Un órgano consultivo rural alteró el plan que permite la mina del parque de Aizkorri
Landaberri, participada por el Gobierno y las diputaciones, aprobó el cambio hace un año
Un órgano público de desarrollo rural, Landaberri, fue el que cambió el plan de ordenación del parque natural de Aizkorri-Aratz para permitir la explotación de una mina de calcita en su corazón. Landaberri, en la que participan el Gobierno y las tres diputaciones, incluyó esta posibilidad hace poco más de un año al modificar un artículo del plan de ordenación. El cambio fue adoptado por unanimidad en una reunión a la que no acudió la Diputación de Álava. La consejería de Medio Ambiente reunirá en septiembre a su consejo asesor, Naturzaintza, para abordar lo ocurrido.
El proyecto de la mina de Ilarduia, ubicada en un espacio singular del parque natural de Aizkorri-Aratz, fue impulsado en 2004 por la sociedad pública EVE (Ente Vasco de la Energía) y una empresa privada, Sainsa, propiedad de la familia alavesa Echave. Este grupo empresarial, que ya explota una cantera, llegó a ofrecer al concejo de Ilarduia -perteneciente al municipio de Asparrena- un canon anual que podría llegar a los 60.000 euros a cambio de facilitar la explotación. La iniciativa causó un gran rechazo social, hasta el punto de que el concejo convocó un referéndum que rechazó la propuesta. Los promotores anunciaron la retirada "temporal" del proyecto en noviembre de 2004, pero el Departamento de Industria aseguró un mes después que no había descartado esta explotación.
La polémica se reabrió en mayo pasado, cuando se conoció el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural. A diferencia del informe preliminar, el documento definitivo incluía un párrafo que permitía la posibilidad explotar el yacimiento de calcita mediante "laboreo suberráneo". Esta coletilla no aparecía en el informe que había sido aprobado en noviembre de 2004 por Naturzaintza (el consejo asesor de conservación de la naturaleza del País Vasco, en el que están representantes de la Admi nistración y agentes sociales) ni por la Comisión de Ordenación del Territorio, que lo aprobó el 25 mayo de 2005.
Por unanimidad
La alteración se produjo un mes después de esta fecha, el 20 de junio de 2005. Ese día se celebró una reunión de Landaberri, un órgano consultivo en el que están las consejerías de Agricutura, Medio Ambiente e Industria del Gobierno vasco, las tres diputaciones y varios ayuntamientos. Esta entidad se constituyó a finales de los 90 y realiza informes, preceptivos pero no vinculantes, para asuntos relaciones con el medio rural. Por ello, debe emitir su opinión sobre los nuevos parques naturales.
El informe sobre el plan de ordenación de Aizkorri-Aratz ya se trató en la anterior reunión de Landaberri, el 30 de noviembre de 2004 pero no hubo acuerdo por las discrepancias de sus miembros. El acta de la reunión del 20 de junio de 2005 señala que, "tras un pequeño debate", se alcanzó un acuerdo unánime en el que se informa favorablemente del plan, pero con un cambio en el artículo 6.3.5. Frente a la redacción original que prohibía taxativamente las actividades extractivas en el parque, el nuevo texto señalaba que no se permitirán "con carácter general las actividades extractivas a cielo abierto". Estas tres últimas palabras dejan abierta la posibilidad de la explotación subterránea del yacimiento de calcita, como proyectan los promotores. Pese a que el informe no era vinculante, Medio Ambiente introdujo, en el definitivo plan de ordenación, otro cambio en el artículo 9.1 -el referido a las excepciones en las actividades en el parque-, que permitie "la extracción de recursos minerales mediante laboreo subterránes, sin afección a la superficie".
En la reunión de Landaberri de hace un año sólo faltó el diputado de Agricultura de Álava, además de dos alcaldes. La Diputación alavesa, que ha mostrado una actitud muy beligerante por los cambios en el plan y ha anunciado que acudirá a los tribunales si no se anulan, recibió posteriormente el acta de lo aprobado, pero no hizo nada.
El Departamento de Medio Ambiente ha afirmado en las reuniones celebradas con diversos colectivos sobre este asunto que el plan procedía del anterior equipo, dirigido por Sabin Intxaurraga, uno de los asistentes a la reunión de Landaberri. La consejera Esther Larrañaga ha señalado en una respuesta parlamentaria que su posición es "inequívocadamente contraria" a la explotación de la mina.
Aunque no se reconoce públicamente, todo apunta a que el nuevo equipo de Medio Ambiente no se percató del cambio en el plan de ordenación, probablemente como le ocurrió a la Diputación de Álava con el acta de Landaberri donde se alteró el documento original.
