"Me escandaliza que ediles del PSOE cobren del constructor de Seseña"

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de 55 años, no ha eludido ninguna pregunta, pese que la entrevista se ha realizado cuando los incendios en Galicia adquirían proporciones dantescas.

Pregunta. La verdad, señora Narbona, es que tiene ante usted un panorama demoledor: Galicia se quema, el Levante no tiene agua, la voracidad urbanística avanza sin control. Me pregunto qué puede hacer una ministra de tan pomposo y ecológico nombre como carente de poderes reales para atajar la raíz de los problemas.

Respuesta. No son nuevos los incendios forestales (y mucho menos en Galicia), no es nueva la sequía y no son nuevos los problemas de carácter ambiental. Pero también es cierto que estos temas no habían ocupado nunca la agenda de un Gobierno ni se había desarrollado como hasta ahora una conciencia ciudadana respecto a la necesidad de que haya un modelo de desarrollo ciudadano diferente que no se produzca a costa de la especulación y de la destrucción del territorio. Es a esa ciudadanía a la que tenemos que dar más herramientas democráticas y lo estamos haciendo. Además, este Gobierno ha creado una fiscalía para delitos medioambientales y ha puesto en vigor una ley que le garantiza a los ciudadanos el derecho a participar en el control del medio ambiente.

"No se había desarrollado como hasta ahora una conciencia ciudadana sobre la necesidad de un modelo de desarrollo que no sea a costa de la especulación"

"Por primera vez en Galicia se está rompiendo la 'ley del silencio', los vecinos son los que han cogido a algunos de los incendiarios 'in fraganti"

"Nunca ha habido un despliegue de policía judicial y de investigación como ahora para conocer qué hay realmente detrás de los incendios de Galicia"

"Un estudio muestra que un terreno forestal quemado en el pasado pierde su historia y al cabo de los años se incorpora silenciosamente al suelo urbano"

"Los Gobiernos de Murcia y Valencia deberían explicar por qué Andalucía, Madrid o Cataluña aprueban decretos para limitar usos no esenciales del agua"

"Es verdad que el Gobierno de la nación no puede actuar muchas veces como un poder ejecutivo, pero la Administración de la justicia sí puede"

P. Todo esto está muy bien, pero lo cierto es que no tiene competencias ni poderes reales frente a tanto desastre que debería afrontar y que no le es permitido.

R. No tengo todos los poderes que necesitaría pero tengo algunos, e intento aprovecharlos al máximo. Y me refiero, otra vez, a la concienciación ciudadana, porque, mire, mientras los españoles crean que la única forma de que haya actividad económica en este país es que su municipio se multiplique por cinco, no hay, no existe, poder público que pueda cambiar esa situación. Es verdad que no tengo competencias en materia de urbanismo, pero estoy tratando de influir dentro del Gobierno para que la legislación básica que vamos aprobando condicione más el desarrollo urbanístico de nuestro país. Por ejemplo, este Gobierno ha elaborado una nueva Ley del Suelo que establece nuevas exigencias de carácter básico, aunque es verdad que las decisiones urbanísticas siguen estando residenciadas donde están.

P. O sea, en los ayuntamientos y en las autonomías.

R. Es que a esos ayuntamientos y a esos poderes autonómicos los eligen los ciudadanos. Pero eso no significa que el Estado pueda eludir sus responsabilidades. Por ejemplo, en la lucha contra los incendios está claro que la responsabilidad es de las comunidades autónomas, igual que todo el ámbito de la política forestal. ¿Eso significa que el Gobierno no debe, o no puede hacer nada? ¡En absoluto!

P. No me negará que resulta bastante pobre, y preocupante, que el Estado tenga que colarse por los resquicios que le dejan los otros poderes.

R. Cuando se está responsablemente en política, lo que hay que hacer es utilizar, en cada momento, lo que se tiene, ¿no? La legislación básica es una herramienta, y, por ejemplo, ahora ya no puede haber otro caso como el de Terra Mítica porque con la Ley de Montes hemos prohibido que se pueda cambiar el uso de un suelo quemado durante al menos treinta años.

P. Ya. La cuestión es qué puede hacer el Gobierno cuando los poderes fácticos están en los propios Ayuntamientos, que son los que conceden las licencias y recalifican burlando las leyes, inocuas, de ese Gobierno.

R. Desde el Gobierno central se puede incidir sensiblemente a través de la lucha contra el fraude fiscal, por ejemplo. Porque estamos hablando de actividades ilícitas, de dinero negro. Es verdad que el Gobierno no puede actuar muchas veces como un poder ejecutivo, pero la Administración de la justicia sí puede.

