Penín se desdice ante el juez y exculpa a Felip Puig de las irregularidades en el 'caso Adigsa'

José María Penín, imputado en el supuesto pago de comisiones durante la época de CiU en las obras de rehabilitación de la empresa pública Adigsa, negó ayer ante el juez cualquier participación o responsabilidad en los hechos del entonces consejero de Obras Públicas, Felip Puig, de quien es pariente lejano. Esta declaración contradice la que en su día prestó Penín en la fiscalía, en la que admitió que tanto Puig como Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, estaban al corriente de lo que ocurría en la empresa pública.

La comparecencia de Penín cierra las declaraciones de los ocho imputados contra los que se querelló la fiscalía a raíz de la investigación abierta cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó ante el líder nacionalista Artur Mas que en la época de CiU se pagaban comisiones del 3%.

Penín estaba citado para el 11 de mayo, pero no acudió. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ordenó entonces a los Mossos d'Esquadra que lo buscasen, pero no lo encontraron, y el juez acordó la detención. Cuando Penín se enteró por la prensa, fue al juzgado para anunciar que estaba localizable y ayer declaró como imputado durante casi dos horas.

Meses atrás, el 11 de octubre de 2005, Penín ya declaró en la fiscalía y, a preguntas de su abogado, explicó que en la empresa Adigsa se adjudicaban las obras de rehabilitación de viviendas antes de iniciarse el expediente administrativo. En aquella declaración escrita consta que Penín también afirmó: "Esto era de dominio público en la empresa. En Convergència creo por referencias que podían saberlo Felip Puig y Oriol Pujol Ferrusola, pero eso son comentarios". Y añadió: "Creo que muchos pisos que rehabilitan venían de una inmobiliaria del señor Pujol Ferrusola, sobre todo en la zona de Girona y la localidad de Salt", aunque afirmó que no recordaba el nombre de esa inmobiliaria.

Penín empezó a trabajar para la Generalitat como funcionario interino en el Departamento de Bienestar Social, del que dependía entonces Adigsa, entre 1989 y 2000. Entre 1998 y 2000 fue también chófer del entonces dirigente de CDC Pere Esteve, ya fallecido.

En el año 2002, y después de haber realizado dos o tres obras para Adigsa a cargo de su empresa particular, Promociones Aro Blanc, Penín trabajó para la empresa pública durante seis meses realizando evaluaciones de viviendas y buscando inmuebles para que Adigsa los rehabilitara y los ofreciera en alquiler. "Lo que sabía es que el 31 de diciembre tenía que tener 100 pisos", declaró Penín en la fiscalía. Sus estudios se limitan al primer curso de FP y no tenía ninguna formación para ese trabajo. A cambio, cobraba 3.000 o 4.000 euros al mes, facturaba como autónomo, pero no tributó como tal a Hacienda, según reconoció él mismo en la fiscalía.

La querella presentada en su día incluía un informe policial en el que se asegura que el entonces presidente de Adigsa, Ferran Falcó, así como el consejero delegado, Josep Antoni Fondevila, ambos también imputados, conocían "el parentesco [de Penín] con el consejero, su militancia política y la falta de cualificación académica para desarrollar esas tareas". Penín declaró ayer al juez que Puig también fue totalmente ajeno a su relación laboral con Adigsa y que la idea de ir a pedir trabajo en la empresa partió de él. Un portavoz de CDC insistió ayer en que Puig y Penín no tienen ninguna relación familiar, ni siquiera lejana.

Durante su comparecencia, Penín sólo contestó a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado. En síntesis, Penín admitió "irregularidades" en la tramitación de los expedientes de las obras de rehabilitación de las viviendas de Adigsa y culpó de las irregularidades en esta empresa a Antonio Jiménez, un técnico ya fallecido.

Márgenes y comisiones

En otro momento de su declaración Penín también negó con rotundidad que se encargara de cobrar comisiones, tal como declaró en la fiscalía, aunque en aquella ocasión fue más ambiguo. Entonces se le preguntó si "el importe de los presupuestos" de las obras de rehabilitación "daba para pagar comisiones" y respondió: "Creo que no. El margen de beneficio sería del 7% o el 9%".

En este caso está imputado, entre otros, el pequeño empresario de la construcción José Antonio Salguero, quien en su día declaró que las comisiones en las obras de Adigsa llegaron a ser del 20%. Salguero realizó esta confesión porque se le adeudaban unas obras y ayer Penín declaró que él realizó gestiones para que se le pagaran. "Salguero hizo obras antieconómicas a cambio de que se le prometieran otras adjudicaciones", explicó cuando acudió a la fiscalía.

Penín explicó también al juez que pretendía "hacer méritos" para que le volviesen a contratar, aunque nada de eso ocurrió, a causa de los comentarios que había sobre su persona "y de la labor que había realizado", dijo ante el fiscal.