El pacto de residuos acaba en la basura

El pacto para desbloquear la gestión de los residuos entre los dos partidos mayoritarios ha acabado en la basura un año después de que lo firmaran el presidente del Consell, Francisco Camps, y el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, animados por el consenso en torno al nuevo Estatut d'Autonomia. El consenso es precisamente el compromiso clave sobre el que se cimentó un acuerdo que pretendía poner fin a partir del 7 de julio de 2005 a los conflictos sociales y al largo enfrentamiento político por la planificación de los vertederos y las plantas necesarias para tratar la basura de los valencianos.

Y consenso es también lo que ha faltado para mantener un pacto que comenzó a resquebrajarse nada más arrancar con la decisión del Consell de impulsar una incineradora en la localidad castellonense de Vall d'Alba. La misma instalación que ha paralizado el PP esta semana ante el rechazo vecinal y de sus alcaldes, que han achacado esa resistencia a "una salvaje campaña de mentiras" de los socialistas. A estas declaraciones siguió el jueves el anuncio de Pla de que su partido daba por "roto" el pacto de residuos.

La incineradora ha sido la guinda a una política del Consell al margen del acuerdo

"La utilización política de los residuos que ha hecho Camps es indecente y nos ha obligado a romper definitivamente un acuerdo que el PP ha hecho inviable desde el primer día", resume el secretario de Medio Ambiente socialista, Francesc Signes. "No tiene justificación, se quería romper desde el principio y había que buscar una excusa", asegura el director general de Calidad Ambiental, Jorge Lamparero.

El pacto no se estancó desde el principio, pero casi. El PSPV ya advirtió en septiembre de 2005 que la participación de la Generalitat en una incineradora de basuras no prevista en ningún plan podía llevar a la ruptura del acuerdo de dos meses antes. Los socialistas, que rechazan esta técnica de eliminación, acusaron al entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, de incumplir como poco el espíritu del pacto, que preside la voluntad de acordar las nuevas instalaciones en los consorcios de municipios creados para cubrir las necesidades de cada zona, y facilitar la participación social. Pese a ello, Blasco creó la empresa Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos SA, junto con Lubasa e Inversiones y Estudios Caaz, SL, y la sociedad pública Vaersa. El consejero se situó como presidente y mantuvo su apuesta hasta que la alarma empezó a agitar a los vecinos de Vall d'Alba, gobernada por el PP, y a municipios cercanos que se han atribuido el logro de la paralización.

La incineradora ha sido la guinda de una política de la Generalitat en Castellón al margen del pacto de residuos y de las previsiones de plantas de tratamiento de los planes zonales en que está dividida la Comunidad Valenciana. Blasco avaló otros tres proyectos, fuera de consenso, para otras tantas plantas de residuos tóxicos y peligrosos en un radio de 50 kilómetros, que convertiría esta área entre Fanzara, Les Coves de Vinromà y La Salzadella, en destino del 28% de las basuras de este tipo del país. A las protestas de las plataformas ciudadanas se ha unido un Ayuntamiento del PP, el de Sant Mateu. Otros empiezan a posicionarse, y los colectivos de protesta, conscientes de que la cercanía de las elecciones juega a su favor, creen demostrado que el rechazo "es una cuestión de lógica, no de partidos".

A las fricciones entre socialistas y populares por los proyectos de Castellón se une una larga lista de desencuentros en torno a los vertederos en Dos Aguas, la ampliación de la planta de Guadassuar, la ausencia de consejos sociales de participación en los consorcios, la creación aplazada de la Entidad de Residuos, la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR)... Asuntos a encauzar por una comisión de seguimiento que quedan sobre la mesa.

El acuerdo debía "sacar los residuos del debate político" y dar paso "al diálogo", apunta Signes, que considera que la gestión de la basura sigue sumada en un caos. "Incluso los alcaldes del PP han plantado cara a Camps", destaca. "El proceso de concertación no es tal, las cosas importantes no se hablan en la comisión de seguimiento", se queja Damià Oliver, responsable de política institucional del Bloc, que se unió al pacto en septiembre de 2005 y que ahora "revisará" su postura.

El sindicato CC OO-PV se acercó al pacto, pero quería ver cumplidos antes "unos requisitos" sobre la revisión del PIR y una amplia participación social en la gestión de residuos que no se han dado, constata Juan Martínez, secretario de salud laboral y de medio ambiente. Escépticos de principio a fin se manifestaron UGT y EU-L'Entesa. "La Generalitat, de alguna manera, buscaba una ventaja política", critica Miguel Llanos, responsable de medio ambiente de la ejecutiva de UGT-PV, que no ha visto voluntad de "implicar" a toda la sociedad. Ambos sindicatos, además, reprochan al Consell que no haya dado pasos para el PIR industrial. Ante este "fracaso", subraya el diputado verde Carles Arnal, no queda otra vía que incidir "en un auténtico pacto" que consensúe "de verdad, sin imponer", una política sostenible.

El PP rebate las críticas. "El pacto desde la Administración del PP se ha cumplido a rajatabla", dice Lamparero, y ha "impregnado el comportamiento de los municipios de distinto signo en los consorcios", que se han constituido, aprobado estatutos y lanzan los proyectos de instalaciones con amplio acuerdo. La ruptura de socialistas y PP pondrá a prueba el desarrollo de estas plantas y vertederos tan necesarios desde hace años como el consenso social.