La Ley de Dependencia

A los 13 años tuve un accidente que me produjo una tetraplejia. Entones perdí mis derechos civiles; no se me permitía circular libremente, ni estudiar ni participar de la vida social y cultural de mi entorno. A base de contagiar mi déficit de derechos civiles a mi familia, arruinando su economía y su libertad, conseguí un título universitario y un trabajo estable. Aun así sigo siendo un ciudadano de segunda, no puedo vivir igual que mis compañeros de trabajo porque tengo que dedicar buena parte del sueldo a pagar por levantarme de la cama, asearme, ir al lavabo... y como no me llega para pagarlo todo, mi madre de 68 años sigue haciéndome parte de la asistencia y otra parte depende de la buena voluntad y el estado de ánimo de transeúntes, conocidos, compañeros de trabajo, etc.

En definitiva, que pese a haber hecho todo lo posible sigo dedicándome a sobrevivir en lugar de a vivir y arrastrando mi dignidad por los suelos desde que me levanto hasta que me acuesto. Esperaba que la Ley de Dependencia cambiara este estado de cosas y me devolviese el estatus de ciudadanía que nunca se me debió arrebatar. Pero leyendo con atención el detalle de su articulado mucho me temo que seguiré discriminado y humillado por ser como soy.

La ley habla de "contribuir" a la contratación de la asistencia que necesito, pero no asume la responsabilidad de garantizar la totalidad, ni se cubrirá la asistencia para actividades culturales y de ocio, se me seguirá castigando económicamente haciéndome repagar por los servicios a los que ya contribuyo con mis impuestos y me negará el derecho a recibir las ayudas técnicas necesarias para una vida activa.

¿Esto es la igualdad de oportunidades? Corregir o no estas cuestiones antes de la aprobación definitiva marcará la diferencia entre una moderna ley de ciudadanía o un rancio plan gerontológico.