Regímenes petroleros

Las elecciones generales celebradas en México representaron un grave retroceso en su avance democrático. El proceso estuvo viciado de principio a fin y sólo queda el veredicto último del Tribunal Federal Electoral que podría restablecer la legalidad de la elección, otorgar legitimidad a sus resultados y sentar las bases para la gobernabilidad del país.

La insurgencia ciudadana que ha comenzado a gestarse arrojó ya a las calles una multitud estimada en quinientas mil personas y para el pasado domingo se esperaba una asistencia dos veces mayor. En esta ocasión se desprendieron contingentes de los trescientos distritos electorales de la República, muchos de los cuales alimentaron la marcha de la capital.

Algunos hablan de "pinochetazo" incruento, cuando menos hasta ahora

Hay la sensación generalizada de haber sido víctimas de una "elección de Estado"

La exigencia social es un nuevo conteo de votos por parte del Tribunal, habida cuenta del crecido número de impugnaciones presentadas por diversos partidos. Para fundamentar esta demanda de recuento total se esgrimen también las llamadas causales genéricas, que no se relacionan directamente con las acciones fraudulentas y las manipulaciones cibernéticas cometidas el día de la elección, sino con las conductas previas de autoridades, partidos y candidatos que hayan violentado la legislación electoral.

El Tribunal anuló en tiempos recientes las elecciones para gobernador en los Estados de Tabasco y Colima, cuyos resultados fueron igualmente estrechos. En ambos casos justificó su fallo en el hecho de que las violaciones incurridas eran de tal manera "graves o trascendentes", que habían puesto en duda "la credibilidad y la legitimidad de los comicios" y que por lo tanto esas elecciones no eran "aptas para surtir efectos legales".

En efecto, el Tribunal Electoral tiene la facultad de declarar la validez de las elecciones, que hasta 1994 estaba reservada a la Cámara de Diputados. No podría ponerse en duda que la competencia para validar una elección supone la capacidad jurídica de invalidarla. Caso en el cual, conforme a la ley debiera convocarse a nuevas elecciones en un plazo de cuarenta y cinco días.

En la legislación mexicana la facultad concedida al respecto a la Suprema Corte de Justicia no es vinculante. Se la capacita no obstante para la averiguación de hechos que constituyan "violación del voto público", siempre que a su juicio "pudiera ponerse en duda la legalidad de todo un proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión". En ese caso, enviará los resultados de la investigación a los órganos competentes; esto es, al propio Tribunal.

Esta última disposición corresponde al papel asignado a la Corte en los casos de violaciones graves de los derechos humanos. Se basa en que el derecho al sufragio es una prerrogativa ciudadana inviolable. También, en la premisa mayor de que la potestad de elegir libremente a los gobernantes es el fundamento mismo de la soberanía.

Sin embargo, la demanda de la Coalición que postuló a López Obrador no apunta hacia la nulidad de la elección. Su reclamo es otro y corresponde a una extendida demanda social. Lo que pide es "limpiar la elección", exigencia que viene desde el histórico fraude de 1988. La gente no busca que el sufragio sea anulado, sino que sea respetado. De ahí la encendida popularidad del grito: "Voto por voto, casilla por casilla".

Hay la sensación generalizada de haber sido víctimas de una "elección de Estado". Lo que es más grave, se está perdiendo la confianza en el funcionamiento del sistema electoral que con tantos sacrificios fue construido para derrocar al antiguo régimen. Se estima que, en vez de haber impulsado la transición democrática, el Gobierno de Vicente Fox decidió emplear todos los recursos públicos a su alcance para permanecer en el poder.

Poco después de haberse instalado en la casa presidencial, Fox lanzó un proyecto que él mismo llamó "reeleccionista". Alfonso Durazo, quien fuera a la sazón su secretario particular y que luego habría de renunciar denunciando esos hechos, narra en su libro Los saldos del cambio los inicios de esa aventura cuya beneficiaria original era la esposa del presidente y su segundo destinatario el secretario de Gobernación. Finalmente recayó en Felipe Calderón, merced a las maniobras de los núcleos más facciosos del partido. La derecha pura y dura.

La gran paradoja es que el fracaso político del Gobierno y la patética mediocridad de su gestión no fueron óbice para la ejecución de un plan que asegurara su perduración política. Utilizaron sin escrúpulos las potestades que el sufragio les otorgó para actuar en contra de la voluntad ciudadana. No estaba errado aquel estudiante que, en protesta contra el intento fallido de desaforar a López Obrador, exhibió ante el rostro del presidente un letrero que rezaba "traidor a la democracia".

La conducta del Ejecutivo Federal y de los gobernadores del PAN no dejan lugar a dudas sobre su intención de suplantar al PRI y de convertir una incipiente transición democrática en una transición dinástica. Se fueron los Austrias y llegaron los Borbones, por tanto tiempo como las complicidades que han tejido se lo permitan. Se acabó el sistema de partido hegemónico y comienza el tiempo del dinero hegemónico.

Ésta es sin duda una elección ideológica destinada a implantar una "democracia hemipléjica", donde sólo la derecha pueda ejercer el poder nacional. Frente al avance de las izquierdas en América Latina se trata de conformar, en el país más estratégico de la región, un modelo político que, bajo la cobertura del sufragio libre, perpetúe un amasiato de poderes fácticos en la conducción del Estado.

Se ha dicho que la globalización se ha vuelto para algunos incompatible con la democracia, por las enormes desigualdades que genera y el dramático debilitamiento de las instituciones públicas en que se sustenta. Lo que se intenta es prolongar la vigencia del consenso de Washington, mediante la instalación de Gobiernos supeditados a un proyecto transnacional. Algunos hablan de "pinochetazo" incruento, cuando menos hasta ahora.

Un dato relevante es la utilización de los excedentes petroleros por el nuevo régimen para ubicarlos y repartirlos de acuerdo con estrategias electorales. En efecto, los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos mexicanos se incrementaron de 9,9 miles de millones de dólares en 1999 a 31,4 en 2005. Durante los años de esta administración el total de esos ingresos asciende a 119,86 miles de millones de dólares.

En un país con ingresos fiscales anormalmente bajos, esos recursos adicionales otorgan al Gobierno que los manipula un margen excepcional de maniobra política o militar. Ese fue el caso de Sadam Husein en Irak y de Hugo Chávez en Venezuela, con independencia del sesgo ideológico y de la naturaleza de los regímenes que implantaron. Esa es la clave a la que apuesta la nueva dinastía que pretende establecerse en México.

Visto desde la acera opuesta, esos recursos harían posible un programa de crecimiento económico con empleo decente, educación pública de calidad, avances científicos y tecnológicos, redistribución del ingreso y abatimiento de la pobreza. El camino de un Estado de bienestar que haría viable el programa de la izquierda y cambiaría las relaciones del país con la globalidad.

Esas son las razones por las que, más allá de un conflicto electoral, estamos frente a un evento histórico en el que se cifra el futuro de México y en buena medida el de América Latina.

Porfirio Muñoz Ledo es diplomático mexicano.