Una baliza de frenado en la curva habría evitado el accidente

El contraste de los documentos de conclusiones presentados por los grupos de la oposición -PSPV-PSOE y Esquerra Unida- con el del PP no puede ser mayor, tanto en lo que se refiere a las causas del accidente como a las condiciones de seguridad de la línea 1. Los dos grupos hacen referencia a la prisa del PP por cerrar la comisión de investigación con unas conclusiones preestablecidas en su "verdad oficial", consideran que sí existen responsabilidades políticas y critican que nadie haya dimitido -ni en el Consell ni en la empresa pública FGV- a pesar de que el accidente provocó 43 víctimas mortales.

Al analizar el desarrollo de la comisión de investigación, los socialistas explican que la lista de comparecientes que aprobó el PP -que vetó a diversos expertos y técnicos que proponían los grupos de la oposición- quedó dividida en dos bloques: de un lado, la empresa "ejerciendo de juez y parte en esta investigación, excepción hecha de los trabajadores", y de otro, el resto de comparecientes propuestos por el Grupo Popular, a excepción de uno procedente de la propuesta de Esquerra Unida. Respecto a estos últimos, el PSPV señala que previamente no se les facilitó documentación alguna, de manera que muchos de ellos tuvieron que deponer con los solos datos del caso que pudieron obtener de los periódicos.

Se ha "constatado la voluntad del Grupo Popular de evitar la pluralidad de opiniones", se ha "negado el estudio de documentación necesaria" para esclarecer lo ocurrido, se ha "impedido la comparecencia del presidente de la Generalitat" y se ha "evitado que la investigación se pudiera realizar en toda la extensión que se merece el mayor accidente de metro de la historia de España".

Los socialistas consideran que el tramo de la curva en que se produjo el accidente "presentaba y evidenciaba un riesgo que no fue detectado por la empresa". Y señalan que si FGV "mantiene que la velocidad excesiva, por inexplicable que resulte, es la única causa del accidente, pero a la vez sostiene que no puede garantizar que ningún tren pueda volver a pasar a esa misma velocidad por ese mismo tramo de vía, es obligatorio concluir que la línea 1 precisa urgentemente de relevantes mejoras en sus sistemas de seguridad mediante el pleno desarrollo del sistema FAP con la instalación de balizas fijas". Y añaden que ante las deficiencias de los sistemas de seguridad de la línea detectados, las carencias de los programas de formación de los maquinistas y las prioridades de la política de inversiones de la Generalitat en FGV se concluye que el accidente "hubiera podido evitarse de haberse actuado con anterioridad" y que la seguridad "falló".

El PSPV reclama una auditoría externa sobre la seguridad de la línea. Y concluye que sí que existen responsabilidades políticas, que concreta en el consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.

Mientras, Esquerra Unida pide directamente la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que acusa de haberse "ocultado" y de haber "huido de sus responsabilidades". EU considera que el accidente podría haberse evitado con una mayor inversión en seguridad en la línea 1, y con la colocación de balizas en los puntos adecuados, como en la fatídica curva. En este sentido, remarca que después del siniestro la empresa ha decidido instalar balizas en el túnel de la línea 1, lo que, en su opinión, equivale a reconocer que con ellas y con más inversión en seguridad "el accidente se podría haber evitado". EU recuerda también que muchas demandas en materia de seguridad realizadas por los sindicatos de FGV no han sido atendidas por la empresa, debido a su escasa "cultura de seguridad". Y alude a la "falta de voluntad política" del Consell del PP en relación con los servicios públicos.

Por todo ello, EU propone la instalación inmediata de balizas de frenado, la mejora de la formación del personal, más transparencia y participación en la empresa pública y, por supuesto, que "alguien" se haga responsable de lo sucedido.