Tres escenarios para la disputa entre PSOE y PP

El Gobierno central y las administraciones regional y local reeditaron ayer tres escenarios para la disputa a 10 meses de las elecciones de 2007: la Operación Chamartín -que supone la prolongación del paseo de la Castellana hacia el norte-, las deficiencias en la red eléctrica -los apagones de la última semana han afectado a 200.000 personas- y las obras de ampliación de la carretera M-501 -denunciadas ante la Unión Europea por IU y grupos ecologistas-.

Ayer, el Ministerio de Fomento (PSOE) puso sobre la mesa una propuesta para desbloquear la Operación Chamartín. Reiteró que invertirá en transportes con las plusvalías del proyecto y reclamó el cambio de uso de la zona para construir 2.000 viviendas de precio protegido. Ayuntamiento y Comunidad (PP) respondieron reclamando un convenio de infraestructuras que invierta en el propio ámbito de la Operación Chamartín -y no en otras obras de Fomento- las plusvalías obtenidas por la venta de suelo público. Los beneficios estimados son de 1.200 millones de euros para el ministerio y algo más de 7.000 millones para el socio privado: Desarrollos Urbanísticos Chamartín (Duch).

No hubo acuerdo, y las tres administraciones se citaron de nuevo para el mes de septiembre. Y eso que para Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, éste es "el mejor acuerdo posible". No así para el Gobierno de Esperanza Aguirre, que asegura que todas las inversiones en transportes ofrecidas por Fomento ya estaban comprometidas de antemano.

Tampoco hay consenso en el conflicto con el sector eléctrico. Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Asamblea, denunció ayer -tras reunirse con el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura- que Aguirre tiene bloqueados 65 millones de euros resultantes de dos convenios para mejoras en la red. El PP lo niega. Afirma que no hay ningún bloqueo por su parte y da otras cifras: según el Gobierno regional, sólo están pendientes de invertir 2,1 millones que el Estado le adeuda de las tarifas de 2004 y 7,2 millones por las de 2005. A la espera de que lleguen, asegura, ha pedido a las compañías que inviertan lo necesario en mejoras de la red.

Junto con el urbanismo y la energía, el medio ambiente se ha convertido en otro escenario de disputa entre administraciones. La M-501 -y en concreto la reforma de la variante de Pelayos de la Presa- es objeto otra vez de polémica. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, está en contra de las obras para ampliar el tramo de autovía, por los graves daños medioambientales que, en su opinión, provocará en esta zona de gran valor natural. El ministerio reclama una declaración de impacto ambiental.

Los ecologistas agrupados en la plataforma Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible denuncian -apoyándose en los datos de un informe hidrogeológico del Colegio Oficial de Geólogos- que ya se han producido importantes daños. Según ellos, las obras han afectado al acuífero, y por tanto al suministro y la calidad del agua. La Comunidad replica que la obra es necesaria para rebajar los accidentes en carretera.