Despedido antes de trabajar

Un empresario de la construcción ha sido condenado a un total de tres años de cárcel por obligar a sus empleados a firmar en blanco su despido y el finiquito antes de formalizar el contrato. En dos casos en los que encargados de obras se negaron, el empresario falsificó su firma y acudió a un tribunal para defender que los había despedido legalmente. La Audiencia Provincial le ha condenado a un año y nueve meses de cárcel por falsedad en documento privado y estafa procesal, y a un año y tres meses por un delito contra los derechos de los trabajadores.

"Es una de las sentencias más contundentes de los últimos años contra empresarios que abusan de sus empleados y en las que la juez mejor ha defendido la legalidad vigente contraria a estas prácticas", afirmó Enrique Lillo, el abogado de CC OO que ha llevado el caso.

Antonio Garde, de la federación de construcción del sindicato CC OO, hizo ayer un llamamiento "a todos los trabajadores que sufren presiones ilegales como éstas para que denuncien la precarización a la que están siendo sometidos por empresarios sin escrúpulos".

"En este caso, el empresario se dedicaba a las subcontratas, donde hemos denunciado cientos de veces que se están creando grandes bolsas de precarización y explotación laboral", añadió.

La sentencia considera probado que Carmelo López Sánchez obligó a dos empleados de sendas empresas en las que él constaba como representante legal -Logasan SL y Torre Losan SL- a firmar en blanco varios documentos (la carta de aviso de despido, el recibo del finiquito...). "Firmaron impresos que estaban sin rellenar", recoge el fallo.

"Era una práctica habitual en las empresas de este señor", explicó ayer Garde. "Si querías trabajar con él, lo tenías que firmar todo en blanco. Y si te negabas, le daba igual, porque entonces cogía los documentos y falsificaba en ellos las firmas de los trabajadores".

Esta exigencia afectaba a los peones y albañiles, pero también a los encargados de obras. Las prácticas ilegales del empresario quedaron de manifiesto en 1999, cuando un tribunal de lo social estudiaba el despido improcedente de cuatro empleados de López Sánchez.

El empresario aportó, para defender que había actuado legalmente, las cartas de despido y el recibo de finiquito de los cuatro empleados firmados por ellos. Aseguró que había cumplido todos los plazos legales y que los trabajadores habían cobrado el dinero de la liquidación del contrato.

Los trabajadores mostraron su sorpresa e indignación. "Dos de ellos ni tan siquiera los habían firmado y los otros dos admitieron que habían suscrito impresos en blanco por coacción, pero que nunca habían visto los documentos cumplimentados ni tampoco habían cobrado el finiquito", explica Garde.

El juez de lo social, sospechando la existencia de delito en la actuación del empresario, suspendió el proceso y concedió a los trabajadores ocho días de plazo para interponer una querella criminal, sobre la que ahora ha sentenciado la Audiencia Provincial.

La juez ponente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, la magistrada Blanca María Rodríguez Velasco, considera probado que "abusando de la situación de necesidad de quienes le demandaban trabajo, el acusado les exigía firmar el documento de preaviso de despido y el finiquito, sin constar en ellos los datos sustanciales, como condición indispensable para contratarles", relata la sentencia.

La juez llega a esta conclusión tras escuchar el testimonio de una administrativa de la empresa, que corroboró la versión de los trabajadores.

La juez también considera acreditado, tras conocer el informe de la policía científica, que "el acusado intentó engañar al tribunal laboral con la presentación de documentos falsificados".

Por todo ello, el empresario ha sido condenado a "un año y nueve meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal, en concurso con abuso de firma en blanco", pena que se ve incrementada por 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (5.472 euros en total).

A esta pena, la juez suma otra de "un año y tres meses como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores", por obligarles a firmar en blanco sus despidos.

Además, tres de los cuatro trabajadores recibirán una indemnización de 9.000 euros, mientras un cuarto no lo hará porque "se jubilaba y manifestó su deseo de no seguir adelante con el proceso por vía penal porque dijo que no quería líos", lamentan fuentes del sindicato CC OO.