Valores en conflicto

LA PROPUESTA DE CONTENIDOS de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, que sería impartida con carácter obligatorio en un curso de primaria y dos de secundaria, ha reactivado la ofensiva eclesiástica contra la política de enseñanza del Gobierno; el plazo de cortesía concedido a la nueva ministra, Mercedes Cabrera, apenas ha durado tres meses. No siempre es fácil separar los intereses económicos en juego y los valores inmateriales en conflicto de las batallas libradas por la Iglesia contra el Estado. Mientras las patronales católicas del sector -la FERE-CECA y la CECE- denuncian una maniobra socialista cuyo propósito sería controlar la transmisión de los valores y el Foro Español de la Familia (FEF) invita a los padres a ejercitar llegado el caso la objeción de conciencia contra las clases que impartiesen la disciplina, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) rechaza la invasión por el Gobierno del territorio de la moral.

El cardenal primado y el presidente del PP expresan su temor a que la nueva asignatura sirva de instrumento para hacer del laicismo excluyente la ideología oficial de la escuela pública española

Esta refriega es la otra cara de la pelea en torno al estatuto académico de la asignatura de religión. Durante su segundo mandato, Aznar alteró unilateralmente el difícil equilibrio alcanzado en 1978 entre el carácter aconfesional del Estado y sus relaciones de cooperación con la Iglesia católica (plasmado en el artículo 16 de la Constitución) y entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza (instrumentado por el artículo 27). La mayoría absoluta del PP resolvió que la asignatura de religión (de oferta obligatoria para los centros y demanda voluntaria para los alumnos por mandato constitucional) fuese equiparada, a todos los efectos evaluativos, con disciplinas como las matemáticas o la lengua; el libre nombramiento y cese por los obispados de los profesores de religión católica -pagados con fondos presupuestarios e indemnizados en caso de despido también por el Estado- rebajaban la supuesta asignatura formativa a la condición de mera catequesis adoctrinadora. El Gobierno de Zapatero se limitó a cumplir su promesa electoral de suspender la aplicación de una norma que había roto el anterior consenso.

La estrategia seguida por el PP a lo largo de la legislatura para restablecer la alianza entre el Trono y el Altar tiñe irremisiblemente ese conflicto de política partidista. El cardenal primado, Antonio Cañizares, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, acudieron agarrados de la mano a un curso veraniego sobre la enseñanza religiosa escolar para confirmar la identidad programática de la Conferencia Episcopal y el principal partido de la oposición en materia educativa. Mientras el purpurado enmarcaba el conflicto dentro del ámbito de "una auténtica revolución cultural que pretende el silenciamiento de Dios", ambos comparecientes comunicaron a los periodistas su temor a que la nueva asignatura sea un instrumento para convertir el laicismo excluyente en la ideología oficial de la escuela pública española.

Todo hace suponer que el PP se dispone a unir sus fuerzas con los halcones de la Conferencia Episcopal bajo la bandera común del rechazo a la nueva asignatura, como sucedió durante esta legislatura a propósito del matrimonio homosexual y la ley de educación. Las eventuales manifestaciones convocadas por esa Santa Alianza crisparían la vida pública según las calenturientas líneas de fuerza ideológicas y políticas ya conocidas; la manipulación de este nuevo conflicto dirigida exclusivamente a desgastar al Gobierno tendría efectos desastrosos para una discusión racional sobre la nueva asignatura. Es cierto que los necios paralelismos trazados por los chistosos de turno entre la Formación del Espíritu Nacional del franquismo y la proyectada Educación para la Ciudadanía de la democracia no hacen sino poner de relieve las convicciones íntimas de esos dicharacheros que meten en el mismo saco la dictadura y la libertad o los Principios del Movimiento Nacional y la Constitución de 1978. Abstracción hecha de los buenos propósitos de los inspiradores de la iniciativa, hay buenos argumentos, sin embargo, para recomendar prudencia en el diseño definitivo de esta propuesta educativa sobre cuya oportunidad el Consejo Escolar del Estado no logró en su día ponerse de acuerdo.