El PSOE admite las irregularidades en Cultura pero retrasa la comparecencia de la consejera

Al PSOE "le llama poderosamente la atención las irregularidades" recogidas en el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura del ejercicio de 2004, pero cree que "no hay razones de urgencia" para que la consejera Rosa Torres comparezca ahora en el Parlamento. Así lo expresó ayer el portavoz socialista, Manuel Gracia, en la reunión de la Diputación Permanente, en la que los socialistas también se opusieron a a la comparecencia de la titular de Obras Públicas sobre el Reglamento de las VPO.

Como suele ser habitual, la convocatoria de la Diputación Permanente -el órgano que sustituye a la Junta de Portavoces en vacaciones parlamentarias- fue aprovechada por los grupos para reproducir una especie de mini pleno.

Sobre la mesa había dos peticiones de toda la oposición (PP, IU y PA) para pedir las comparecencias urgentes de las consejeras de Cultura y de Obras Públicas, a las que se opuso el PSOE por diferentes motivos.

La petición sobre la de Cultura se produce después de que la Cámara de Cuentas hiciera público un informe en el que detecta "numerosas deficiencias" en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales como pagos duplicados y sin facturas o mala contabilización de subvenciones.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, argumentó la negativa a que Rosa Torres comparezca en que "no hay motivos de urgencia" y a que antes de que dé explicaciones en el Parlamento, el informe debe estudiarse en comisión a partir del mes de septiembre. Dicho esto, Gracia reconoció que "llama poderosamente la atención" las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador y aseguró que "nada va a impedir ni la transparencia ni la asunción de responsabilidades que correspondan".

La popular Esperanza Oña, que debutó como portavoz, consideró que "urge dar explicaciones" ante un informe en el que se detecta no sólo irregularidades, sino hasta cinco "ilegalidades". A su juicio, retrasar la convocatoria supone aplicar a los políticos una vara de medir distinta de la que se aplicaría a un trabajador que hubiera incurrido en una situación similar. Para Oña, la negativa a la comparecencia "es incompatible con la defensa del Gobierno andaluz de una gestión transparente y regida a la norma".

La portavoz de IU, Concha Caballero, muy prolija en su exposición, también opinó que el informe de la Cámara de Cuentas "detalla no sólo errores sino también ilegalidades". Hasta 21 irregularidades contabilizó la diputada, quien mostró su asombro por el hecho de que las funciones de control financiero recayeran en "un trabajador que en ese momento completaba su formación como becario en la empresa", como afirma el informe. "Es necesario dar explicaciones, mayor aclaración de la Cámara de Cuentas y una posible comisión de investigación", dijo.

La andalucista Pilar González destacó que las irregularidades detectadas eran de tal calibre que era necesaria la comparecencia ya.

La otra petición de la oposición se basó en el reciente dictamen del Consejo Consultivo sobre el borrador del decreto del Reglamento de Viviendas Protegidas de la comunidad. En el mismo se emplaza a la Consejería de Obras Públicas a "respetar" en su redacción definitiva los "derechos adquiridos" por los propietarios de las viviendas en relación con el plazo de venta o cesión y con las condiciones de desclasificación.

Salida política

Gracia se opuso a que Concha Gutiérrez del Castillo dé explicaciones en el Parlamento "por una cuestión de principios, no de oportunidad". El portavoz socialista argumentó que el Reglamento no está aprobado por el Gobierno y que la comparecencia urgente era tanto como volver a la teoría de "gobernar desde el Parlamento" que tanta fortuna hizo en la etapa de la pinza (legislatura 1994-1996).

Pese a que la oposición ve en el dictamen del Consejo Consultivo un varapalo a las posiciones de la consejería, lo cierto es que el órgano que preside el constitucionalista y ex letrado mayor del Parlamento Juan Cano Bueso ha abierto la puerta a una salida política al Ejecutivo andaluz ante las continuas protestas de los propietarios de viviendas protegidas.

El Gobierno no estaba obligado a pedir el informe y la recomendación que los juristas dan para que el periodo mínimo establecido para poder vender no se extienda más allá del régimen con el que se adquirió la vivienda, ofrece una solución a los propietarios y saca del embrollo a la Junta. "El Gobierno debe prestar oídos al informe", dijo Gracia.