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El Gobierno explora vías de negociación con PP y PA para consensuar el Estatuto

Los socialistas andaluces celebran hoy otra reunión con sus diputados en el Congreso

Lourdes Lucio

El Gobierno andaluz ha iniciado contactos exploratorios con miembros del Partido Popular y del Partido Andalucista con el fin de ampliar el consenso sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por el Parlamento andaluz con los votos de socialistas e Izquierda Unida. Por el momento, estas conversaciones no han desembocado en reuniones formales. Paralelamente, los socialistas andaluces quieren antes de irse de vacaciones amarrar las enmiendas que presentará su grupo en el Congreso al texto de reforma. Hoy habrá nueva reunión.

El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, admitió ayer en conferencia de prensa que el Ejecutivo está trabajando "activa e intensamente" por "ensanchar" el consenso. También reconoció que para que ese trabajo dé resultados es conveniente "cierta prudencia y discreción".

No hay reuniones formales a la vista con el bloque del no al Estatuto, pero desde el Gobierno que preside Manuel Chaves se han hecho llegar a dirigentes tanto del PP y del PA el mensaje de que está dispuesto a acercar posiciones.

Miembros del Gobierno se han entrevistado con personas de la dirección andalucista, sin que por el momento se haya producido una respuesta. Las fuentes consultadas achacan este silencio a que la prioridad en el PA gira en dar una respuesta política a la implicación de varios de sus dirigentes en los casos de corrupción de Marbella.

También desde el Gobierno andaluz se han lanzado cables al PP a través de personas próximas al presidente regional, Javier Arenas, a las que se les ha traslado, para evitar falsas expectativas, que los socialistas mantendrán la alusión a la realidad nacional en el preámbulo del Estatuto, no incluirán el término nación y no admitirán rebajas al autogobierno, aunque están abiertos a introducir "ajustes" para que el texto sea plenamente constitucional.

Desde la dirección del PSOE estos contactos exploratorios se acogen con mucho escepticismo. La idea mayoritaria es que si hay avances se producirán una vez que se inicie la discusión en la ponencia del Congreso, a partir del mes de septiembre, y que deben ser el PP y el PA los que evalúen el coste de rechazar el proyecto ya que con o sin sus votos la reforma saldrá adelante.

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Antes del inicio de las vacaciones, los socialistas quieren dejar más o menos listo el contenido de las enmiendas que presentará el PSOE en el Congreso.

Hoy está prevista en Madrid una nueva reunión entre miembros de la dirección federal y del grupo parlamentario socialista con una delegación andaluza integrada por el secretario de Organización, Luis Pizarro, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia. En esta reunión se trata de acercar posiciones, después de la cita que celebraron el pasado 22 de junio en la que se abordó sobre todo la reclamación de la competencia exclusiva de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, en la que Estado tendrá la última palabra.

Las cintas

Ambas partes dejaron claro entonces las líneas rojas que cada una no está dispuesto a pasar. En cualquier caso, el clima de las negociaciones se encuentran en las antípodas de las tensiones del Estatuto catalán.

Por otro lado, Manuel Gracia apoyó ayer que se hagan públicas las cintas de grabación de las sesiones de la ponencia del Estatuto andaluz, pero dejó claro que la decisión final la debe adoptar la Mesa del Parlamento. "Propusimos que se grabaran las sesiones y siempre he defendido que sean de acceso a los medios de comunicación", indicó Gracia a Europa Press.

El portavoz socialista añadió que las grabaciones no son algo "privativo de los ponentes", sino que corresponde a la Mesa tomar la decisión respecto a si se hacen o no públicas, "cómo, cuándo y bajo qué condiciones".

Concha Gutiérrez del Castillo, Enrique Cervera y María Jesús Montero, ayer tras el Consejo de Gobieno.
Concha Gutiérrez del Castillo, Enrique Cervera y María Jesús Montero, ayer tras el Consejo de Gobieno.EFE

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