El exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento

El documento de 63 folios con las conclusiones del Grupo Popular sobre la comisión de investigación del accidente del metro de Valencia, que el PP presentó ayer, casi media hora antes de que concluyera el plazo establecido para hacerlo, no aporta sorpresa alguna y se atiene a la versión oficial que el Consell y los populares valencianos han defendido desde el mismo día del siniestro. El dictamen se compone de una introducción con los antecedentes de derecho, seguida de una relación de los pasos dados en las Cortes para la creación de la comisión de investigación, con su calendario y la relación de comparecientes y de los documentos reclamados. A continuación, hace una valoración de la documentación recibida -el Consell y FGV "han cumplido en tiempo y forma" y con "eficacia"- y de un análisis de las comparecencias, agrupadas por jornadas. Y termina con 15 conclusiones.

La primera explica los antecedentes de la línea 1 -desde la transferencia de la antigua empresa estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) hasta la construcción del túnel-, todo ello para poner de manifiesto las malas condiciones en que se encontraba la infraestructura y para apoyar la tesis del PP de que no es un metro, sino un tren de cercanías. Una diferencia en la que los populares y la Generalitat se han apoyado desde el primer día.

La segunda explica que en 1993, FGV decidió instalar en esa línea un sistema de Frenado Automático Puntual (FAP), mientras que un año antes había previsto el sistema ATP para las líneas 3 y 5. "Durante 18 años han circulado por la línea 1 más de dos millones de trenes", señala el PP, sin que se produjera ningún accidente en el tramo Plaza de España-Jesús y añade que en ese tiempo "nadie había denunciado o advertido que fuera insegura". De ahí la tercera conclusión: "La línea 1 es segura".

La cuarta hace referencia a las causas del accidente: "Ha sido el exceso de velocidad. Todas las pruebas conducen a la misma conclusión", señala el documento, que menciona los datos extraídos de las cajas negras del tren, que revelaron que en el momento del accidente circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad está limitada a 40. Y añade que "las investigaciones realizadas hasta la fecha descartan que pudiera concurrir algún fallo mecánico, técnico o de conservación, o cualquier otro motivo". Así, la velocidad fue el factor "desencadenante", según el PP, que, eso sí, se cuida en añadir: "Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la investigación judicial en marcha".

Los populares señalan, en la quinta conclusión, que FGV "ha cumplido correctamente sus responsabilidades" en cuanto a las revisiones del material móvil y de las vías, mientras la sexta refiere que el maquinista que conducía el tren, Joaquín Pardo Tejedor, que pereció en el accidente, contaba con la cualificación profesional adecuada y había superado todas las pruebas.

De ahí que la siguiente conclusión indique que de las anteriores se desprende que fue un accidente del que "no se deriva ninguna responsabilidad política". Y ello, añade, porque, por una parte, el sistema de frenado instalado es el adecuado para esa línea y, por otra, porque la política del Consell ha sido "la constante mejora de la seguridad de la línea, como demuestran todas las inversiones que la Generalitat ha realizado para mejorar su infraestructura, superestructura, instalaciones...". Eso sí, diferencia dos etapas: la primera, hasta 1995 -año en que los socialistas abandonaron el Gobierno autónomo y dieron paso a los populares-, en la que se invirtieron 22,18 millones de euros. Y la segunda, desde aquel año hasta ahora, en que las inversiones han sumado 162,785 millones.

Las demás conclusiones del dictamen del PP mencionan el buen funcionamiento del sistema de emergencias el día del accidente y la atención a las víctimas. Además, pide al Consell que agilice la implantación de las medidas de seguridad previstas, que presente una ley que regule todo lo relacionado con los ferrocarriles autonómicos y que cree una agencia de seguridad de todos los modos de transporte. También propone que una ley estatal regule los criterios de seguridad de los ferrocarriles.