Lo civil, a civiles

Tal como acaba de demostrar nuevamente la plaga de incendios de Galicia, es preciso que la Administración central, en un país con alto grado de descentralización, cuente con medios propios para atender catástrofes y emergencias que superen las capacidades de una determinada comunidad autónoma. Pero no es seguro que la respuesta a esa necesidad haya que buscarla en las Fuerzas Armadas. Por lo menos, no sin un debate a fondo que contemple posibles alternativas. La falta de mecanismos y medios de actuación ante problemas que podían afectar a la seguridad pública se puso de manifiesto hace dos veranos, con ocasión del conflicto de las grúas, que a lo largo de más de un mes dejó en los arcenes de cientos de carreteras miles de coches averiados que nadie retiraba. Sin competencias en materia de protección civil, el Estado se encontró sin medios para actuar ante un problema que, de haberse prolongado una semana más -coincidiendo con la operación regreso de vacaciones-, podía haber tenido graves consecuencias. Ya entonces se llegó a consultar a la abogacía del Estado en Vizcaya -donde se había iniciado el problema- la posibilidad de movilizar unidades militares para retirar los coches.

Un año después, el incendio de Guadalajara (11 muertos) volvió a poner en evidencia esas carencias. La conmoción producida, más el reconocido carácter disciplinado y de disponibilidad permanente de las Fuerzas Armadas, decidieron al Gobierno a crear la Unidad Militar de Emergencias (UME), formada por 4.000 efectivos a las ordenes directas del presidente del Gobierno. La medida, de entrada bien recibida por la opinión pública, apenas ha sido luego debatida pese a las implicaciones que puede tener. De entrada, implica una notoria falta de confianza en los mecanismos civiles de protección y de respuesta a catástrofes, así como una renuncia a mejorar sus niveles de eficiencia. Si los medios con los que ahora contamos no son suficientes o están mal preparados o coordinados, habría que intentar remediar esas deficiencias antes de buscar la solución en las Fuerzas Armadas.

Porque encargar al Ejército esas tareas, aunque pueda parecer que responde a una cierta demanda social y que garantiza un alto nivel de eficacia, desvirtúa la esencia de sus funciones y contribuye a incrementar la confusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática. Cabe recordar que, tal como se ha planteado, la proyectada unidad pretende tener poderes policiales similares a los que poseen los agentes de la autoridad, rompe la cadena de mando militar, supone un esfuerzo presupuestario que en principio debería servir para reforzar las capacidades civiles de reacción ante emergencias (más de 1.600 millones de euros hasta 2008) y obliga a sustraer personal militar ya en activo (que debe ser posteriormente instruido en actividades que no forman parte de su formación profesional de origen, con idea de que la unidad llegue a ser plenamente operativa en mayo de 2008).

Mientras tanto, España, que quiere ser un actor internacional relevante, se ve en serios apuros para atender las peticiones de implicación militar en operaciones internacionales de paz. No es necesario buscarle nuevas tareas a nuestras Fuerzas Armadas para justificar su existencia. A las tradicionales se suman hoy las derivadas de una globalización que nos enfrenta a amenazas que se pueden materializar muy lejos de nuestras fronteras. Es ahí donde parece más aconsejable concentrar el esfuerzo, sin olvidar, obviamente, otro similar que capacite a nuestros organismos civiles para paliar eficazmente los efectos de catástrofes y emergencias. En todo caso, el asunto merece un debate social que no se ha producido.