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Siniestralidad laboral

El 112 alertará a la policía en cuanto tenga aviso de un accidente

El convenio que el próximo septiembre tienen previsto firmar el Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía, la Inspección del Ministerio de Trabajo y el juez decano de Madrid busca poner coto a la indefensión que se cierne con las víctimas de accidentes laborales. En síntesis, el convenio agilizará los canales de información para que en ningún caso se deje de levantar el oportuno atestado de un accidente laboral. Los servicios de emergencia del Ayuntamiento, básicamente el 112, avisarán de inmediato a la Policía Municipal cuando envíen alguna ambulancia a un siniestro.

Recibido el aviso, los agentes alertarán al fiscal de guardia. Éste les hará un requerimiento judicial para que se desplacen sin dilación al lugar del siniestro, provistos de cámaras de vídeo, y recaben los testimonios y pruebas para el esclarecimiento de los hechos. En ese momento actuarán como policías judiciales. Casi simultáneamente, los agentes comunicarán el accidente a la Inspección de Trabajo y a los técnicos de salud laboral de la Comunidad para que elaboren sus respectivos informes.

Todos esos datos terminarán luego en las manos de un fiscal especial, que supervisará el proceso, demandará o no más pruebas y finalmente lo enviará todo al juez. De esta forma, habrá atestados policiales en todos los accidentes laborales de cierta envergadura, aunque no haya muertos. "Si intervienen juez y fiscal, habrá una mayor fiscalización y las compañías aseguradoras tendrán más difícil los acuerdos extrajudiciales con las familias de las víctimas", señala el teniente fiscal Pedro Martínez. La idea de hacer este convenio partió de Martínez y ha sido consensuada por los citados organismos a lo largo de un año.

Los firmantes del convenio serán el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix; el juez decano, José Luis González Armengol; la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad, María Dolores Limón, y el director territorial de la Inspección de Trabajo de Madrid, Vicente Mora.

El convenio encontró inicialmente reticencias en un sector del Cuerpo Nacional de Policía, reacio a que sus colegas del Ayuntamiento de la capital sean revestidos del carácter de policía judicial. También hubo algunas pegas en sectores de la Fiscalía General. Finalmente, ha sido impulsado por el propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

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