Torrevieja, Hipólito Caro y Pedro Valero, imputados en el caso de las torturas a detenidos por parte de la Policía Local, en la que también están implicados 12 agentes.

Del juzgado al restaurante

Estos últimos llegaron al restaurante una hora después de salir del Palacio de Justicia de Torrevieja, donde declararon por espacio de dos horas ante la titular del juzgado de Instrucción número 2, Juana López, que los mantuvo como imputados tras su comparecencia, según fuentes judiciales. La Guardia Civil considera que Caro, médico de profesión, falseó partes médicos de agentes con la intención de alterar pruebas, según fuentes policiales.

El edil de Seguridad y Tráfico, Pedro Valero, responsable político de la Policía Local, tiene su despacho en las dependencias del cuerpo. A su salida del juzgado, el concejal aseguró que desconocía la existencia de los supuestos malos tratos de los agentes y que sólo supo de ellos a través de la prensa. "Todo se debe a un error", aseguró.

Entre concejales y policías son ya 14 los imputados que han pasado por el despacho de la juez, que investiga los presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de denunciar delitos, falsedad documental y contra la administración pública.

Fuentes de la investigación aseguraron que hoy se producirá una nueva comparecencia. La persona citada declarará en calidad de testigo y, según esas mismas fuentes, su testimonio guarda relación con presuntas contrataciones irregulares en la Policía Local.