La comisión se presentará como acusación en 28 procedimientos judiciales contra Muñoz y Del Nido

La comisión gestora de Marbella se personará como acusación particular en 28 procedimientos penales derivados de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde Julián Muñoz y su abogado José María del Nido el pasado julio. El objetivo de la gestora es exigir las compensaciones económicas pertinentes. "Los procedimientos tienen su origen en un ofrecimiento de acciones por parte del juzgado al considerar que el Ayuntamiento puede estar perjudicado en dichos casos", aclaró ayer el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se refiere a los servicios de asistencia jurídica prestados por Del Nido al Ayuntamiento cuando era alcalde Julián Muñoz. El presidente del Sevilla F.C. llegó a facturar al ayuntamiento hasta 6,7 millones de euros entre 1999 y 2003. La querella especificaba que hay "abundantes y evidentes indicios" de que Muñoz y su abogado llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que "en ningún caso justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".

Tras las estimaciones de la Fiscalía sobre estos abultados importes, la gestora está empeñada en recuperar parte de la cuantía desembolsada a modo de indemnizaciones. "Para lograr una mayor operatividad, la querella se ha desglosado por asuntos", especificó Martín Reyes, quien aclaró que en los procesos penales están involucradas otras personas vinculadas a gobiernos municipales de anteriores corporaciones.

Por otra parte, el pleno de la comisión gestora acordó ayer por unanimidad desistir de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo presentados por la anterior corporación en un total de 47 procesos, así como desistir del establecimiento de recursos ante el contencioso administrativo en 153 procesos en fase de primera instancia o de apelación sobre licencias de obra impugnadas en los tribunales. "Se trata de no defender licencias que o bien estamos estudiando nosotros mismos o tienen poca defensa", explicó Martín Reyes. A continuación, el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, matizó: "La gestora pretende desvincularse de procesos judiciales sostenidos por la anterior corporación y cuyos recursos carecen de todo fundamento".