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Reportaje:

Coquineros furtivos

Los mariscadores protestan por los perjuicios que les causa la recogida de moluscos por parte de los bañistas

Javier remueve la arena de la playa de Punta Umbría con su pie. Busca donax trunculus, un tipo de molusco bivalvo muy común en las playas onubenses y gaditanas. Son las populares coquinas, parte esencial en muchos guisos. Cae la tarde y la marea comienza a subir. No es buen momento para recogerlas y Javier lo sabe. "El mar debe estar más retirado. Entonces es cuando, removiendo con el pie, la arena las busca y las coge".

Javier, de 22 años, como muchos onubenses, aprendió a recoger estos animales por tradición familiar. "Mi abuelo es el experto. Me traía de pequeño; él sabe cuáles son las zonas y las horas buenas para encontrar coquinas. Cogíamos unos puñados y nos las llevábamos para comérnoslas salteadas con ajo y aceite", comenta.

Lo que no saben Javier ni su abuelo es que esa actividad está penada con multas de entre 300 y 60.000 euros por la ley. El sector pesquero y marisquero de Huelva recordó esta semana la severidad de las sanciones. Su fin era llamar la atención sobre la captura sin autorización ni licencia de coquinas por parte de los bañistas, una costumbre que, según los pescadores, cada verano "va a más". Para el sector, estas acciones incontroladas provocan "un importante daño tanto para la especie marina como de los pescadores que viven de su captura".

Mariano García, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, recuerda que las capturas ilegales se ven agravadas por los mariscadores furtivos que "no buscan medio kilo de coquinas para consumo propio, sino más cantidad para comerciar con ellas". No es raro ver en algunas calles de pueblos costeros de Huelva, o incluso de la misma capital, personas con cubos que venden estos moluscos de manera irregular.

La asociación Ecologistas en Acción también demanda mayor control de las autoridades. "Ya no sólo porque se trata de personas que no respetan vedas, ni tamaños -con lo que cogen inmaduros- sino por el riesgo para la salud que conlleva", recuerda Juan Romero, portavoz de los ecologistas. Ése es el verdadero problema que existe detrás de las personas que, como Javier, buscan y consumen las coquinas que capturan.

Luz Mamán, bióloga del Laboratorio de Control de Calidad de Recursos Pesqueros de Huelva, dependiente de la Dirección General de Pesca, recuerda que "los bivalvos, como los mejillones o las coquinas, están sometidos a una fuerte legislación sanitaria y de capturas porque pueden acumular toxinas que producen cuadros diarreicos, amnesias o parálisis. Además, pueden contagiar la salmonela o portar metales pesados".

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¿Puede la captura no regulada por parte de bañistas y furtivos afectar a la supervivencia de la especie? No está claro. El biólogo y licenciado en Ciencias del Mar, Raúl Fernández, que trabaja también en el Laboratorio de Control de Calidad, cree que habría que realizar un estudio sobre este impacto, "algo no hecho todavía".

"Es difícil medir el impacto de la recogida por ocio en el sector. Se trata de un molusco que depende mucho de las mareas y de los bancos de arena y que aparece y desaparece de las zonas en función de estas dos variantes. Es una especie dinámica. Además, hay una zona del hábitat de estos moluscos, más hacia dentro en la costa, en la que no se adentran los bañistas, que les sirve de reserva".

Pero Fernández sí señala aspectos que apuntan a la potencial gravedad del asunto. "Entre el 70% y el 80% de los que recogen coquinas por ocio realizan capturas por debajo de los 3 centímetros mínimos por ejemplar que exige la ley. Habría que saber qué tanto por ciento de las capturas incluyen ejemplares por debajo de los 17 milímetros, la talla a partir de la cual se pueden reproducir". Otro problema es que "el verdadero objetivo de los bañistas es coger coquinas, sin seleccionarlas".

Los mariscadores con licencia siguen protestando. Carlos Cifore, de Matalascañas, quien culpa a los turistas y critica a la Guardia Civil por no actuar diligentemente con los infractores. El Seprona asegura que, en lo que va de año, se han registrado unas 225 denuncias contra estas infracciones en la provincia, que están tipificados como sanciones administrativas.

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