P. Me consta que usted se lo pensó mucho antes de aceptar Medio Ambiente, y que le puso como condición a Zapatero que no fuera un ministerio "de adorno". Me pregunto si no se habrá arrepentido de haberlo aceptado.

R. No me arrepiento ni tuve que pedirle a Zapatero que Medio Ambiente no fuera una maría en el Gobierno. Así que yo no hablaría de frustración, sino de profunda preocupación.

P. Y no le faltan motivos. Porque debe sentirse muy incómoda en ese papel de mosca cojonera de los suyos, que no siempre apoyan sus posiciones, que le deben hacer vudú cuando dice que no hay agua para esa aberración urbanística que ha emergido en Seseña. ¿No?

R. Quien me conoce sabe que por muchas dificultades a las que me enfrente, mi forma de ser es de una gran fuerza de voluntad. En el caso de Seseña, que a mí personalmente y como ministra me parece aberrante, hay que tener en cuenta que ya desde 1992 existía un compromiso del Gobierno socialista de llevar agua potable a la comarca de La Sagra, donde está Seseña, y que esa obra no se hizo. Cuando llega el PP, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional pone esa obra, en el año 2001, de abastecimiento a La Sagra, pero tampoco hace nada. Y cuando afirmé, y lo sigo haciendo, que no hay agua para Seseña, me estaba refiriendo a la imposibilidad de atender a corto plazo a ese desarrollo masivo, absolutamente demencial, y no sólo por el problema del agua, porque Seseña es un caso claro de un modelo de desarrollo que supone toda una serie de efectos negativos desde el punto de vista de la calidad de vida, del uso del espacio.

P. No sé si se da cuenta de que cinco o seis años son vitales para que sus promotores urbanísticos puedan vender los pisos de esa urbe gigante y fantasmal que ha emergido en Seseña de la noche a la mañana. A lo mejor, tampoco sabe que algunos poderes locales y autonómicos lo ven con buenos ojos y que a usted la miran por encima del hombro.

R. Yo jamás hubiera permitido que se construyera algo tan bochornoso como ese conglomerado de ladrillo. Pero no soy ni alcaldesa de Seseña ni consejera de Urbanismo de Castilla-La Mancha.¡Las barbaridades que se están haciendo no han dependido de mí, yo sólo me atrevo a plantarles cara desde mi espacio de poder!

P. Los poderes fácticos del imperio del ladrillo, los poderes municipales que mandan mucho más que usted y que todo el Gobierno junto, sus prédicas es que se las... No sé qué puede hacer usted frente a esa contundente realidad.

R. Lo que podemos hacer, y estamos haciendo, es acabar con la impunidad a través de unas herramientas que están en manos de la justicia y que no habían existido hasta ahora, y después, efectivamente, estimular a los ciudadanos para que utilicen el potencial que tienen, que es enorme y que no suelen usar, esas plataformas ciudadanas que han tomado conciencia de que la contaminación perjudica la salud y que no todo vale por un puesto de trabajo y que la movilización contra la especulación urbanística es muy útil. Además, la gente tiene que saber que cuando se sature el mercado inmobiliario, que ya está dando síntomas, seguirá habiendo capacidad de crear empleo en otros sectores.

P. ¿Cree que la especulación está acabando con esa gallina?

R. No sólo lo creo, es que ¡en algunos lugares de España ya se la han merendado! Pero aún quedan sitios en los que es posible impedir que esos poderes avancen, es posible que incluso los alcaldes vean que es contraproducente permitir actuaciones urbanísticas que pueden ser legales, pero que son de todo punto insensatas. Por eso yo confío mucho en las movilizaciones ciudadanas.

P. O sea, que usted anima a la gente a luchar contra la mafia del ladrillo con una pancarta.

R. Lo que quiero es dar herramientas de lucha a los ciudadanos. En cuanto a la recuperación de esos poderes estratégicos por parte del Estado... depende de si el Gobierno al que pudieran revertir esos poderes fuera sensato, o no. Porque ¿quién garantiza que un Gobierno central no vaya a tener en la cabeza un modelo de desarrollo urbanístico insensato?

P. ¿A usted qué le parece mayor desafuero, el "monstruo urbanístico" de Seseña, o que en la lista de los contratados por el constructor haya concejales socialistas?

R. Eso creo que se puede erradicar con una exigencia de incompatibilidades mucho mayor.

P. Dígame, claramente, si a usted le escandaliza, o no, el comportamiento de su partido, de los ediles socialistas, en Seseña.

R. A mí me escandaliza, y mucho, que ediles del PSOE cobren del constructor de Seseña. Pero no me ponga en más aprietos.

P. No me va a ser fácil. Porque quería preguntarle si no se siente aludida, como parte de esa clase política que aún anda a la greña a costa de los incendios y que tanto escandaliza a los pobres gallegos que lo han perdido todo.

