Obras Públicas impugna las licencias para siete torres de viviendas en San Fernando

La Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Cádiz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para reclamar la nulidad de las licencias que el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha concedido a una promoción de viviendas en la zona conocida como La Casería. Son siete torres de 16 plantas y 270 unifamiliares que promueve Arenal 2000, empresa propiedad de Rafael Gómez, uno de los detenidos en la última fase de la operación Malaya contra la corrupción en Marbella.

La Junta observa en esta operación "diversas irregularidades urbanísticas". El Ayuntamiento, gobernado por el PA, aprobó en 2003 un plan parcial para sacar adelante esta promoción. Según Obras Públicas, lo hizo sin ajustarse a las determinaciones de la Comisión Provincial de Urbanismo. El principal reparo que pone la Junta es el efecto pantalla que causan estas torres con vistas a la Bahía de Cádiz.

El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, había reclamado hace tres meses que el Ayuntamiento revisara el acuerdo que aprobó el plan parcial y anulara las licencias de las obras concedidas. Sin embargo, el Ayuntamiento no actuó, al considerar que la operación es legal y se ajusta a las directrices de otras Administraciones como el Ministerio de Defensa o la Consejería de Medio Ambiente, con las que se han llegado a acuerdos para sacar adelante esta promoción. "Tenemos hasta una firma del propio delegado de Obras Públicas", aseguró ayer el portavoz del equipo de gobierno andalucista, Francisco Romero. El Ayuntamiento atribuye este recurso a una "persecución política" y a un intento de "distraer la atención sobre otras irregularidades urbanísticas en ayuntamientos gobernados por el PSOE".

Las torres siguen construyéndose, a pesar de la oposición de la Consejería de Obras Públicas. Carteles donde se promociona la venta de las 348 viviendas siguen visibles en diversos puntos de la bahía gaditana.