González Pons y el alcalde de L'Alfàs eluden comentar la sentencia que obliga a derribar la mitad de un hotel

El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, "no valorará sentencias judiciales". El máximo responsable del urbanismo valenciano declinó ayer referirse a la decisión de un juzgado de Alicante que obliga a derribar la mitad de un hotel de L'Alfàs del Pi (Marina Baixa) por haber duplicado la edificabilidad contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Su antecesor en el cargo, Rafael Blasco, impuso una multa de 12 millones de euros al hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa por un caso similar, aunque en diferentes proporciones. Blasco se encargó de proclamar que la medida del Atrium era un "ejemplo" de la actitud del Consell de Francisco Camps ante las irregularidades urbanísticas, aunque la cantidad todavía no ha sido abonada al Consistorio vilero por la empresa infractora, Hotel Luna. Pero Pons mostró ayer una actitud más condescendiente con la promotora de L'Alfàs del Pi, Amarcalia S.L., en la misma línea del alcalde del municipio, Gabriel Such, también del PP. El primer edil tampoco quiso valorar la sentencia alegando que la estaba estudiando junto a los servicios jurídicos municipales. Será esta mañana, tres días después de conocer la decisión judicial, cuando exponga su postura en una rueda de prensa.

La promotora alega que la licencia municipal de obras autorizaba el exceso de edificabilidad

El hotel, en primera línea de la playa del Albir, se encuentra abierto al público desde 2003 gracias a una licencia definitiva por silencio administrativo concedida bajo mandato del PP. La sentencia obliga al Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi a restablecer la legalidad urbanística y acepta el recurso presentado por dos ediles socialistas, que culpan al alcalde de ser permisivo con el establecimiento. La última palabra en materia de ordenación, al igual que en el caso del Atrium Beach, la tiene la Consejería de Territorio, que aprobó en última instancia la modificación al plan parcial de 1999 que dejaba en situación ilegal al edificio, ya en construcción.

La responsable de la empresa promotora, Asunción Illa, demandada junto al Ayuntamiento por los socialistas, se mostró ayer segura de que ni el alcalde ni el Consell tomarán medidas contra lo ya edificado. Illa aseguró que el Consistorio "no puede acordar ninguna demolición porque el hotel se ha construido según lo autorizado por la licencia urbanística concedida en su día", e indicó que la sentencia "ordena al Ayuntamiento a dictar la resolución que legalmente corresponda y ponga fin al procedimiento", a lo que añadió: "Sólo eso". La propietaria recordó además que la licencia de apertura le da legitimidad para mantener abierto el hotel.

El PSPV asegura que además de consentir un exceso de 7.000 metros cuadrados en la volumetría, el PP está tolerando otras irregularidades. El alcalde emitió el 22 de diciembre de 2003 un decreto de paralización de unas obras en la última planta del edificio, consistentes en una piscina climatizada, gimnasio, sauna y salón de belleza. Unos trabajos considerados ilegales en los informes que el alcalde esgrimía en la orden. La dueña, según el PSPV, hizo caso omiso de la orden y finalizó las obras sin que el gobierno local tomara ninguna medida. El expediente ya ha caducado y los servicios construidos forman parte de la oferta del hotel.

Illa, que mantiene 40 habitaciones inutilizadas, ha denunciado por daños y perjuicios al Ayuntamiento por las pérdidas que le ocasionó la paralización durante casi dos años -2001 y 2002- de las obras del hotel.