La gestora marbellí suspende las oposiciones a la Policía Local por supuestas filtraciones

La comisión gestora de Marbella decidió ayer suspender de manera cautelar el concurso oposición para cubrir 58 plazas de agentes de la Policía Local, después de que un aspirante denunciara ante el tribunal de oposición y por escrito al ex jefe del cuerpo, Rafael del Pozo, por filtrarle un examen. "Existen indicios racionales de una posible filtración de la prueba teórico práctica prevista en la convocatoria", aseguró ayer el presidente Diego Martín Reyes, que remitirá a los juzgados las pruebas sobre presuntas irregularidades en el proceso selectivo.

La decisión de la gestora, que afecta a unos 500 aspirantes, ha venido motivada por la consistencia del testimonio del principal denunciante, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en Marbella, que firmó la denuncia junto a su hijo, opositor a las pruebas de la Policía Local. "Tiene toda la fuerza y es fundamental que el testimonio sea de un policía", confió uno de los vocales del tribunal de oposición.

Tres aspirantes al concurso oposición denunciaron a Del Pozo verbalmente ante el tribunal calificador, pero sólo uno de ellos realizó la denuncia por escrito y aportó un disquete que supuestamente le facilitó el ex superintendente de la Policía Local. Las pruebas buscaban cubrir 58 plazas, 47 correspondientes a nuevas incorporaciones y once destinadas a agentes de otros municipios con más de cinco años de antigüedad.

La gestora abrirá un expediente de revisión de las pruebas, lo que implica que el tribunal calificador de las oposiciones atenderá las reclamaciones de cualquier opositor que haya participado en las pruebas, a la espera de una resolución definitiva. Además, el tribunal revisará de oficio el examen teórico-práctico, compuesto por una prueba tipo test con cien preguntas y un supuesto práctico.

Tras culminar el expediente con las nuevas aportaciones, éste será enviado al Consejo Consultivo para que emita un informe vinculante que dictaminará si es necesaria la repetición de las pruebas, previsiblemente antes de las próximas navidades. Mientras que el juzgado analizará las supuestas filtraciones desde el punto de vista penal, el Consejo Consultivo estudiará las presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo.

Tras publicarse la convocatoria en diciembre de 2003, al primer examen concurrieron unos 500 aspirantes en noviembre de 2004, y finalmente opositaron al examen teórico-práctico unos 150 aspirantes en unas oposiciones que han sufrido constantes retrasos.

Preguntas y respuestas

El supuesto fraude sucedió en este último examen a finales de julio de 2005, cuando el ex superintendente, actualmente de baja por depresión e imputado en la operación Malaya por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, encubrimiento y prevaricación, le entregó a un aspirante la explicación del supuesto práctico del examen y su respuesta, según el relato del opositor.

Junto a Del Pozo, del tribunal de oposición formaron parte como presidenta la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, encarcelada desde el pasado 29 de marzo, y como vocales el ex concejal José Luis Fernández Garrosa, también encarcelado; el ex concejal andalucista Carlos Fernández, en busca y captura por la Policía; el representante de la Junta de Personal del Ayuntamiento, Andrés Ortiz; y José Manuel Jiménez como representante de la Junta de Andalucía, además del ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes, imputado asimismo por tráfico de influencias y prevaricación.

"Es la resolución que esperábamos todos tras las pruebas obtenidas, aunque aún restan las oposiciones a oficiales que estuvieron presididas por el mismo tribunal", recordó ayer Santiago Montero, del Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), que representa a 140 de los 350 agentes que forman el cuerpo. El pasado mes de enero, en las pruebas para cubrir cuatro plazas de oficiales de la Policía Local, seis agentes adscritos a STAL hicieron acto de presencia y a continuación abandonaron las pruebas como acto de protesta, porque éstas no ofrecían las garantías suficientes, según el sindicato.

Martín Reyes insistió ayer en tranquilizar a los agentes interinos que podrían superar el tope de edad tras este retraso: "Velaremos por el cumplimiento de las garantías de los derechos que puedan corresponder a los opositores en este proceso selectivo".