Astillero espera la decisión de San Sebastián

Astillero conserva la esperanza. El club cántabro está a la espera de que el próximo lunes, tal y como se prevé, el Tribunal Superior de Justicia confirme la suspensión cautelar de la sanción de dos años sin remar en el País Vasco, posibilidad que abre el camino a recibir una invitación para participar en la Bandera de La Concha.

El pasado jueves, el Superior estimó el recurso presentado por Astillero ante la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal contra la medida adoptada el pasado martes por el Departamento de Cultura, que ratificó el castigo de dos años sin acceso a instalaciones deportivas del País Vasco y una multa de 6.000 euros para 14 de sus remeros y de 15.000 para su entrenador, José Manuel Francisco. El Superior considera que existe un perjuicio de difícil reparación para el club si se le impide inscribirse en La Concha. Dicha sanción procede "por el incumplimiento de la obligación de someterse a un control antidopaje" el pasado 24 de septiembre, a la conclusión de la Bandera Teléfónica de Hondarribia.

De esta manera, y tras el cambio de normativa -hasta este año, el campeón regional podía tomar parte en La Concha-, la invitación es la única vía que le queda a Astillero para estar presente en la cita más importante de la temporada de traineras. La concesión o no de la misma es competencia del organizador, el Centro de Atracción y Turismo (CAT) del Ayuntamiento de San Sebastián, y la decisión última es del presidente del CAT y alcalde de la ciudad, Odón Elorza. Para ello, los remeros astillerenses ya se han dirigido al primer edil, a través de una carta, para solicitarle que invite finalmente a la trainera cántabra. La Junta Rectora del CAT se reunirá el próximo miércoles 16 de agosto para tomar una decisión.

En este sentido, el presidente del club, Víctor Sainz de la Maza, confía en que se ratifique la suspensión cautelar e insiste en que, cuando se produjeron los hechos, los remeros de Astillero no se presentaron a un control antidopaje, "sino a un interrogatorio", un procedimiento que, a su juicio, "no se recoge en la legislación sobre dopaje del Consejo Superior de Deportes". "Nuestros remeros han sido difamados, descalificados y tratados peor que delincuentes, cuando los mismos jueces de la ACT reconocen su inocencia".