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El urbanismo desata una crisis en el PP de Burriana y obliga a Fabra a intervenir

El temor a que la redacción del PGOU se supedite a un PAI hace estallar las discrepancias

María Fabra

La crisis del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la localidad castellonense de Burriana ha obligado a la intervención directa de la dirección provincial del partido. Las últimas decisiones adoptadas, a iniciativa del alcalde, Alfonso Ferrada, sobre el urbanismo municipal, han provocado que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, decida intervenir directamente en la crisis abierta en el equipo de gobierno, cuando sólo faltan a nueve meses de las próximas elecciones municipales. Fabra se desplazará hoy a Burriana para ver cuál es el apoyo del alcalde.

El presidente provincial del PP de Castellón viajará a Burriana para mantener una reunión con el equipo de gobierno y calibrar las fuerzas y el apoyo con el que todavía cuenta Ferrada, quien, además, es secretario de comunicación de la ejecutiva regional que dirige el presidente del PP y presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Pese a que las voces discordantes dentro de su equipo de gobierno aún no se dejan oír de forma clara, son varios los concejales que discrepan de las decisiones que impulsa su alcalde, sobre todo, en temas relacionados con el urbanismo.

La única edil que, en ocasiones, ha mostrado su oposición a las formas y decisiones de Ferrada ha sido la responsable del área de Comercio, Mariola Aguilera, quien llegó a abandonar una reunión de la junta de gobierno después de que el alcalde se negara a informar sobre temas urbanísticos. Con la reunión de hoy, Fabra tratará de imponer la calma entre los miembros del equipo de gobierno local y de exigir definición y argumentos a favor o en contra sobre los programas que, en muchos casos, la alcaldía ha paralizado. El intento del presidente provincial del PP cuenta además con el inconveniente de la posible sustitución del hasta ahora candidato a la alcaldía de Burriana, Alfonso Ferrada, para los próximos comicios.

La posición del máximo responsable de la política municipal de Burriana no sólo ha provocado el malestar de los vecinos afectados por la presentación de Programas de Actuación Integrada (PAI), sino que hasta los propios promotores y constructores han manifestado, en más de una ocasión, su malestar por las decisiones, aparentemente arbitrarias, de Alfonso Ferrada.

En cualquier caso, la gota que parece haber colmado el vaso se centra en una iniciativa que va más allá de la aprobación, tramitación o paralización (como ha ocurrido en otros casos) del desarrollo urbanístico de un área concreta, ya que se refiere a la redacción del concierto previo para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que ha de plasmar las bases del modelo de ciudad que el Ayuntamiento pretende para los próximos años. Aun así, la decisión está vinculada a un PAI, el llamado Pedrera-Port, con el que se pretende la urbanización de más de 700.000 metros cuadrados.

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La polémica comenzó cuando se iniciaron los trámites para la adjudicación de los servicios de redacción del concierto previo al plan municipal. De hecho, el PP ha decidido, de momento, suspender la decisión tomada por la que decidieron contratar para la elaboración de las normas urbanísticas a un técnico que ha participado en la redacción del mencionado PAI.

Pese a que el PP convocó un concurso para la adjudicación de la redacción del documento municipal, las dudas no sólo se centraron en la posible irregularidad que supone la contratación de una persona que forma parte de un equipo con un PAI que aún no se ha aprobado definitivamente. Tal como admitieron los técnicos municipales, este arquitecto mantuvo reuniones en el Ayuntamiento en las que se trató sobre las bases que deben regir el concierto previo. Estos encuentros, según indicaron los técnicos ante la oposición, y después de que lo negara el máximo responsable del equipo de gobierno, tuvieron lugar antes de que se decidiera su contratación como redactor del documento municipal.

La "coincidencia" con el redactor del PAI Pedrera Port está precedida de la irregular tramitación del programa que defendía en nombre de la mercantil Corporación Inmobiliaria Albia, SA. Alfonso Ferrada adjudicó provisionalmente este desarrollo urbanístico, en una franja próxima a la costa, pese a que el informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, era contrario a dicha adjudicación. El alcalde se basó en su informe externo después de desestimar un proyecto anterior presentado por la competencia.

Este proyecto estuvo paralizado durante más de un año sin que Ferrada llegara a someterlo a debate ante el pleno de la Corporación. Su promotor, Manuel Ramos denunció que, mientras su alternativa era paralizada, otro empresario, Carlos Esteve Herrero, estaba adquiriendo terrenos en el área a desarrollar a través de tres empresas: la castellonense Gruines; Cillebesa, domiciliada en Madrid; y la bilbaína Corporación Inmobiliaria Albia. Según Ramos, entre enero y julio de 2005, estas tres empresas adquirieron 63.601 metros cuadrados y el mismo día de la última adquisición, Albia presentó el PAI Pedrera Port ante el Ayuntamiento de Burriana.

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