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Tribuna:

La espada y la balanza

La justicia como valor es invisible e inalcanzable. Para hacerla tangible se representa por medio de una señora con los ojos vendados que esgrime en su mano derecha la espada y en la izquierda la balanza. Que nadie busque subliminales mensajes, se le ocurrió así al que consiguió acertar con esta imagen como símbolo terrenal de tan altos objetivos. La espada simboliza la fuerza inflexible de la letra de la ley, dura lex sed lex, la balanza significa el equilibrio, el razonamiento y la búsqueda de la justicia.

Se me ocurren estas reflexiones previas, a la vista de la tan anunciada Proposición de Ley, de nombre interminable, que el Consejo de Ministros remite a las Cortes Generales para reparar los horrores de la Guerra Civil y su prolongada posguerra.

Después de una primera lectura experimento sentimientos contradictorios. Más que una ley me parece un conjunto de paliativos, seguramente bien intencionados, pero desoladoramente ajenos a cualquiera de los valores que son el nervio de nuestra Constitución.

El debate sobre la recuperación de la Memoria Histórica ha sido inteligentemente desmontado y desprestigiado. Ya sabemos que la memoria es una de las potencias del alma que reside en el cerebro. Demasiada abstracción para ser compatible con el realismo jurídico y lo políticamente correcto. Por otro lado, la Historia se considera exclusiva de los historiadores, como si se tratase de una ciencia cuyos arcanos sólo pueden manejar los que son o se proclaman como tales.

No entro en el debate. A pesar de estos análisis, más o menos científicos, la historia la llevamos todos en nuestro pasado e inevitablemente tratamos de proyectarla hacia el futuro. Los historiadores de profesión y los que motivados por las vivencias recientes queremos valorar el pasado, estamos abocados a plasmar por escrito nuestras conclusiones. Dejemos que los lectores, sin apriorísticas selecciones, establezcan libremente sus juicios y sus críticas. Herodoto, el padre de todos los historiadores, escribía lo que le transmitían oralmente los protagonistas directos o sus herederos. Los documentos e incluso las imágenes que manejan sus discípulos contemporáneos no añaden más veracidad al testimonio de los protagonistas. El grito que surge de sus vidas nunca se acallará, por mucho que traten de explicarles lo que estiman injustificable. Los fusilamientos, las fosas, las cunetas, el exilio exterior e interior, hablarán hasta el último aliento y quedarán en la memoria de sus allegados. Lo demás son historias.

Lo que más duele para los que modestamente nos consideramos demócratas es que se haya utilizado nuestra Constitución como pretexto y como arma arrojadiza. Para justificar mi queja, espero no aburrir a mis hipotéticos lectores con farragosas explicaciones jurídicas.

Desde el año 1936, el tiempo y la vida no se han parado. Los seres humanos, sea cual sea el escenario político en que se mueven, generan por sí mismos infinidad de relaciones jurídicas: matrimonios, filiaciones, contratos, herencias, actividades mercantiles y financieras, y así hasta el inagotable catálogo que ofrece el intercambio de voluntades entre personas.

Durante el largo periodo del régimen nacional sindicalista, como se autodenominaba, la gente de cualquier ideología, convicción o creencia, vivía, se reproducía y moría. Los derechos y obligaciones que surgieron de la vida misma, es difícil y arriesgado reconvertirlos o modificarlos, al amparo de la nueva Constitución democrática.

De forma necesariamente sintética, trataré de exponer cuál ha sido la postura del Tribunal Constitucional sobre la no retroactividad de los derechos fundamentales, en mi opinión, insuficientemente mati-

zada. Cuando el escultor Pablo Serrano solicitó que se le reconociese la titularidad de una escultura que había vendido, esgrimía el derecho del artista a sus creaciones, que introducía la Constitución. Ante la previsible avalancha de reclamaciones sobre derechos de carácter eminentemente privado, el Tribunal Constitucional, con prudencia, pero sin contundente rigor, denegó su pretensión. Lo mismo hizo ante la petición de derechos de jubilación y otros de análogo carácter. Comparto esta idea. Sería perturbador e inseguro jurídicamente desmontar todo lo que la vida ha ido consolidando con su imparable pujanza.

Sin embargo, cuando el Tribunal entra en el análisis de casos en los que los derechos vulnerados son patrimonio de la humanidad, sus razonamientos no sólo son inconsistentes sino claramente contrarios al derecho internacional sobre los derechos humanos. Lo que consideran como imposible revisión periódica de la historia impide a todos los ejecutados en Consejos de Guerra sumarísimos aspirar a una póstuma anulación de sus procesos. Como se ha dicho, al fin y al cabo, era la legalidad vigente en el momento de su condena a muerte.

Esta tesis, en plena vigencia del principio de jurisdicción universal, la anulación de las leyes de punto final, la derogación de las autoamnistías, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, y la creación de Tribunales Internacionales para perseguirlos, impide despachar estos asuntos de forma tan esquemática y fría.

Me parece, con todos los respetos, por lo menos una falta de rigor jurídico. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, una sentencia vale lo que valen sus razonamientos.

Despojarles, esgrimiendo problemas de retroactividad, la titularidad de derechos tan fundamentales como el derecho a ser juzgado por un tribunal legítimo, a no ser torturados ni ejecutados extrajudicialmente, es negarles su condición humana. Afirmar que carecían de ellos hasta que llegó la Constitución supone privarles de la dignidad inseparable de la condición humana. Si eran humanos tenían derechos y estos claman por su reconocimiento, aunque sea tardío.

Me parece descorazonador que se les ofrezca, en compensación, una especie de certificado de buena conducta que, en lugar de estar emitido por el cura párroco o el comandante de puesto de la Guardia Civil, se lo otorgaran solemnemente cinco notables y será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

A la vista de los acontecimientos, a todos los muertos por comulgar con el golpe militar o por defender la legalidad republicana y la democracia, sistema imperfecto como dijo Winston Churchill, sólo se me ocurre decirles que descansen en paz y pidan perdón por las molestias que están causando. Ya vendrán tiempos mejores. Una vez más, la espada ha conseguido desequilibrar la balanza.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de agosto de 2006