"Lo siento, usted no existe"

El despacho está justo encima del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Sobre la mesa se alzan torres de carpetas marrones, y más en el armario, y en la otra mesa... El inspector de policía abre una por una. En todas hay una foto de un extranjero indocumentado. Una foto, una orden de expulsión, una partida de nacimiento falsa, una hoja con sus datos personales... y cualquier papel aportado que pueda acreditar su identidad. El inspector, a tenor de esos documentos e interpretando el reglamento de la Ley de Extranjería, debe dilucidar si esa persona es quien dice ser y, en consecuencia, si se le puede atribuir una filiación.

Decide así si esa persona puede existir (legalmente) en la sociedad española. Ni más, ni menos. Simplemente si puede tener una identidad, ser alguien de cara a la sociedad más allá de un ser humano completo, y no quedar en cualquier especie de limbo.

Red Acoge: "No tiene sentido acogerlos y dejarlos sin salidas legales 15 días después"

"Aquí acaban recalando todos aquellos que llegan en pateras y cayucos. Concedo unas 1.000 cédulas al año. Pero al principio, cuando llegué a este departamento hace tres años, denegaba miles", explica el inspector. "A estos morenitos casi nunca se la puedo otorgar porque vienen con un expediente de expulsión bajo el brazo y el reglamento es muy claro a ese respecto (Art. 107). Sin embargo, en otros casos, la ley es poco explícita en cuanto a los mínimos documentos exigibles, y he tenido que inventar un protocolo". Y otras veces, pide que se acrediten cosas como "razones excepcionales de índole humanitaria"... "Y yo me pregunto '¿cómo se acredita eso? y después pienso: 'y si le pasa algo después a ese indocumentado, le decimos: 'lo siento, usted no existe. Es un trozo de carne con ojos."

Mustafá Fall, 18 años, y Mustafá Ndou, 25, se conocieron hace cuatro días en un hostal de Madrid. Son senegaleses y, antes y por separado, pasaron ocho y nueve días de travesía en un cayuco. Luego más de 20 días en un centro de internamiento de Canarias. Después les subieron a un avión con destino Madrid con otras decenas de personas en su misma situación, luego en un coche de policía que les condujo hasta el centro de internamiento de Aluche, les dieron un bocadillo y les tomaron los datos para entregarles un expediente de expulsión. Fueron recogidos allí mismo por miembros de la Cruz Roja y conducidos a uno de los centros de la ONG. Llamaron a sus familiares en Dakar para decir que estaban bien, volvieron a contar su historia a las personas de Cruz Roja, intentaron contactar con alguno de sus conocidos en la península y, finalmente, acabaron hospedados en el mismo hostal madrileño, donde podrán permanecer un máximo de tres meses (aunque lo normal son menos de 15 días), mientras se reúnen con algún conocido y emprenden su personal e individual vuelo al limbo. Un protocolo de actuación muy similar se lleva a cabo en Cataluña, donde este año han sido trasladados 832 inmigrantes desde Canarias, con la diferencia de que las ONG les acompañan desde el mismo aeropuerto de El Prat, informa Jesús García.

Fall y Ndou se sienten triunfantes por haber llegado y agradecen, en perfecto francés, el trato recibido por la Administración española. No tienen ni idea de que el expediente de expulsión que les abrieron les imposibilita para existir legalmente en España, por contundente y real que sea su presencia.

No llegan a entender que la ausencia de papeles, con la que han vivido toda su vida en Senegal, les impide aquí acceder a un permiso de residencia y a un trabajo regular y les condena a vivir al margen, a engrosar la bolsa de irregulares en España.

"No, no tengo pasaporte. En mi país eso cuesta dinero y no me lo podía pagar.Yo quiero trabajar. He venido a trabajar. En los campos o en las fábricas", dice Fall con una tímida sonrisa. Está pendiente de que le conteste un amigo que vive en Madrid para irse a su casa y empezar su nueva vida. Ndou, en cambio, se irá pronto a Tarragona, en cuanto los responsables de Cruz Roja comprueben que efectivamente allí le espera un familiar.

"No podemos expulsarles porque sus países no aceptan la devolución y tampoco podemos retenerles más de 40 días. De hecho, no es conveniente agotar el tiempo de retención establecido por la ley porque quizá podamos demostrar su lugar de origen más adelante y detenerlos para devolverlos a su país. Si agoto todos los días me condeno a no poder retenerlos nunca más", explica un agente de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, que invierte toda clase de medios, humanos y materiales, propios y de otras comisarias, en los traslados diarios de inmigrantes.

El resultado es que las aproximadamente 11.000 personas que, en lo que va de año, han sido trasladadas a la península desde Canarias (6.500 a Madrid), según los datos facilitados por la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, vivirán en una especie de limbo en nuestro país mientras no se arbitren medidas para integrarlos o devolverlos de alguna manera. Porque desintegrarse no se van a desintegrar. "Yo me voy a quedar aquí", afirma con la rotundidad de su presencia Fall, después de conocer todas las dificultades.

Algunas organizaciones como la Red Acoge, desde hace años dedicada exclusivamente a los inmigrantes con 26 delegaciones en toda España, se han desmarcado de este dispositivo de acogida del Gobierno, por considerar que es insuficiente e incoherente.

"No me parece lógico acoger durante 15 días a un extranjero indocumentado, atenderle y luego dejarle ir sabiendo que no tiene salidas legales y que tiene las puertas de la integración cerradas. Así se lo hicimos saber a la secretaria de Estado cuando se solicitó nuestra ayuda a principios de año", comenta Sonia Rodríguez, presidenta de la organización. "No es que pidamos papeles para todos, pero no se puede condenar a una persona a la marginalidad, dejarle expuesto a todo tipo de abusos por parte de mafias que quieran venderles papeles falsos o explotarlos laboralmente. Atendemos a todo el que llama a nuestras puertas pero no hemos querido participar en este proyecto concreto porque no nos parece una solución", agrega.

Otras organizaciones, como Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem), reconocen esos problemas pero consideran que, una vez aquí, hay que darles una asistencia humanitaria básica y por eso, aseguran, colaboran en el dispositivo financiado por Trabajo.

Entre tanto, representantes del Gobierno y de las Fuerzas de Seguridad del Estado tratan, por tercera vez en los últimos cuatro meses, de establecer acuerdos con los países de origen (Senegal, Mauritania, Guinea...) para taponar las salidas en las costas africanas y parar este incesante trasvase de personas.