Entrevista:CÁNDIDA MARTÍNEZ | Consejera de Educación

"Con esta ley se valorará más al profesor"

El Consejo de Gobierno inició esta semana la tramitación del anteproyecto de la Ley de Educación de Andalucía. La consejera del ramo, Cándida Martínez (Vélez-Blanco, Almería; 1951), está convencida de que la norma contribuirá a rebajar el fracaso escolar servirá para afianzar las fortalezas del sistema educativo andaluz y eliminar sus déficits.

Pregunta. ¿Cuál es el objetivo básico de esta ley?

Respuesta. Mejorar el rendimiento escolar, que haya muchos más jóvenes titulados en Formación Profesional, Bachillerato y enseñanzas artísticas, que los centros tengan un funcionamiento más eficaz, que los saberes que se imparten estén acorde con la sociedad del siglo XXI y hacer de la evaluación una cultura que nos permita conocer dónde están nuestros déficits para corregirlos y donde están nuestras fortalezas para afianzarlas.

"Está garantizado el derecho a elegir centro. El único límite es que no haya plazas"
"No tenemos por qué saber si hay fraude o no en las matriculaciones"

P. ¿Cuáles son esos déficit y esas fortalezas?

R. Nuestro sistema es muy sólido y, además, hemos hecho una apuesta por la innovación, como la incorporación de las tecnologías de la información, los centros bilingües, el plan de apertura, o los nuevos derechos, como la Infantil gratuita o la gratuidad de libros de textos. Hay cuestiones pendientes, como mejorar el rendimiento escolar, sobre todo en algunas materias donde hemos detectado déficits: Matemáticas, Lengua española y Legua extranjera.

P. ¿Cómo se puede combatir el fracaso escolar?

R. Hay numerosas medidas en la ley. Por ejemplo, refuerzo por la tarde para el que lo necesite, adaptar el currículo a las condiciones específicas del alumnado a partir de 3º de Secundaria, disminuir la ratio en aulas o centros que lo necesiten, bien sea por las características de la materia o por las características sociales del alumnado.

P. Se prevén clases de apoyo, muchos refuerzos. Algunos docentes se han quejado de que se va a fomentar que los alumnos se esfuercen menos.

R. Cuando hablamos de refuerzo hablamos de más esfuerzo. Entender que tener más horas de clase es quitar esfuerzo, es una ecuación extraña.

P. ¿Se les exige lo mismo ahora que hace 10 años?

R. La exigencia es distinta. No se puede comparar la sociedad de hoy con la de hace 20 años. La de hoy es mucho más culta y con una exigencia de conocimientos diferentes.

P. La ley habla de dar más autonomía a los centros. ¿Qué margen de maniobra tendrán?

R. En primer lugar, autonomía pedagógica. La sociedad es muy plural y es necesario que el centro tenga autonomía para, conociendo su situación, arbitrar las medidas necesarias para el éxito escolar. También tienen que tener más autonomía para gestionar y reordenar el centro, unido a un refuerzo de los equipos directivos, con nuevas y más competencias.

P. Se potencian las Matemáticas, la Lengua española y la lengua extranjera, pero ¿pierden valor el resto?

R. Ponemos el acento en esas materias porque hemos detectado dificultades y son materias instrumentales, hay que conocerlas bien para desenvolverse en las demás y en la sociedad actual. Pero el resto no pierde importancia porque arbitramos horarios especiales. De todos modos, la ley recoge las competencias básicas que el alumnado debe de adquirir en la enseñanza obligatoria. Desde competencias lingüísticas a digitales, cívicas, emprendedoras o de patrimonio.

