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Burriel acusa al PP de permitir a los ricos saltarse la ley al tolerar las construcciones irregulares si pagan multas

El secretario de Territorio y Vivienda del PSPV, Eugenio Burriel, acusó ayer al PP de propagar un urbanismo de clases al permitir a los ricos saltarse la legalidad pagando multas y dejando prescribir la demolición de las construcciones ilegales. "Están haciendo que la legalidad se compre. El que tiene dinero paga por no respetar la ley, y el que no tiene los mismos recursos se ve obligado a hacer cumplir lo ordenado en el planeamiento", manifestó. Burriel se refirió así al procedimiento que utiliza el Ayuntamiento de Benidorm, del PP, que permite normalizar infracciones urbanísticas con el pago de multas y después no ejecuta la orden de demolición de las construcciones sin licencia, una práctica extendida en la ciudad y "heredada", según el edil de Urbanismo benidormense, Manuel Agüera, de anteriores gobiernos locales.

Burriel acusó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de ser "cómplice" de este "urbanismo salvaje y al margen de la ley, que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría", y matizó que el caso de Benidorm no es aislado, sino "una muestra de lo que el PP entiende por respeto al territorio". En este contexto, citó casos como los de Orihuela, donde "se ha dejado edificar en suelo no urbanizable", Castalla, con "500 viviendas ilegales en construcción", Alicante o La Vila Joiosa, "donde la multa para legalizar la infracción es menor que la propia infracción".

El PSPV de Benidorm denunció el martes que altos cargos del PP habían sido sancionados por infracciones urbanísticas y que el alcalde mantenía los expedientes paralizados para que prescriban. Entre los sancionados figura el Hotel Cimbel, propiedad del primer teniente de alcalde, Salvador Moll, por ampliar el comedor de manera ilegal, y una vivienda de la familia de la consejera de Cooperación y presidenta del PP benidormense, Gema Amor. Fuentes del departamento de Urbanismo aseguraron ayer que el expediente del Hotel Cimbel no ha prescrito y aseguraron que la sanción de 400.000 euros sigue su curso y deberá ser abonada, aunque admitieron que cuando Moll la pague es poco probable que se le obligue a derruir la obra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de agosto de 2006