El Tribunal de Cuentas detecta numerosas anomalías en el Ayuntamiento de El Puerto
La mitad de las obras promovidas por el consistorio fueron adjudicadas a dos empresas
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) adjudicó obras por valor de 8,6 millones de euros a dos sociedades anónimas entre los años 1995 y 2000, etapa en la que gobernaba con mayoría absoluta Hernán Díaz, de Independientes Portuenses (IP), condenado por prevaricación. El 49% de esa cantidad (4,2 millones) fue contratado "sin publicidad" y por "procedimientos negociados". Además, estas dos compañías, de las que no se facilita su identidad, se beneficiaron de la mitad del total de obras promovidas por el consistorio (168 millones de euros) durante ese periodo, según un informe del Tribunal de Cuentas conocido la víspera de la elección del nuevo alcalde portuense.
Éstos son datos que figuran en el informe del órgano auditor del Estado aprobado el pasado 20 de julio y en el que se detectan numerosos fallos contables, de procedimiento y gastos no justificados en la administración local portuense y sus empresas municipales.
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María es el segundo de Andalucía auditado por decisión propia del Tribunal de Cuentas, después del de Marbella (Málaga). Otros 28 ayuntamientos en España se encuentran bajo su lupa.
El informe, de 317 páginas, se detiene especialmente en la gestión de la sociedad municipal Impulsa El Puerto, dedicada a la promoción económica de la ciudad y la gestión de suelos industriales. Según el estudio, la empresa realizó gastos, propios o generados por el Ayuntamiento, por valor de, al menos, 180.000 euros "de los no consta justificación" y "adoptó decisiones del ámbito competencial del Ayuntamiento" en materia urbanística, como actuaciones de "planeamiento y de ordenación del territorio relativas a un campo de golf".
Además, Impulsa vendió "la totalidad de la superficie" incluida en una parcela en el polígono comercial de La Isleta, de unos 5.000 metros cuadrados, a dos grandes superficies, "no constando que se ofrecieran dichos terrenos al mercado, ni que se promoviera la concurrencia". La empresa municipal vendió los suelos a diferentes cantidades, "siendo el precio aplicado en una de las operaciones un 44% más bajo que en la otra", según la auditoría.
El informe señala, entre otras anomalías, que en el Polígono Industrial de las Salinas, la empresa municipal vendió suelos "a un precio inferior al de referencia, sin que exista relación alguna entre los precios y el ejercicio de la venta, y sin que se hayan tenido en cuenta las características de las fincas".
El Tribunal de Cuentas advierte que Impulsa compró terrenos para el desarrollo de un campo de golf en las fincas Laborde y Cerro de las Cabezas que más tarde fueron vendidas a una sociedad de capital privado, en un proceso en el que "existió falta de transparencia en las negociaciones" y que la sociedad municipal "no ha aportado estudios técnicos ni documentación que permitan conoce las negociaciones mantenidas". Según el informe, la empresa municipal pagó por el primero de los terrenos 2,7 millones de euros, 1,3 millones más que los ofrecidos en subasta.
Precio superior
El órgano fiscalizador señala que la empresa celebró durante el periodo auditado contratos de obras y servicios por valor de 33,1 millones de euros "sin haber garantizado, con carácter general, la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia a los que deben ajustarse las sociedades mercantiles públicas". El presupuesto del Ayuntamiento de El Puerto entre 1995 y 2000 osciló entre los 14,9 millones de euros y los 10,1 millones, debido al plan de saneamiento al que estaba sujeto.
La auditoría apunta también irregularidades en la gestión de la empresa municipal de suelo y vivienda, Suvipuerto, sobre la que asegura que "no existe constancia" de haya dado publicidad a sus promociones, tanto de viviendas de protección oficial como las realizadas fuera del régimen de protección público.
La compañía "no contó con ningún procedimiento normalizado para la adjudicación de las viviendas" y vendió el 5% de los inmuebles de protección oficial a un precio superior al máximo autorizado, obteniendo "unos ingresos contrarios a la normativa de 10.298 euros".