P. Uno de los objetivos es hacer más atractiva la profesión docente, ¿cómo?

R. Es un objetivo prioritario. Hay medidas orientadas a valorar más al profesorado y a promocionarlo. La reducción horaria a los mayores de 55 años, estancias en el extranjero, la posibilidad de que los que se han jubilado vuelvan al sistema para, por ejemplo, tutelar la formación del profesorado novel. Pero también reconocimiento social y económico a las buenas prácticas docentes. P. Se habla del "aprendizaje permanente" del profesor, ¿dependerá de la voluntad de cada uno o habrá una mínima puesta al día obligatoria?

R. En la ley se dice que el profesorado tiene derecho a recibir esa formación permanente y la administración tiene muchas vías para ofrecérsela. Formación en la Universidad, en el extranjero, en empresas punteras. Las posibilidades son amplias, pero depende de la voluntad del profesor y de cómo quiera él orientar su formación

P. Según la encuesta del Consejo Escolar andaluz sobre convivencia, el 40% de los alumnos ve habitual que los compañeros "animen" a un agresor. ¿Le preocupa?

R. En educación, ni todo es blanco ni todo es negro. Esa encuesta pone de relieve los déficits, pero también la satisfacción de gran cantidad de centros en este terreno. Pero más allá de la encuesta, mejorar la convivencia es una meta de esta ley, pero también un medio necesario para el buen funcionamiento de los centros.

P. ¿Se ha deteriorado la convivencia en los últimos años?

R. Cuando tengamos muchas encuestas que nos vayan dando porcentajes podremos decirlo. Hasta ahora no ha habido una preocupación en hacer las cuentas sobre este tema, pero a partir de ahora tendremos los datos.

P. De la encuesta se deducía que el 18% de los centros concentra el 90% de las conductas graves. ¿Hay algún plan especial para ellos?

R. Esta ley recoge el compromiso de convivencia establecido entre los centros y los padres o que los centros están obligados a hacer sus planes de convivencia. Nosotros trazamos las líneas generales, pero cada centro tiene que establecer esos planes.

P. El PP ha tachado el texto de sectario y critica que se olviden valores "como el orden, la el esfuerzo y el respeto al profesor".

R. Si dice eso, no se ha leído la ley. Si van a los principios que animan la ley, verán recogido específicamente el esfuerzo personal. En el artículo siete, verán que el primer deber del alumno es el estudio y el respeto a la autoridad del profesor.

P. ¿Eso implica una actuación más contundente contra el alumno que, por ejemplo, falte al respeto a un profesor?

R. En educación nos gusta más hablar de incentivar y mejorar al alumnado que de castigarlo. No quiere decir que no tenga que haber medidas correctivas, que existen ya. Pero la autoridad implica más cosas. Reconocimiento, admiración, respeto. Y hay muchas medidas orientadas a que el alumnado sepa que su deber es respetar lo que significa el conocimiento y la figura del maestro.

P. Se han vuelto a detectar fraudes en la matriculación en centros concertados, ¿cómo va a actuar la Junta?

R. Se han puesto medidas.

P. ¿Se está vigilando este asunto en las ocho provincias?

R. No, allí donde hay los padres lo han planteado. Nosotros no tenemos por qué saber si hay fraude o no. Entendemos que el ciudadano va a actuar siempre conforme a la ley. Pero allí donde hay una reclamación, la administración ha intervenido y se han puesto los medios para detectarlo.

P. En el caso de Sevilla, por ejemplo, ¿se van a cambiar las listas de admitidos en esos centros?

R. Desde luego no vamos a admitir ninguna irregularidad y para eso se han puesto las medidas. La plaza va a ser para quien le corresponda.

P. ¿Hasta dónde llega el derecho de un padre a elegir el centro de su hijo?

R. El derecho de elección de centro y la libertad de enseñanza está muy garantizada en esta ley. El único límite es que no haya plazas en el centro. Si no hay plazas, la administración tiene el deber de crearlas, pero no es el caso en Andalucía. Hoy hay plazas para todos los niños y, en muchos casos, en centros concertados para los padres que los prefieran.

Cándida Martínez.
Cándida Martínez.M. ZARZA

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 15 de julio de 2006.

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