El tribunal de las pruebas de acceso a la policía de Marbella pide que actúe el fiscal

El tribunal de las pruebas de acceso a la Policía Local de Marbella, ante el que tres opositores han denunciado al ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo por filtrarles el examen, acordó ayer recomendar al presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, que denuncie los hechos ante la Fiscalía o los juzgados, aunque dejó en sus manos la decisión final. "Si las pruebas son consistentes y se ha producido esa filtración, cuando menos se habrá cometido prevaricación", avanzó Martín Reyes. El tribunal recibió ayer una prueba documental y evitó la suspensión cautelar del concurso.

"Los testimonios tienen consistencia, pero debemos analizarlos con prudencia. De momento no se impugnarán las pruebas porque se trata de un tema muy delicado y seguimos investigando", aclaró el vocal de Seguridad de la gestora, Carlos Rubio, que reconoció que las denuncias apuntan al ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. "Investigaremos a fondo para comprobar la veracidad de las denuncias", añadió cauto.

Hasta el momento tres aspirantes al concurso oposición para cubrir 47 plazas de agentes de policía de Marbella han denunciado a Del Pozo verbalmente ante el tribunal calificador. El tribunal recibió ayer tres folios redactados a ordenador con el supuesto práctico del examen y su contestación. Según el denunciante, Del Pozo habría entregado a uno de los opositores este examen.

Las irregularidades habían sido denunciadas con anterioridad por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), pero el pasado lunes dos denunciantes dieron un paso en firme decisivo y dejaron constancia ante el tribunal de oposición. Fueron un inspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en Marbella, que firmó la denuncia junto a su hijo, opositor a las pruebas de la Policía Local.

Tanto las declaraciones como las presuntas pruebas, incluidas un disquete aportado el pasado lunes, están conformando un grueso y complejo expediente que el presidente de la gestora, Diego Marín Reyes, estudiará. A pesar de que la cautela prima entre los miembros del tribunal al evaluar los datos, las pruebas se suceden.

Del Pozo insistió ayer en negar la filtración del examen, y presentó un escrito ante el tribunal de oposición y el presidente de la gestora para exigir los nombres de los opositores denunciantes, ya que piensa presentar una querella por calumnias contra ellos. "Hay intereses ocultos por parte de un impulsor de las denuncias, que incluso preparó a varios opositores para las pruebas", censuró.

Cien preguntas

La gravedad de la presunta filtración recae al parecer en el supuesto práctico del examen. Las cien preguntas que formaban el test suponían el 50% de la nota final y fueron escogidas la misma mañana de la prueba entre las propuestas de los cuatro vocales del tribunal. "Lo acordamos así para evitar problemas, porque todas las oposiciones de la era Yagüe estaban dando sobresaltos", confirma un vocal del tribunal.

De este modo, el problema radicó en el supuesto práctico, que representaba el otro 50% restante de la nota final. A pesar de que un vocal propuso sortear cuál de los supuestos prácticos se incluiría en el examen, los otros miembros del tribunal se inclinaron por la alternativa redactada por Del Pozo, y finalmente hubo quórum.

A continuación, el ex superintendente acudió a la jefatura de la Policía Local para redactar la respuesta y entregárselas al resto de vocales. Rubio confirmó ayer que los opositores se han referido en sus denuncias sobre todo "al supuesto práctico más que al contenido del teórico".

Los representantes del sindicato UPLB, mayoritario en la Policía Local marbellí, están a la espera "del calibre de las pruebas aportadas", pero se muestran muy críticos con los opositores, tras su demora en actuar contra Del Pozo si contaban con las pruebas desde julio de 2005. "No vemos una actuación decente por parte de los denunciantes. El opositor debería haberse levantado del examen para dar cuenta en ese momento de que disponía de información filtrada, y no un año después tras comprobar que no superó las pruebas", se quejó José María Sánchez, miembro de UPLB. "El proceso está viciado por estos denunciantes, y solicitaremos que no se les permita presentarse a futuras convocatorias, ya que no dan el perfil honesto necesario para ser policía", remachó.

Martín Reyes quiso tranquilizar a los agentes interinos que podrían superar el tope de edad requerida si las oposiciones sufrieran un retraso: "La gestora tratará por todos los medios de conservar sus opciones. Haremos lo posible y lo imposible".