La desmesura de Vicent

¿Cómo es posible que una manifestación a la que no acuden más de cuarenta personas amenace con colapsar un municipio y desate una cruenta tormenta política? Aunque pueda parecer absurdo, la receta es bien sencilla: cójase una comunidad de vecinos cabreada con un concejal, de Urbanismo para más señas, al que el Ayuntamiento le ha concedido una licencia de obras de dudosa legitimidad. Añádase una buena dosis de hostilidad entre el Consistorio en cuestión, gestionado por el PP, y la Subdelegación del Gobierno en la provincia, que resulta que es del PSPV. Para completar el cóctel sólo hará falta asegurarse de que ninguna de las partes en conflicto mueva un dedo por intentar resolverlo a las buenas.

El vecindario acusa al gobierno local de intentar enfrentarlo con los comerciantes

A priori, la protesta no tenía visos de pasar a la historia, ni por su magnitud ni por sus consecuencias. La comunidad de propietarios del edificio Residencial del Mar 12, ubicado cerca de la playa de El Campello (L'Alacantí), viene manifestándose cada miércoles ante la sede del Ayuntamiento porque entiende que la licencia de obras concedida a siete locales comerciales situados en el inmueble para que puedan abrir puertas que den al patio interior es irregular. Pero da la casualidad de que una de las empresas beneficiarias pertenece al concejal de Urbanismo, Vicent Rubio, y otra es propiedad de su madre. Los afectados se quejan de que el Consistorio autorizó las obras pese a que un informe de un técnico municipal advertía de que los trabajos, al afectar a espacios de titularidad colectiva, debían contar con la aprobación de la comunidad de vecinos. El gobierno local, por contra, defiende que la licencia es legal.

La protesta de ayer fue distinta a las anteriores. Los vecinos recorrieron varias calles a bordo de una quincena de coches para llamar la atención de lugareños y veraneantes y denunciar megáfono en mano el "presunto trato de favor" del que, según aseguran, está disfrutando el edil Rubio. El pasado 17 de agosto, la Subdelegación del Gobierno autorizó la marcha. Y al Ayuntamiento, por lo visto, no le sentó nada bien. Los responsables municipales emitieron un comunicado en el que tildaban la caravana automovilística de "ilegal", asegurando que el permiso se había otorgado sin cumplir los plazos establecidos, un extremo desmentido por la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu. Además, alertaron de que la protesta era "desmesurada y desproporcionada", ya que podría "paralizar por completo el municipio al tratarse de un día de gran intensidad de tráfico y de movimiento de turistas", así como perjudicar al comercio local. El portavoz del PP, Juan José Berenguer, fue aún más contundente y definió así la caravana en declaraciones a una radio local: "No sé si tacharla de terrorismo dirigido".

Al final, el león no fue tan fiero como lo pintaban. Fuentes municipales informaron al término de la marcha de que el tráfico en la zona apenas se había alterado. Los coches circularon a unos 20 kilómetros por hora sin mayores incidentes acompañados por vehículos de la policía y de la Guardia Civil.

Visto lo visto, el presidente de la comunidad de vecinos, Jesús Gil, mostró su perplejidad por la furibunda reacción del Ayuntamiento. "Parece que intentan crear alarma social y echarnos encima a los comerciantes, cuando un domingo a esas horas sólo hay abiertas dos tiendas. Total,por una caravana que ni tan sólo va a cortar el tráfico", subrayó Gil, que comparó la actitud municipal con la de un "cacique de pueblo". En este sentido, la comunidad considera que Rubio ha amenazado con interponer una querella para lograr que los vecinos se asusten y se les vaya quitando la costumbre de organizar manifestaciones.

La trayectoria política de Rubio también tiene su miga. Como edil del Bloc, formó parte de un gobierno de coalición con el PSPV. Pero en 2004 decidió cambiar de bando y apoyó la moción de censura que arrebató la alcaldía a los socialistas en beneficio del PP. El color político del Ayuntamiento cambió, pero las competencias de Rubio, ya como edil del Grupo Mixto tras su expulsión del Bloc, siguieron siendo las mismas: concejal de Urbanismo.