R. Entiendo la desesperación de los gallegos. Entiendo su angustia ante unos incendios tan generalizados que, aunque ha habido cada vez más medios para hacerles frente, en muchas pequeñas aldeas han sido sus propios habitantes los que se han enfrentado al fuego devastador con riesgo de sus vidas, en algunos casos lamentablemente perdidas. Es que en los primeros momentos los medios que había estaban intentando evitar que las llamas entraran en Santiago de Compostela, y es que los incendios de este año han tenido unas características muy singulares. Pero, en cualquier caso, entiendo perfectamente que cuando los gallegos ven peligro y no ven cerca a los poderes públicos, pues desconfíen de ellos y se sientan indefensos. Por eso se han ido ampliando esos efectivos de ayuda, en especial con la presencia del Ejército. Y afortunadamente la situación no ha llegado a ser tan dramática en término de pérdida de vidas humanas como lo fue el pasado año en Guadalajara. En cuanto a la contienda política que se ha producido entre el Gobierno central y la Xunta frente a la actuación del PP, yo no voy a caer en la tentación de caer en el error del "y tú más".

P. Mucho más peligroso que el fuego ha sido para usted, y para Zapatero, que haya quienes no resistan la tentación de comparar esta tragedia con la del PP, con la del Prestige; quienes digan, y no sólo en voz baja, que "donde las dan, las toman", ¿no?

R. Cuando estamos viendo cómo arde Galicia, hablar en esos términos me parece inconcebible. Pero si hay que entrar en esa dialéctica le diré, sin rodeos, que las manifestaciones que se han producido en las calles de varias ciudades no han sido contra el Gobierno, ni contra la Xunta, sino contra los incendiarios, contra quienes los han provocado. Por primera vez en Galicia, se está rompiendo la ley del silencio, los vecinos son los que han cogido a algunos de los incendiarios in fraganti...

P. Pero usted ya se ha tirado a la piscina, señalando con el dedo a ex empleados de las brigadas contraincendios que habrán quemado el monte por despecho.

R. No soy tan insensata como para hacer acusaciones sin tener datos fiables. Por lo demás, ya el año pasado hubo detenciones de personas que respondían a ese perfil, que no es el único, obviamente.

P. Hay otra hipótesis que relaciona la quema de los bosques con los intereses de la llamada mafia del ladrillo.

R. Le hemos dado tanta importancia a esa relación entre la desaparición de la masa forestal y la especulación urbanística como para hacer una Ley de Montes bastante más estricta que la autonómica que había hasta ahora.

P. ¿Se atreve también a establecer una relación entre los incendiarios y la especulación urbanística?

R. Estamos haciendo un estudio a fondo de este problema que está poniendo de manifiesto que cuando se ha quemado un suelo en el pasado, se ha perdido la historia de ese terreno, y al cabo de los años, en ese lugar que había sido forestal empieza a crecer la ciudad y esa zona se incorpora, silenciosamente, al suelo urbano. Eso significa que quien haya estado detrás ha sabido esperar pacientemente hasta conseguir sus objetivos. Esa es la batalla que hemos dado con la Ley de Montes, que es muy restrictiva, y que ha suscitado un rechazo por parte de la derecha yo diría que muy elocuente, por decirlo de una forma suave.

P. La verdad es que no hay problema que intente abordar que no choque con una competencia que no le compete.

R. Eso es verdad en algunos temas, pero le aseguro que no me siento sola, porque cada vez hay más ciudadanos que son conscientes de que el problema del agua, ya que alude usted a ello, no depende sólo, ni principalmente, de la ministra de Medio Ambiente. Hay cada vez más ciudadanos que saben que, en la agricultura, en la que se consume más del 80% del agua, hay una tarea pendiente por hacer en este país, que se está haciendo ahora, para que no gastemos tantísima agua. Porque hay respuestas técnicas en las que el Partido Popular no ha tenido una prioridad política porque era muchísimo más llamativo hacer el gran tubo desde la desembocadura del Ebro hasta Almería. En cambio, con una política de realimentación de regadíos podemos obtener mucha más agua, de verdad, como la que podemos obtener a partir del mar, que es la única que nunca nos va a faltar. Estoy trabajando para que haya en este país respuestas duraderas a los problemas.

P. De momento, lo que usted ha conseguido es que el problema del agua desencadene una batalla a muerte entre la España que tiene agua y la que parece estar al borde de morirse de sed... No sé si ha puesto usted el carro antes que los bueyes cargándose el Plan Hidrológico Nacional sin garantizar antes una alternativa clara.

