Presunción de incompetencia

Para entender correctamente el curso de los acontecimientos que concluyeron con un dictamen de la CNE sobre la OPA de E.ON por Endesa, bien distinto de la [impracticable] propuesta del ponente Jorge Fabra, hay que partir de varias peculiaridades notables. La primera es que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, cambió bruscamente de opinión y, si hasta una semana antes de la reunión definitiva de la Comisión había defendido un veto total a la compra del grupo alemán, desde ese momento trasladó al vicepresidente Pedro Solbes el mensaje de que podía hacer todo lo necesario para organizar un sí con condiciones. Este viraje drástico se produjo a despecho de las seguridades dadas o sugeridas a Gas Natural de que la OPA de E.ON sería vetada.

La CNE libra a E.ON de engorros como lidiar con las plantas de carbón nacional o de someterse a la liosa legislación nuclear

No pocos malpensados sostienen que el sí con condiciones razonables no fue comunicado a los partidarios del veto total a la OPA de E.ON dentro del Gobierno -el ministerio de Montilla, sin ir mas lejos-, puesto que sólo por desconocimiento cabría explicar que siguieran combatiendo con saña en favor del no hasta la víspera de la reunión decisiva del consejo de la Comisión (el jueves 27 de julio). En la noche del día 26, cuando se arreglan los detalles del dictamen final en presencia del irritado autor de la ponencia oficial -arrojada sin miramientos al olvido en forma de voto particular-, ya estaba claro que la solución final iba a estar más próxima a la senda de Pedro Solbes que a la de José Montilla.

A la pregunta de por qué cambió de opinión Rodríguez Zapatero, las respuestas más plausibles recuerdan la presión del Ministerio de Economía en favor de posiciones defendibles en Bruselas y en Berlín, la convicción de que un veto total era insostenible políticamente y, sobre todo, la sensación alarmante de que la CNE estaba fuera de control. Entiéndase por tal descontrol, en primera instancia, la convicción de que las propuestas del ponente eran simplemente inaceptables por el Gobierno, puesto que contenían una probabilidad elevada de suscitar un conflicto agudo con la Comisión Europea; en segunda y más inquietante instancia, la suposición de que la ponencia no contaba con los votos necesarios para ser aprobada en el consejo de la CNE. Ni la propia presidenta, Maite Costa, defendía las condiciones de Fabra.

A tan endiablada situación no se llegó por casualidad. Se aprecian rastros más que suficientes para presumir incompetencia en la gestión política de esta OPA. Desde la causa más lejana a la más próxima, se puede recordar como tan sólo una de las operaciones de los gestores impuestos por el PP en las empresas públicas privatizadas ha podido ser cambiado desde que gobierna el PSOE (Alfonso Cortina en Repsol, sustituido por Antonio Brufau), mientras que han fracasado lastimosamente los intentos en BBVA y ahora en Endesa; que el Gobierno ha sido incapaz de reducir el motín de los directivos de Endesa contra la OPA de Gas Natural, encastrados burlonamente en sus sillones desde los que se han permitido propagar banales soflamas sobre la "defensa de los accionistas"; que ni Industria ni Economía -el ministerio incapaz de tomar la iniciativa en el caso a pesar de las supuestas conexiones europeas de Solbes- han sido capaces de redactar un solo folio con tres o cuatro líneas claras de defensa plausible del derecho español a garantizar el suministro energético del país, exactamente lo que hizo en su momento el Gobierno alemán con E.ON; que Montilla y sus esforzados estrategas han perdido dos años de legislatura sin conseguir una estructura empresarial sólida en el mercado de la energía en España y que probablemente se perderán los dos restantes; que nadie se preocupó de imbuir a la CNE de las posibilidades y consecuencias del decreto que le confería poderes para examinar las operaciones de compra propuestas por empresas extranjeras; que la Comisión se ha convertido en un culebrón de vanidades y resquemores... Y así sucesivamente.

Quizá E.ON opte por el pragmatismo y entienda que, al fin y al cabo, la decisión espontánea de la CNE le libra de engorros como lidiar con las plantas de carbón nacional o de someterse a la liosa legislación nuclear. Pierde activos de generación, pero mantiene intactas las fuentes del negocio. Para que todo acabe regular -bien no puede acabar después de tanto estropicio- sería conveniente que el presidente del Gobierno tuviera un gesto de arrojo y nombrara un ministro de Industria competente, aunque no fuera catalán. Los hay, y Rodríguez Zapatero no debe desanimarse sólo porque no haya acertado con su primera elección.