Zarrías corrige a Obras Públicas y dice que no está descartado el decreto sobre el golf
El consejero de Presidencia aplaza a septiembre la decisión final sobre la normativa
El Gobierno andaluz aún no ha tomado una decisión en "firme" sobre la elaboración de un decreto regulador de los campos de golf en Andalucía, en contra de lo apuntado el día anterior por la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo. La matización llegó ayer a través del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien aseguró que el polémico decreto -del que han llegado a existir hasta seis versiones- está "aparcado". La aclaración de Zarrías pone en evidencia las profundas diferencias de criterio entre las distintas consejerías implicadas.
El decreto regulador de los campos de golf es uno de los compromisos adquiridos por el PSOE de Andalucía en su acuerdo programático con Los Verdes para las elecciones autonómicas y generales de 2004. Zarrías reconoció ayer que el pasado día 18 se celebró una reunión del comité de enlace entre ambos partidos -de la que no se informó en su día- y que en ella se acordó que hasta septiembre no se tomaría una decisión en firme sobre si era necesario hacer un decreto específico sobre los campos de golf.
El consejero de la Presidencia suscribió lo dicho por su compañera de gabinete el día anterior, acerca de que con la actual legislación urbanística "ya no hay una vacío legal". Pero mientras Gutiérrez del Castillo aseguró que, por ese motivo, la normativa "ya no es necesaria", Zarrías matizó ayer que la decisión "firme" sobre la "necesidad o no" se tomará a la vuelta de las vacaciones.
El consejero negó que sus palabras pudieran interpretarse como una desautorización a la responsable de Obras Públicas. "En septiembre u octubre decidiremos si se hace un decreto de recopilación de toda la normativa existente", dijo Zarrías, ya que estas instalaciones deben someterse a los planes generales de la Ley de Ordenación del Territorio, Ley de Vivienda y Suelo, la normativa deportiva -anchura de las calles y los greens- y los estudios de impacto medioambiental -obligatoriedad de utilizar agua reciclada-.
Anticipación
Fuentes del PSOE apreciaron ayer una cierta anticipación de la consejera al considerar innecesario el decreto, algo que estimaron lógico desde el punto de vista de Obras Públicas, pero que no responde a la opinión del "conjunto del Gobierno". Desde la perspectiva de la ordenación urbanística, competencia de este departamento, se persigue evitar que los campos de golf sirvan como excusa, como ha ocurrido hasta ahora, para el desarrollo de promociones inmobiliarias en suelo no urbanizable que acaban consolidándose como núcleos de residencia habitual que requieren equipamientos básicos que los promotores no contemplan.
El decreto por ello iba a prohibir las urbanizaciones vinculadas a los campos de golf, y permitir sólo algún equipamiento hotelero de baja densidad. Pero la consejería de Obras Públicas ha considerado que con las últimas reformas de la LOUA ya hay instrumentos suficientes para impedir las urbanizaciones, por lo que no es necesario un decreto específico.
En el proceso de elaboración del decreto se han evidenciado diferencias de criterio entre las consejerías afectadas, especialmente entre Turismo y Deportes y Obras Públicas, que también se manifestaron con ocasión de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que eliminó las diferencias en las condiciones urbanísticas entre las viviendas de primera y segunda residencia.
El portavoz de Los Verdes en Málaga, Ángel Rodríguez, insistió en recordar al PSOE su compromiso para elaborar el decreto sobre campos de golf, y dijo que el anuncio de la consejera "confirma nuestros peores acerca del resultado que podría obtener la presión combinada, continuada y coordinada de la Consejería de Turismo, alcaldes, promotores y constructores que han constituido un auténtico lobby que no ha dejado en paz a Obras Públicas hasta conseguir su objetivo".
Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, no promulgar el decreto sería "una concesión a los grandes especuladores y promotores urbanísticos". IU anunció que pedirá en el Parlamento que se elabore el decreto porque no hacerlo es "abrir la puerta a la arbitrariedad".