R. ¡Es que no hemos derogado el Plan Hidrológico Nacional! Sólo hemos derogado el trasvase del Ebro, que era una obra que la propia Comisión Europea se había negado a financiar porque hoy día la política del agua no se puede hacer a base de obras faraónicas, sino de rentabilizar las nuevas tecnologías. Y sí se han puesto en marcha nuevas alternativas que han paliado problemas como el del año pasado, que fue el más seco en muchísimos años, porque deberá usted reconocer que la divina providencia no está ayudando demasiado...

P. Es que la divina providencia tiene fama de ser derechas...

R. A la vista de lo visto, sospecho que debe ser así. Con la puesta en marcha de desalinizadoras el año pasado, conseguimos que no hubiera restricciones de agua en toda España y que hasta ahora tampoco las haya.

P. Pues en Murcia dicen que ya no tienen agua ni para lavarse, y que dentro de poco no podrán beber, y que a ver por qué eso pasa en una autonomía del PP y no pasa en Andalucía, donde los socialistas beben todos, todos.

R. ¡No ande usted con bromas, que éste es problema muy serio! Mire, yo a la gente de Murcia, que es una comunidad a la que ya he viajado doce veces desde que soy ministra, le diría algo muy claro: lo que tiene que explicarle su Gobierno autónomo, igual que tiene que explicárselo el Gobierno de Valencia a sus ciudadanos, es por qué el Gobierno de Andalucía, o el de Madrid, o el de Cataluña, el año pasado, y de forma responsable, aprueban decretos para limitar usos no esenciales del agua, para que haya agua para beber, para ducharse; pero que no haya todo el agua del mundo para regar parques y jardines, o para las fuentes ornamentales o los campos de golf. Porque se puede utilizar agua depurada o restringir esos usos. Que le expliquen a sus ciudadanos por qué los Gobiernos autonómicos de Murcia y de Valencia se niegan, en redondo, a tomar ese tipo de decisiones. Y le puedo asegurar que, en Andalucía, donde sí se han adoptado esas limitaciones, no ha faltado un turista este año. Y también le deberían explicar a sus ciudadanos, los responsables autonómicos de Murcia y Valencia, cómo pensaban que iban a beber este verano si hubiésemos llevado desde el trasvase Tajo-Segura, a Murcia y a Valencia, la cantidad de agua que habían pedido para regadíos cuando quedaba poca agua en los embalses de cabecera; se hubieran acabado los trasvases de agua para beber desde hace meses si hubiéramos aceptado la presión, brutal, que le han hecho al Gobierno de la nación para que les diéramos agua para regadío que, evidentemente, no podía llegar porque eso ponía en peligro el agua para beber. Esa es la verdad; no hay discriminación, hay mala administración del agua por parte de los dirigentes de Murcia y Valencia.

P. De lo que sí se le ha acusado, señora ministra, es de hacer graves acusaciones sin pruebas respecto a la identidad de la mafia criminal que, supuestamente, ha quemado Galicia. No quiero terminar esta entrevista sin que me diga algo sobre lo que creo que tiene una opinión formada: por qué en esta tierra funciona, tan eficazmente, la omertà, esa ley del silencio que lo encubre todo.

R. Sólo diré una cosa: nunca ha habido en Galicia un despliegue de policía judicial y de policía de investigación como la que hemos llevado a cabo para conocer qué hay detrás, realmente, de los incendios. Y yo estoy segura de que eso dará sus resultados más temprano que tarde. En cuanto al silencio, pienso que en Galicia todavía persiste una sociedad muy caciquil, muy rural, una situación muy vulnerable y deprimida económicamente en el campo. La pobreza, la desinformación, el aislamiento del territorio ha podido explicar que subsista esa omertà a la que usted se refiere.

P. ¿A qué, a quién, le tienen miedo los gallegos?

R. Yo diría que los gallegos le tienen miedo a su propia debilidad. Por eso la tendencia a no complicarse la vida, a entenderse con esos poderes de los que hemos hablado en esta conversación todavía es muy fuerte. Pero le aseguro que nunca como hasta ahora los ciudadanos gallegos están apoyados por un Gobierno nacional y autonómico que está empeñado en darles respuestas y, sobre todo, herramientas legales para defenderse.

P. La cuestión es cuándo vamos a saber la verdad, toda la verdad.

R. Desde Presidencia, desde el Ministerio del Interior se les está pidiendo a las personas que están trabajando en la investigación tenacidad, eficacia y rapidez. Pero eso va a depender mucho de cuántas personas estén decididas a colaborar, a hablar; de cuántas personas dejen, por fin, de tener miedo en Galicia.