España usará jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo para apoyar a la CNE

El Ministerio de Asuntos Exteriores responderá en los próximos días a la carta enviada el pasado día 3 por la Comisión Europea al Gobierno español en la que solicita aclaraciones sobre las condiciones impuestas al grupo alemán E.ON por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para adquirir Endesa. El Gobierno apelará a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo para defender que las 19 limitaciones están justificadas por "la protección de la seguridad pública". Bruselas reconoce en su carta que existe jurisprudencia al respecto, pero aboga por una interpretación "estricta" de la misma.

El pulso se mantiene. El pasado jueves día 3, el Comisario Europeo de Consumo, Markos Krypianou, envió una carta al Gobierno español, de 19 folios, en la que, tras un "análisis preliminar", calificaba "algunas" de las condiciones impuestas por la CNE a la OPA de E.ON sobre Endesa de "incompatibles" con la legislación comunitaria. Por ello, según la misiva "podría ser necesario que la Comisión solicite al Reino de España que suspenda y comunique la medida". La carta daba al Gobierno un plazo de cinco días laborables para contestar y, de forma un tanto contradictoria, precisaba que el Reino de España es "libre" para presentar alegaciones a la Comisión "sin demora".

El Gobierno, según las fuentes consultadas, ha decidido contestar a la misiva. Lo hará, en un plazo de días aún por determinar, tras celebrar una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Industria y de la Abogacía del Estado.

Argumentación

El núcleo de la argumentación será el que esgrimió la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, Maite Costa, el pasado día 27: España está en su derecho de poner condiciones a E.ON para comprar Endesa (venta del 32% de la capacidad de la compañía; desvinculación de la gestión de las nucleares y venta de los sistemas insulares y extrapeninsulares) porque se trata de garantizar el suministro energético del país en caso de crisis. Y este extremo está reconocido por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo como parte del concepto de "seguridad pública", que facultaría a los países miembros a actuar, sin comunicarlo a Bruselas, al margen de lo dispuesto en el Reglamento de Concentraciones de la UE.

Pero la discrepancia con Bruselas es profunda. Aunque la carta enviada al Gobierno español admite explícitamente la existencia de esa jurisprudencia, especifica que la misma debe ser aplicada de forma "estricta", tal y como el propio Tribunal de la UE estableció en distintos casos fallados desde el año 2002.

Las condiciones que pueden imponer los Estados, en caso de salvaguardar la seguridad pública, sostiene la Comisión Europea, deben ser "proporcionadas, no discriminatorias" y "menos restrictivas que el establecimiento de condiciones previas en relación con la propiedad de la empresa pertinente".

La tesis del comisario Kyprianou, alineada con la que mantiene la Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, es que sólo la Comisión Europea "tiene competencia exclusiva para analizar el impacto competitivo de concentraciones con dimensión comunitaria [como la de E.ON]".

Las diferencias, admiten fuentes de la Administración, pueden acabar en un expediente a España. Pero esas mismas fuentes restan dramatismo al posible choque. Hay cientos de expedientes abiertos por Bruselas y pendientes de solución y, en algunos casos, como el del anterior Plan de la Minería del Carbón, la polémica con Bruselas se prolongó durante cinco años.

Por otra parte, los sindicatos mayoritarios en Endesa (UGT, CC OO y ASIE) han solicitado a la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes que, al analizar la autorización de la Comisión Nacional de la Energía a la OPA formulada por la alemana E.ON tenga en cuenta que las condiciones impuestas por el organismo español suponen de facto un "desmembramiento" de la compañía. Ello ocasionará, afirman, "graves perjuicios" a trabajadores y consumidores, tendrá consecuencias "nada despreciables" para el mercado y significará la desaparición de la firma como uno de los operadores de referencia del país.

En una carta remitida a la responsable europea, las centrales sindicales advierten de que, si la oferta de E.ON culminara con éxito, las condiciones impuestas por la CNE a la operación pondrán en riesgo la continuidad de las actividades de Endesa en España.

E.ON, por su parte, aclaró ayer que no tiene previsto, por ahora, denunciar ante Bruselas la resolución de la CNE.