Los promotores advierten de que la Ley del Suelo encarecerá un 4% las viviendas

La burbuja inmobiliaria en España quedará ligeramente tocada por la Ley del Suelo y no por el calentamiento del sector o la subida de tipos, según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Los promotores critican la cesión obligatoria de hasta un 15% del suelo urbanizable a los ayuntamientos más la reserva del 25% para vivienda protegida, y estiman un encarecimiento medio adicional del 4% en el precio de los pisos. Vaticinan, además, una caída de la actividad en el sector y una destrucción de empleo, que afectará sobre todo a los inmigrantes.

"Si la ley se aprueba en los términos que conocemos producirá efectos opuestos al fin que dice perseguir, el abaratamiento del suelo y el de la vivienda", repetía ayer con insistencia Guillermo Chicote, presidente de APCE.

Chicote lamentó que todas las alegaciones que han presentado al proyecto de ley han sido desoídas por el Ministerio de la Vivienda. Su lema es que el suelo debe estar completamente liberalizado para que los precios de la vivienda se aparten de la espiral al alza que registran en España, aunque la aplicación de este criterio en la ley de Rafael Arias Salgado [ex ministro de Fomento con el PP] no haya cumplido esas expectativas.

Chicote lanzó un discurso bidireccional. Criticó el informe del BBVA, que anticipa un ajuste brusco si la burbuja inmobiliaria continúa creciendo, y atribuyó la previsión de 850.000 nuevas viviendas visadas en 2006 a que los propios promotores han acelerado el paso para no cumplir los requerimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE) que entra en vigor el próximo mes de octubre.

Tampoco comparte la estimación de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de que el precio de la vivienda se sitúe en el 10,6%, según manifestó a Radio Nacional de España. Sus previsiones aseguran que no alcanzará "los dos dígitos".

Al margen de las previsiones sobre la tendencia de la burbuja (en Cataluña hay proyectadas 60.000 viviendas durante el primer semestre, un 18,7% más según el Colegio de Arquitectos), el foco de las críticas de APCE se dirige hacia el corazón del modelo de planificación del suelo que propone el proyecto de ley. Sostiene que se encarecerá un 4% de media (un 6% en grandes ciudades) el precio de las viviendas por la repercusión en el precio del suelo edificable, las cesiones obligatorias de suelo a los ayuntamientos, que la ley eleva del 10% al 15% y hasta un máximo del 20% (el precio del suelo repercute un 40% en las viviendas en general, y un 60% en las de Madrid y Barcelona). El encarecimiento se elevaría al 10% al aplicar el CTE y las placas solares.

Otro aspecto del proyecto de ley con impacto en el encarecimiento de los precios, según APCE, es el nuevo sistema de valoración de los suelos rústicos que cercenan las plusvalías generadas actualmente por las recalificaciones urbanísticas. Hasta ahora estas expectativas son garantía suficiente para que los bancos financien la construcción de viviendas. Chicote arguye que los préstamos para la promoción de las nuevas viviendas se endurecerán porque el valor del suelo como garantía hipotecaria se sumergirá en la incertidumbre.

Esta circunstancia, más el aumento de las cesiones de suelo a los ayuntamientos, el cambio de sistema de valoración de suelos y la reserva de un 25% de la edificabilidad para viviendas protegidas son para los promotores los elementos que encarecerán los precios de la vivienda. "Los promotores levantarán el pie del acelerador. Se traducirá en menor actividad, menos empleo, menor oferta de viviendas y aumento de los precios", concluyen en su valoración del proyecto de ley.

Grandes constructoras

Con estas premisas aseguran que los pequeños promotores están condenados a desaparecer o a fusionarse porque el futuro marco jurídico sólo "favorece" a las grandes constructoras que participan en obras públicas porque "su desembolso para expropiar los terrenos con destino a las infraestructuras será inferior". Otra consecuencia que los promotores inmobiliarios derivan del proyecto de ley sobre el suelo es que, al encarecerse, las promotoras y los inversores se redirigirán hacia el suelo urbano, menos transformable.

Las críticas de la APCE se extendieron a la moratoria de tres años de plazo máximo para el planeamiento de un suelo urbanizable, al cabo de los cuales perderá su condición. Creen los promotores que no se puede poner plazo, porque dependerá de las condiciones del mercado.

Chicote no olvidó referirse al caso Malaya y la corrupción urbanística de Marbella. Dijo que la culpa de estos casos se debe a la existencia de convenios urbanísticos, donde prima la discrecionalidad de los alcaldes.