La caída de la viga del metro de Sevilla puede sancionarse con hasta 20.000 euros

La Consejería de Obras Públicas tiene claro que las responsables de la caída de una viga sobre la autovía SE-30, el pasado miércoles, en la construcción de un paso elevado de la línea 1 del metro de Sevilla son las empresas concesionarias. La titular de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, anunció un día después que esperará a los resultados de una auditoría sobre el análisis de riegos en la obra que hicieron las empresas para recurrir al "ordenamiento jurídico". Pero lo que sí puede hacer ya la Consejería es activar alguna de las cláusulas administrativas del contrato de concesión, que prevé sanciones de hasta 20.000 euros por infracciones graves.

En su comparecencia ante la prensa, Gutiérrez subrayó que Ferrocarriles Andaluces, el ente autonómico que supervisa las obras, siempre añadía en sus comunicaciones "la instrucción de extremar y primar su atención en materia de seguridad (...), con particular intensidad en aquellas actuaciones que pudieran afectar a la seguridad e integridad física de personas y edificaciones". La caída de la viga sobre una autovía por un fallo técnico en el proceso de colocación (que es la causa apuntada por las propias empresas) puede ser considerada por la Junta una vulneración evidente de esa instrucción.

Precisamente, el contrato de concesión de la línea 1 del metro de Sevilla considera que las empresas pueden incurrir en una infracción grave si ejecutan obras "incumpliendo las indicaciones del representante de la Administración", sobre todo cuando ese incumplimiento afecte "a la calidad del resultado de la obra construida o la seguridad de la relación". El contrato establece que, en caso de infracciones graves, la Administración puede iniciar de oficio un expediente instructor, que puede resolverse con una multa de 5.000 a 20.000 euros.

El pliego de cláusulas administrativas del contrato de concesión también deja claro en varias ocasiones que la sociedad concesionaria (encabezada por las constructoras Dragados, Saycr y GEA 21) es "responsable de la ejecución y conservación de las obras y de los defectos que en ellas pudiesen advertirse", así como de "todos los daños directos o indirectos que se produzcan como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato".

Los supuestos en los que es posible que la Junte anule (previa compensación) su relación contractual con las empresas o el rescate de la concesión también están contemplados en el contrato. En los últimos días, la oposición ha reclamado reiteradamente a la Junta que se plantee la posibilidad de revisar el contrato con las empresas concesionarias, no sólo por el accidente de esta semana, sino sobre todo por el retraso en los tramos que tiene que excavar la tuneladora. Hasta ahora, Gutiérrez ha rechazado esa posibilidad por lo que supondría de dilación en la construcción del metro, aunque sí ha puntualizado que parte del retraso total de la obra (se calcula que dos años sobre la fecha inicial de junio de 2006) es achacable a las empresas.

El retraso en las obras es uno de los supuestos que permite a la Junta resolver el contrato, con la consiguiente indemnización a las empresas. Y si no se opta por anular el contrato, hay un régimen específico de sanciones: 85.600 euros por cada día de retraso respecto al plazo fijado en el proyecto constructivo.