Espadas en alto en la Operación Chamartín

El Consorcio de la Operación Chamartín, integrado por las tres administraciones y la entidad privada Duch, se reunió ayer dos años después de su última fallida cita -el 11-M de 2004- para tratar la propuesta de modificación del Plan Parcial en la zona. El objetivo, introducir el cambio planteado por el Ministerio de Fomento para destinar 142.000 metros cuadrados edificables a 2.000 viviendas de precio protegido en alquiler.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, ha dicho: "Ya pueden repicar o aplaudir la Comunidad y el Ayuntamiento, que la operación va para adelante". Sin embargo, sin el visto bueno de las administraciones locales, eso no es posible. El Ayuntamiento, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, es el competente para aprobar el plan parcial -que regulará los diferentes usos del suelo-, y la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, vetaría el desarrollo si no se garantiza la sostenibilidad.

El PP exige que los beneficios de la venta de suelo se destinen a desarrollar la zona

Según Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, el acuerdo que ofrece el ministerio es el "mejor que existe": los beneficios que obtendría el Gobierno central por la venta de su suelo a Duch alcanzarían los 1.200 millones; de ellos, 249 millones se destinarían a esas 2.000 viviendas baratas, y con el resto se financiarían distintas actuaciones ferroviarias en Madrid: la conexión entre Atocha y Chamartín, la adaptación de las instalaciones ferroviarias de Chamartín, mejoras en cercanías, el nuevo acceso ferroviario a la T-4 o las nuevas instalaciones en Fuencarral.

Pero Pilar Martínez, concejal de Urbanismo, quiere una fórmula similar a la que se adoptó en la Operación Campamento, en la que el 50% de las plusvalías generadas se destina a mejoras en el propio ámbito. El Ayuntamiento no está dispuesto a aprobar la modificación del plan parcial hasta que no se firme ese convenio de infraestructuras para la zona.

La Comunidad denuncia, por su parte, que el Gobierno central pretende financiar con las plusvalías de esta operación "proyectos que ya están en marcha" y que nada tienen que ver con ella.