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COLUMNA

Al final de ETA

Estamos en el final de ETA y esa realidad deberíamos entenderla como resultado, según propugnaba el profesor Tierno Galván. La realidad de la extinción de ETA, como producto resultante de una serie de factores ambientales e intestinos. Porque nada es igual en materia de terrorismo después del 11-S ni del 11-M. Las anteriores facilidades para la adquisición de armas y explosivos, para el acceso a campos de entrenamiento, para la obtención del estatus de refugiado político, para sustraerse a la acción de la policía y de la justicia fijando la residencia en Estados santuarios, para recorrer el mundo como admirados luchadores por la libertad -de la que se habrían visto privados desde el general Franco en adelante-, se han trocado en inconvenientes. Ahora, organizaciones concomitantes con ETA y sus componentes figuran en las listas que compendian el terrorismo internacional y han pasado a merecer la persecución.

Las organizaciones terroristas en suelo europeo han entrado en fase de desaparición en Irlanda y en los restantes miembros de la UE, mientras que en otros como Argelia o Libia, donde en su día se brindaban facilidades a los etarras, ahora se cuidan en extremo de hacerlo. En paralelo, se ha ido produciendo -alegrémonos de reconocerlo- un cierto progreso moral, que se ha expandido por ósmosis a las distintas capas de la población y que ha coloreado las áreas geográficas concéntricas, en orden cronológico inverso a su distancia respecto al País Vasco. Ha ido creciendo cada día la tolerancia cero hacia el asesinato como procedimiento utilizable para la promoción de objetivos políticos, sociales, sindicales, empresariales, religiosos o de cualquier otro signo.

Hace años, cuando desde el malecón de La Habana cualquier elemento a flote era utilizado para abandonar la isla aherrojada bajo el régimen dictatorial de Fidel Castro, el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, queriendo eliminar cualquier sombra de connivencia con los terroristas de ETA, evocó aquel éxodo angustioso y en una concentración partidaria utilizó una analogía contundente para identificar su propio porvenir al decir que si ellos [los terroristas etarras] ganaran, nosotros [entiéndase, los del PNV] seríamos balseros. Aceptemos que el progreso moral que mencionamos está lejos de haber sido lineal y que ha presentado quiebras la colaboración para impedir el crimen o para descubrirlo. Pero recordemos la reprobación indignada que levantaron algunos asesinatos, como el de Francisco Tomás y Valiente o el de Fernando Buesa, o el de Miguel Ángel Blanco.

El 16 de abril, cuando la celebración del Aberri Eguna en la campa correspondiente, que por supuesto era alavesa, el lehendakari Ibarretxe hizo también un pronóstico certero sobre la desaparición del terrorismo, ofreciendo como garantía que los vascos en modo alguno consentirían la vuelta a la violencia. Son dos ejemplos extraídos del mundo político nacionalista pero podrían encontrarse otros muchos, tanto en las demás fuerzas políticas como en los medios de comunicación, cuya trayectoria ha virado desde la proximidad con los terroristas, mantenida incluso tras la muerte de Franco, las elecciones generales del 77 y la aprobación de la Constitución del 78, hasta el antagonismo absoluto de los últimos tiempos.

ETA se termina porque la democracia constitucional ha vencido, porque ha sabido depurar los excesos cuando incurrió en ellos y atenerse a la aplicación del Estado de derecho en toda su integridad. Porque, como nos había explicado Walter Laqueur, los terroristas no alcanzan su propósito cuando se enfrentan a las democracias pero en el camino pueden acarrear la degradación del sistema al que combaten. Acaba de recordarlo Charles Swift, el abogado militar que ha obligado a Bush a aplicar a los recluidos en Guantánamo la Convención de Ginebra. Swift señala que "si nuestros adversarios nos obligan a no seguir las reglas, perdemos lo que somos". Ahora la tarea pendiente es la de desmovilizar los efectivos residuales de la banda y la de atender a las clases pasivas resultantes. Pero ¿serían viables sin el respaldo del PP? ¿Sobre quién cargaría el PP la responsabilidad, si se saldaran con un fracaso? ¿Alguien duda de que invalidarían los acuerdos, si llegaran a alcanzarse?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de julio de 2006