La gestora de Marbella ha paralizado 84 obras y multa con 14 millones a Hipercor

La comisión gestora de Marbella ha impuesto una sanción de 14,6 millones a la sociedad mercantil Hipercor S. A. por ejecutar unas obras de ampliación en el centro comercial Costa Marbella sin contar con la licencia de obras necesaria. "Esperemos que cunda el ejemplo que las grandes empresas deben dar al resto para acabar con la sensación de impunidad de Marbella", afirmó ayer el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte. Hasta ahora, para restablecer la legalidad urbanística la gestora ha ordenado 84 órdenes de paralización de obras que afectan a unas 1.300 viviendas.

La sanción contra Hipercor corresponde al 100% del presupuesto de las obras realizadas y representa la mayor suma impuesta contra la ilegalidad urbanística desde que la comisión gestora comenzó a ordenar el espinoso desarrollo de Marbella, hace casi tres meses.

La compañía manifestó en un comunicado que contra el expediente sancionador "se presentaron, en tiempo y forma, las oportunas alegaciones que se refieren a las razones legales que asisten a Hipercor S. A., sin que hasta el momento se haya tenido constancia de resolución alguna de las mismas". El vocal de Urbanismo reiteró que ningún técnico de su delegación ha tenido constancia de que la compañía haya presentado alegaciones durante el plazo preceptivo, y ahora la empresa dispone de un mes para alegar contra la sanción por vía administrativa y 60 días para recurrir por la vía judicial. La ampliación del centro comercial de Puerto Banús se inauguró el año pasado.

El expediente abierto por el equipo de disciplina urbanística de la gestora explica que "el edificio comercial original ya agotaba la edificabilidad máxima permitida para el uso comercial". A pesar de ello, Hipercor propuso en 2003 una ampliación del centro comercial, y el equipo de gobierno de la ex alcaldesa Marisol Yagüe condicionó la licencia de obras al proyecto de ejecución, que no fue presentado por la empresa. Posteriormente y tras un acta de inspección, los técnicos municipales verificaron el inicio de las obras, y un decreto de alcaldía acordó en abril de 2005 incoar los expedientes de paralización, e incluso la alcaldesa decretó el precinto de las reformas, que como tantos otros, fue ignorado por la Policía Local marbellí.

El pasado 7 de junio la gestora desempolvó el expediente abierto en su día por la corporación gilista. "Estas obras toleradas sin licencia son muy significativas, y como están acabadas hemos optado por otras vías de impugnación", apuntó Duarte, quien aclaró que los trámites iniciados incluyen la apertura de un "expediente de restablecimiento de la legalidad" que podría culminar en la demolición de la superficie edificada en la ampliación. El expediente firmado por el Departamento de Inspección de la gestora concluye que "la ampliación de 4.745 metros cuadrados llevada a cabo sin licencia incumple la normativa de aplicación y no es legalizable", además de señalar que las obras cuentan con un exceso de edificabilidad total de 24.396 metros cuadrados.

Pero los problemas en Marbella para el grupo El Corte Inglés no acaban ahí. La gestora ha abierto un expediente de "restauración de la legalidad" al centro de El Corte Inglés en la urbanización El Capricho porque una parte de las obras se realizó sin licencia de obras. Los técnicos de Urbanismo dictaminarán en las próximas semanas si la reforma en dicho centro es legalizable.

La marea de precintos emprendida por la gestora para regularizar el caos urbanístico imperante durante 15 años suma ya 84 órdenes de paralización de obras en 75 días. Estas paralizaciones han afectado a más de 1.300 viviendas desde que el Hotel Senator fue precintado el pasado 2 de mayo. En un tiempo récord, la gestora ha efectuado nada menos que 700 actas de inspección y ha dictado 140 resoluciones administrativas.

Entre las obras precintadas hay actuaciones de promotores imputados en la Operación Malaya como José Ávila Rojas, dueño de la promotora Haviland y otra de Emilio Rodríguez Bugallo, dueño de Construcciones Salamanca.

Las construcciones afectadas no han sido sólo viviendas. También han sido clausurados temporalmente dos hoteles, una gasolinera, cuatro locales comerciales y tres naves industriales, así como varios movimientos de tierra y ejecuciones de infraestructuras ilegales.