La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a 200.000 militares y guardias civiles

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que protege el derecho a la seguridad y la salud de los trabajadores, se aplicará a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 125.000 y 73.000, respectivamente. El PSOE ha propuesto a los demás grupos la modificación de la ley vigente desde 1995, que excluye de su protección al personal militar, para incluirlos en todas sus actividades salvo aquellas específicas que lo impidan. Se trata de aplicar una sentencia de enero de este año del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que condenó a España.

El tribunal europeo considera que España no aplica correctamente la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, sobre medidas para promover la seguridad y la salud de los trabajadores, porque la ley de 1995 excluye expresamente al personal militar al servicio de la Administración; es decir, militares y guardias civiles.

"Lógicamente, cuando un militar entra en combate o un guardia detiene a un delincuente se exponen a riesgos que no se pueden evitar, pero eso es una cosa y otra muy distinta que cuando trabajan en una oficina o viajan en un vehículo no tengan derecho a las mismas condiciones de seguridad que cualquier otro trabajador", explican expertos en la materia.

Un ejemplo es el caso Yak 42. Los militares que murieron en el siniestro aéreo asumían como un riesgo profesional sufrir un ataque en Afganistán, pero no viajar en un avión que no cumplía, por mantenimiento y fatiga de la tripulación, los requisitos mínimos de seguridad.

El Grupo Socialista ha propuesto a los demás grupos del Congreso una modificación de la ley de prevención de riesgos laborales de 1995, de forma que se elimine el adjetivo "civil" al referirse al personal de la Administración al que se aplica dicha norma. Al mismo tiempo, propone aclarar que la ley "no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil".

Es decir, se excluyen determinadas actividades profesionales de los militares y guardias, pero no todas. Por eso, el PSOE propone una nueva disposición adicional en la que se aclara que "lo previsto en los capítulos III, V y VII de esta ley se aplicará de acuerdo con la normativa específica militar".

El capítulo III regula los derechos y deberes de empresarios y trabajadores; entre ellos, los de información, consulta y participación; así como la vigilancia de la salud o la protección de la maternidad; el V detalla las funciones de los representantes de los trabajadores en materia de prevención y del comité de seguridad y salud; y el VII fija las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones legales por parte del empleador.

Pese a estas salvedades, que deberán ser concretadas cuando la reforma legal entre en vigor, ésta acarreará importantes novedades, ya que pondrá a militares y guardias civiles bajo la competencia del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano encargado de analizar las condiciones de trabajo y promover medidas preventivas: o de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre cuyas facultades figura la de "ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores".

El PSOE ha propuesto a los demás grupos del Congreso incluir esta reforma como enmienda a la llamada Ley Baeza, que se impulsó después de que un avión militar se estrellara contra una casa en dicha localidad jienense matando a una mujer y a su hija. La urgencia de aplicar la sentencia del tribunal europeo justifica, a juicio del PSOE, incluir este asunto en la Ley Baeza, aprovechando su actual tramitación por el Congreso.

Pero incluso si ello no fuera posible, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha dejado claro que la aplicación a los militares de la legislación de riesgos laborales constituye una de sus prioridades legislativas.