Todos quieren el aeropuerto de El Prat

El aeropuerto de El Prat ha terminado por convertirse en la manzana de la discordia del verano. No hay día en el que no sea objeto de debate y de media docena de declaraciones de los dirigentes políticos. Como el resto de aeropuertos españoles, lo gestiona AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), dependiente del Ministerio de Fomento. Todo el mundo está de acuerdo en cambiar las cosas. El desacuerdo empieza a la hora de los cambios.

La discusión sobre el traspaso de El Prat, que ya fue un problema irresuelto durante la negociación estatutaria, es una discusión más amplia ya que afecta al modelo aeroportuario español. De ahí la vehemencia que provoca.

En Cataluña hay un punto en el que todos, con la única excepción del Partido Popular, coinciden: hay que romper AENA. El modelo aeroportuario español, consolidado en los años noventa, reproduce el modelo territorial español: una red con un centro que es Madrid, de modo que Barajas es punto de partida y de llegada de los vuelos de largo recorrido y los pasajeros del resto de España que pretendan ir a destinos lejanos deben pasar, salvo excepciones, por Madrid o por otro aeropuerto europeo.

ERC señala la prioridad de la descentralización sobre la privatización

El Ayuntamiento de Barcelona defiende una gestión propia al margen de AENA

Esta estructura limita, en opinión de la mayoría de dirigentes políticos y empresarios catalanes, la economía catalana, basada en la intercomunicación y en un aeropuerto potente tanto para pasajeros como para mercancías. Sería mejor para el desarrollo de Cataluña, opinan, disponer de un aeropuerto no subordinado al de Barajas y, para ello, hay que romper la estructura aeroportuaria española.

Ahí terminan, casi, las coincidencias de largo alcance, aunque pueda haber otras por motivos tácticos. Las discrepancias son tantas que ni siquiera se puede hablar de coincidencias entre algunas instituciones y los partidos que las gobiernan.

Un ejemplo: el modelo que defiende el Ayuntamiento de Barcelona difiere del que propugna el Gobierno catalán, pese a tener ambos a los socialistas como puntal.

El Gobierno catalán propugna una red formada por los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell (más otros que puedan crearse y los aeródromos), dependientes de la Generalitat. De hecho, el Ministerio de Fomento proyecta que los aeropuertos catalanes, salvo el de Barcelona, dejen de ser considerados de interés general para transferirlos a la Generalitat. Sobre el de Barcelona, en cambio, no hay acuerdo. El Ejecutivo catalán propugna el traspaso y la creación de un consorcio en el que la mayoría sería de la Generalitat o en el que nadie tuviera mayoría, ya que se repartiría a partes iguales entre las administraciones local, autonómica y central. No obstante, el Ejecutivo aceptaría que AENA conservara la mayoría si la capacidad de gestión y decisión fuera transferida, al modo en que sucede en los puertos.

El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, discrepa de ese modelo. El primer teniente de alcalde, Xavier Casas, tiene claro que el aeropuerto de Barcelona debe tener una gestión propia independiente de AENA y recuerda que la Carta Municipal ya prevé la participación de la ciudad en infraestructuras del Estado. Que El Prat se interconecte con Reus y Girona está bien, siempre que sea cabecera.

Convergència i Unió (CiU), en cambio, considera que los cuatro aeropuertos catalanes deben formar parte de un organismo conjunto, aunque sean luego gestionados por organismos locales con entidad propia. CiU insiste, además, en la participación de la iniciativa privada en la gestión aeroportuaria, aunque manteniendo la titularidad pública.

Un punto, la participación privada, en el que discrepan Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana (ERC). El asunto, coinciden en afirmar el diputado ecosocialista Joan Boada y el republicano Joan Puigcercós es que la contraposición público-privado tiene escaso sentido, lo importante es la descentralización. De modo que conviene evitar la tentación de privatizar primero, lo que podría llevar, afirma Puigcercós, a impedir más tarde la descentralización.

Mientras, el Gobierno central mantiene silencio y anuncia que hará público el modelo cuando lo apruebe el Consejo de Ministros.