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EE UU reclama más información sobre los pasajeros de avión procedentes de Europa

La UE reforzará la lucha contra el reclutamiento de terroristas en su territorio

Washington / Bruselas

Como ciudadanos británicos, los 24 sospechosos detenidos la semana pasada en Reino Unido podrían haber embarcado en un avión rumbo a EE UU sin ser investigados por el Gobierno norteamericano. No hubieran tenido que rellenar un formulario, realizar una entrevista en una embajada estadounidense o aportar fotografías y huellas dactilares. En resumen, no necesitaban un visado, ya que su país está exento de ese requisito. Para las autoridades de EE UU ese vacío sólo genera peligro y reclaman más información de aquellos que viajan desde Europa.

Un total de 27 países, la mayor parte de ellos europeos -España está incluida en esa lista-, forman parte del "programa de exención de visados". El departamento de Seguridad Nacional ha fracasado en su intento de convencer a los países que forman parte de ese convenio de la necesidad de aprobar ciertas reglas para que las compañías aéreas dispongan de información sobre los pasajeros que van a volar a EE UU. Bajo las actuales leyes, se envían los datos de los viajeros en los primeros 15 minutos después de despegar. De esta manera, EE UU puede rechazar un vuelo en el que considere que hay un terrorista a bordo, pero no queda tiempo para reaccionar ante la eventualidad de que alguien viaje con un explosivo a bordo.

Desde que el pasado jueves se desmanteló el compló para hacer explotar vuelos en ruta a EE UU desde Reino Unido, los responsables de Seguridad Nacional insisten en la necesidad de tener en su poder información sobre quién viaja a su país. Pero esta petición choca de frente con las aerolíneas -no desean papeleos ni retrasos- y con las leyes europeas: el pasado mes de mayo, el Tribunal Europeo declaraba ilegal la transferencia de datos privados -nombre, dirección, forma de pago del billete y teléfono- de los pasajeros en aviones a EE UU, decisión que entrará en vigor el próximo 30 de septiembre.

"Es absolutamente necesario para la seguridad en la aviación que el Gobierno de EE UU tenga información", asegura en el diario The New York Times Jay Ahern, jefe de operaciones en Protección de Aduanas y Fronteras. Ahern confía en que a finales de este año existan nuevas leyes, por ejemplo para que se facilite información una hora antes de despegar.

Cerca de 87 millones de personas llegan en avión de visita a EE UU cada año. Tras el 11-S se intentó exigir visados a todos los visitantes pero la idea fue abandonada tras el miedo a que un exceso de burocracia mermase el turismo y cuando países afectados -como Reino Unido- amenazaron con imponer las mismas reglas a los nacionales de EE UU. Michael Chertoff, máximo responsable de Seguridad Nacional, cree que lo sucedido la semana pasada es "una llamada de alerta". Fuentes gubernamentales consultadas por The New York Times se muestran "bastante relajadas sobre los viajeros provenientes de Oriente Próximo debido al proceso de investigación de antecedentes al que obliga el visado". "La amenaza ahora viene de Europa", apuntan.

Que la historia no deje de repetirse y que los responsables del atentado frustrado la semana pasada en Reino Unido sean ciudadanos europeos, como sucedió en los atentados del 7-J, es uno de los mayores desafíos de la política antiterrorista de la Unión Europea. Por eso, la radicalización y el reclutamiento de terroristas en suelo europeo será uno de los temas que abordarán la media docena de ministros de Interior de la UE que hoy mantendrán un encuentro restringido en Londres, según informó Finlandia, país que preside la UE durante este semestre.

Tras los ataques abortados en Reino Unido, "ha quedado claro que tiene que haber una mayor coordinación en materia antiterrorista. Uno de los temas que estará muy presente mañana [por hoy] será cómo combatir el llamado terrorismo nacido en casa, es decir, la radicalización y el reclutamiento de terroristas en Europa", explica Antti Pelttari, director general del Ministerio de Interior finlandés. En el encuentro, los responsables de Interior estudiarán además cómo mejorar la cooperación antiterrorista entre los Veinticinco y debatirán la necesidad de adoptar nuevas medidas de seguridad aérea. Asimismo, Pelttari explica que la UE espera que el responsable de Interior británico, John Reid, les traslade toda la información de la que dispone, para después debatir qué cambios legislativos resultarían necesarios en materia de aviación civil.

Los ministros de Interior de Reino Unido, Finlandia, Alemania, Francia, Portugal y Eslovenia, además del vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, participarán en la reunión en la que, al ser informal, no está previsto que se apruebe ninguna iniciativa concreta. A este encuentro le seguirá otro a mediados de septiembre que reunirá a todos los ministros de Interior de la UE en Tampere -Finlandia- para discutir de nuevo cómo hacer frente a las amenazas terroristas.

El ejemplo británico

Al fiscal general de EE UU le gusta la legislación británica en materia de detención sin cargos. Considera Alberto Gonzales que sus socios británicos en la lucha contra el terrorismo tienen "mayor flexibilidad" para prevenir ataques.

¿La razón? Las leyes británicas permiten a las autoridades retener sin cargos a un sospechoso durante 28 días. La ley estadounidense requiere que a un sospechoso detenido bajo un tribunal civil se le lean cargos, o de lo contrario, se le deje en libertad en 48 horas. Todo lo anterior no computa en el caso de Guantánamo.

A la opinión de Gonzales se ha sumado Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional. "Es muy importante que seamos lo más ágiles posible en cuanto a nuestra seguridad se refiere", declaró Chertoff el pasado domingo en la cadena Fox. "Y la posibilidad de retener a gente durante un amplio periodo de tiempo les da [a los británicos] una tremenda ventaja", añadió el responsable de seguridad.

Gonzales insistía un día después de Chertoff en que la ley de detención británica era algo que la Administración de EE UU debía estudiar. Pero se preguntó: "¿Choca con nuestra Constitución?". "Habrá que comprobarlo", concedió el fiscal general.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de agosto de 2006

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